“The weakest and most beautiful factors of nature”. Women, work and university through the doctoral theses
of the FCE-UBA (1916-1947)
DOI: http://doi.org/10.33255/25914669/7224
Samantha Vaccari https://orcid.org/0009-0006-7735-6293 Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Buenos Aires samvaccari@gmail.com
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
A principios de los setenta empezaron a coincidir dos agendas de in- vestigación que, hasta entonces, parecían independientes. Por un lado, los estudios sociales de la ciencia que analizaban de forma crítica la relación entre ciencia y sociedad y, por otro, los estudios de género que rechazaban la mirada tradicional en torno a las relaciones de género. Con relación a la historia de la ciencia económica, una preocupación inicial de las economistas feministas se relacionaba con la ausencia e invisibilización de las mujeres en la disciplina. El presente trabajo busca indagar acerca de la participación de mujeres en la producción de conocimiento económico y como objeto de estudio en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en la primera
mitad del siglo XX. Para ello, se utilizarán las tesis doctorales de la facultad.
In the early seventies, two research agendas that, until then, seemed independent, began to coincide. On the one hand, social studies of science that critically analyzed the relationship between science and society and, on the other hand, gender studies that rejected the tra- ditional view of gender relations. In relation to the history of econo- mic science, an initial concern of feminist economists was related to the absence and invisibilization of women in the discipline. This paper seeks to investigate the participation of women in the production of economic knowledge and as an object of study in the Faculty of Eco- nomic Sciences of the University of Buenos Aires in the first half of the twentieth century. For this purpose, the doctoral theses of the faculty will be used.
Hacia finales de los años sesenta y principios de los setenta empezaron a coincidir dos agendas de investigación que, hasta entonces, parecían independientes. Por un lado, los estudios sociales de la ciencia que analizaban de forma crítica la relación entre ciencia y sociedad, así como los factores que influyen en la selección de teorías científicas, y, por otro, los estudios de género que rechazaban la mirada tradicional en torno a las relaciones de género1 (Fox Keller, 1991; Kuiper, 2022). Los desarrollos de ambas investigaciones comenzaron a permear, progresivamente, en distintos campos, incluso en las Ciencias Económicas, donde la ausencia de mujeres resultaba notable ya fuera como profesionales2 o como objetos de estudio. Desde finales de los años 1970, mujeres economistas y, además, feministas, cuestionaron el androcentrismo característico de la disciplina, su metodología y teorías en Estados Unidos. Algunas de ellas, a partir de 1990, fundaron el subcampo de la economía feminista que se organizó institucionalmente mediante la Asociación Internacional de Economía Feminista (IAFFE) y su revista académica (Feminist Economics). Con relación a la historia de la ciencia económica, una preocupación inicial de las economistas feministas partía del siguiente interrogante: ¿dónde están las mujeres? Esta pregunta, lejos de formularse a partir de una mirada esencialista o azarosa, se vinculaba con la idea de que la exclusión femenina impactaba en el entendimiento del funcionamiento la economía y de la historia del pensamiento económico. Al respecto, la economista francesa Michèle Pujol afirmaba en la introducción a su obra Feminism and Anti-Feminism in Early Economic Thought que “las mujeres no ocupan un lugar destacado en los escritos de los economistas. A menudo no se mencionan en absoluto, o sólo en algún que otro ejemplo o nota a pie de página” (p.1). Su estudio, publicado en 1992, se distingue por ser pionero en estudiar la presencia femenina y las temáticas de género en los textos clásicos
de la economía.
En las últimas décadas los trabajos sobre la participación de las mujeres en el ámbito académico de la economía han crecido de manera constante, aportando valiosas investigaciones que permiten no solo visibilizar sus trayectorias y contribuciones, anteriormente ignoradas, sino, además, identificar las barreras y mecanismos que operan en la validación y divulgación de determinados saberes. En años recientes, Edith Kuiper en su libro A herstory of economics (2022) logró
Siguiendo a Enríquez Rodríguez (2001), el concepto género “refiere a una construcción histórica y social que asocia un conjunto de roles y valores con uno y otro sexo, implicando cierta jerarquía entre ellos, determinando lo que la sociedad considera “femenino” y “masculino”, y ubicando a lo femenino de manera subordinada a lo masculino” (p. 4).
Según Pozzio (2012) el término “profesión” ha sido y continúa siendo objeto de debate, donde las distintas definiciones propuestas se encuentran relacionados con los contextos nacionales en los que emergen.
narrar la historia del pensamiento económico desde la perspectiva de escritoras y mujeres economistas únicamente, convirtiéndose en la primera historiadora económica en adoptar este enfoque. A su vez, Giandomenica Becchio en A History of Feminist and Gender Economics (2019) exploró la relación entre «la cuestión de la mujer» y la economía política (s. XIX - primera mitad del s.XX), la relación entre feminismo y economía (1960-2000), así como la génesis de la economía feminista y lo que se denomina «economía y género” (gender economics), estudiando sus similitudes y diferencias3.
Los textos citados anteriormente presentan un rasgo en común al estar orientados al estudio de las trayectorias y aportes de mujeres en Estados Unidos y Europa, por lo que las experiencias de las mujeres economistas provenientes del Sur Global se encuentran, por lo general, ausentes. Recientemente, en Madden y Dimand (2019) se han incluido ensayos que toman en cuenta latitudes anteriormente poco exploradas tales como Asia y América Latina. Con relación a esta última se destacan los aportes de Rebeca Gómez Betancourt y Camila Orozco Espinel (2019) sobre las trayectorias de las autoras más prolíficas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) así como el trabajo de Andrés Guiot-Isaac y Orozco Espinel (2022) sobre el desarrollo profesional de un grupo de mujeres economistas en Colombia, entre 1950 y 1970.
El presente trabajo busca indagar acerca de la participación de mujeres en la producción de conocimiento económico y, a su vez, como objeto de estudio en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en la primera mitad del Siglo XX. Para ello, se utilizarán las tesis doctorales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), en particular, aquellas publicadas entre 1916 y 1947. Consideramos que el análisis de estos documentos resulta valioso ya que, como señala María Pozzio «casi todas las carreras universitarias construyen una identidad profesional generizada» (Pozzio, 2012, p. 115). La elección temporal abarca desde la primera promoción de graduados hasta el año 1947, finalizando el análisis en dicha fecha por dos motivos: en primer lugar, el gobierno peronista, electo en 1946, promovió bajo su primer mandato profundas transformaciones en las formas de representar el trabajo femenino, a la vez que amplió los derechos civiles de las mujeres, iniciando una nueva etapa para este grupo (Lobato, 2007). Por otra parte, a partir del año 1948 cobran relevancia los debates en torno a la necesidad de avanzar en el proceso de institucionalización de la carrera de economía, modificando la dinámica académica y profesional en la FCE-UBA.
Becchio (2019) sintetiza las diferencias entre ambas corrientes en el hecho de que la economía feminista rechaza los postulados de la escuela neoclásica mientras que quienes adoptan el marco “gender economics” los aceptan.
El artículo se estructura en torno a tres secciones: en la primera, presentamos las trayectorias de las primeras universitarias de la Universidad de Buenos Aires y el contexto en el cual desarrollaron sus carreras. En la segunda parte presentamos “la cuestión de la mujer” en las primeras décadas del siglo XX y su relación con el primer feminismo. A continuación, nos enfocamos en la búsqueda de las primeras Doctoras en Ciencias Económicas y el papel que desempeñaron las mujeres, como objeto de estudio, en las tesis de doctorado. Por último, damos paso a las conclusiones.
Aunque la Universidad de Buenos Aires se fundó en 1821, por iniciativa del gobierno de Buenos Aires4, debieron transcurrir 64 años antes de que surgiera la primera graduada: Elida Passo recibió su diploma correspondiente a la carrera de Farmacia en el año 1885 y fue la primera egresada argentina (Gómez, 2019). Siguiendo a María Fernanda Lorenzo (2022), las primeras universitarias se formaron en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Filosofía y Letras. En el primer caso, se inclinaron por especializaciones relacionadas con el cuidado de mujeres y niños, mientras que, en el segundo, la orientación profesional mayoritaria se vinculó con la docencia. En este sentido, a pesar de que las pioneras universitarias lograron acceder a instancias de educación superior, sus trayectorias académicas y profesionales continuaron enlazadas con las tareas de cuidado, históricamente asignadas a las mujeres. Las ramas menos elegidas por ellas fueron ingeniería, arquitectura y, en general, aquellas profesiones asociadas a espacios trabajo considerados “peligrosos” tales como fábricas, talleres, obras, etc.
En Argentina no existieron normas legales que hayan impedido el acceso de mujeres a la universidad, sin embargo, las primeras egresadas encontraron numerosos obstáculos en sus inicios profesionales. Según María Angélica Corva y Rosario Gómez Molla (2021), a principios del siglo pasado, amplios sectores de la sociedad temían por los efectos de la educación universitaria “sobre el desempeño doméstico de las mujeres, rol que les era exclusivo y excluyente” (p.7). En aquel entonces, el Código Civil de 1869 presentaba una serie de artículos que limitaban los derechos de las mujeres en diversos aspectos. Las solteras o viudas no podían ser tutoras de sus hermanos, a excepción de la abuela que se mantuviera viuda (art. 390) y se les prohibía ser testigo de los instrumentos públicos (art. 990) y/o
Unzué (2012) explica que, en 1821 el Estado de Buenos Aires se encontraba escindido de lo que posteriormente sería la Argentina, por lo que termina siendo “una decisión del gobierno provincial a cargo de Martín Rodríguez, y de su secretario de gobierno Ber- nardino Rivadavia, el fundar la nueva casa de estudios” (p.74). Años más tarde, en 1881 se nacionalizaría la Universidad de Buenos Aires.
testamentos (art. 3.705). En el caso de la mujer casada, su representante era su marido (art. 57, inciso 4), no podían ser sujetos de contratos sin la autorización del esposo (por lo que no podían elegir trabajos o profesiones libremente) ni tampoco administrar bienes. De esta forma, aunque las mujeres podían obtener un título universitario, la libertad para ejercer su profesión aún no estaba garantizada. Inés Migliorini (1972) sospecha que las limitaciones establecidas en el Código Civil para este grupo se fundamentaban, más que en las diferencias biológicas mismas, en la necesidad de mantener la unidad de gobierno en el interior del hogar.
Las trayectorias de las primeras graduadas de la Universidad de Buenos Aires nos permiten observar las diversas restricciones que debieron enfrentar las mujeres a la hora de ejercer su profesión. Cecilia Grierson, la primera médica argentina, fue admitida bajo ciertas condiciones -particularmente, como alumna libre- por su falta de conocimientos en latín, materia que se enseñaba en el Colegio Nacional Buenos Aires donde el alumnado era solo masculino. No obstante, a pesar las barreras encontradas, en su tesis para optar al grado de doctor en Medicina y Cirugía, la joven finalizaba su introducción alentando a otras mujeres a introducirse en el ámbito académico:
“Las dificultades que he encontrado en mi carrera han sido menos de las que esperaba; solo palabras de gratitud tengo para mis maestros, mis condiscípulos y amigos; todo y cada uno, han tenido atenciones delicadezas que solo un hermano puede prodigar” (Grierson, 1889, p.10).
A diferencia de la Facultad de Medicina, los requisitos de admisión establecidos por la Facultad de Filosofía y Letras hicieron de esta institución un espacio crucial para la inserción de las mujeres a la vida universitaria. Dado que el único requerimiento formal consistió en ser egresada de una escuela normal5, las primeras cohortes tuvieron una gran representación femenina. En 1901, sobre un total de 9 graduados, 4 fueron mujeres: Elvira y Ernestina López, María Atilia Canetti y Ana Mauthe. La tesis de Elvira López, titulada El movimiento feminista. Primeros trazos del feminismo en Argentina fue la primera tesis sobre feminismo escrita en Argentina y en Latinoamérica. A la hora de defender su tesis, Verónica Gago, en el prólogo de la nueva edición, relata que López debió pasar por tres mesas de examen ya que fue desaprobada en la primera presentación. Frente a la difícil tarea de exponer sus ideas, ante la rigurosa mirada de un jurado compuesto de varones, la hipótesis de Gago es que emprendió una estrategia de “astucia táctica, con mesura argumentativa” (López, 2009, p. 9), es decir, una estrategia de
Los egresados de las escuelas normales, donde la presencia femenina era mayor, solo estaban habilitados para cursar los profe- sorados o estudiar las carreras en humanidades.
moderación en busca de un doble objetivo: autorizar su voz y despejar los miedos en torno a la radicalidad del feminismo, para tranquilidad de los evaluadores.
De acuerdo con Marcela Nari (2000a), las universitarias tuvieron un rol importante en los orígenes del feminismo en Argentina. Hacia finales del año 1900, Cecilia Grierson, en alianza con Alvina Van Praet de Sala - importante miembro de la Sociedad de Beneficencia- crearon el Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina (CNM), una organización que actuaba como coordinadora de numerosas asociaciones y grupos de mujeres6, una de ellas la Asociación de Mujeres Universitarias Argentinas (AMUA), fundada en 1902 gracias al impulso de aproximadamente 30 mujeres universitarias entre las que figuraban Cecilia Grierson, Elvira Rawson de Dellepiane, Ernestina y Elvira López, Sara Justo, Petrona Eyle y Ana Pintos (Nari, 2004).
Siguiendo a Alejandra Vassallo (2000) para las diferentes corrientes que formaron parte del Consejo debatieron, el término “feminismo” remitía a un “conjunto de ideas y de prácticas que podían servir a fines diversos según el contexto político y social del grupo que reclamara la identidad feminista para sí” (p. 182). Fue precisamente, esta ambigüedad la que posibilitó el surgimiento del Consejo, donde coincidieron “matronas” (asociadas a la élite local) y “educacionistas” (principalmente, universitarias). No obstante, también fue, en última instancia, lo que ocasionó su ruptura definitiva, en el marco de la organización de una conferencia por las fiestas del Centenario, dando lugar a dos Congresos paralelos en 1910: el Primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina organizado por AMUA y el Primer Congreso Patriótico de Mujeres patrocinado por CNM. A pesar de que ambas fracciones compartían una visión similar del feminismo, tras una década de activismo, los reclamos por parte de las universitarias respecto de la necesidad de generar cambios más profundos y la postura de las matronas, que evitaban desplegar acciones que pudieran comprometer su relación con el Estado, volvieron a la alianza insostenible.
A la hora de analizar el vínculo entre el primer feminismo y las pioneras universitarias, Nari (2004) sostiene que, «el feminismo constituyó una actitud personal y un compromiso social que emergió entre algunas mujeres que comenzaron a reconocer, rechazar y buscar explicaciones a sus desventajas sociales frente a los varones» (p. 229). El argumento principal es que dichas desventajas, aunque afectaban al conjunto de las mujeres en su totalidad, posiblemente fueran más notorias entre aquellas pertenecientes a la clase media y los sectores propietarios, donde de haber nacido varones hubieran tenido mayores oportunidades de ocupar lugares relevantes en el ámbito de la política,
La CNM, además, actuaba como organismo nacional de enlace con agrupaciones e instituciones del plano internacional.
los negocios, el arte, la ciencia, la cultura, etc.
En el caso de la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas, al tratarse de espacios asociados al poder político y la administración estatal, en sus orígenes tuvieron escasa participación femenina. Celia Tapias fue la segunda mujer egresada de Derecho en Argentina7 y la primera en dedicarse al derecho de forma profesional en la Ciudad de Buenos Aires. La antecedió María Angélica Barreda quien obtuvo su diploma en 1909, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Inicialmente, a Barreda le impidieron ejercer como abogada alegando capitis deminutio, es decir, incapacidad de derecho, amparándose en el artículo 990 del Código Civil que prohibía a las mujeres ser testigos de instrumentos públicos8 (Corva y Gómez Molla, 2021). La Suprema Corte, en un fallo controvertido finalmente autorizó a María Angélica a inscribirse y prestar juramento profesional, tras una serie de reclamos públicos y acciones legales emprendidas por la graduada. Principio del formulario
Barreda participó del Primer Congreso Internacional Femenino, y en su conferencia La mujer en el comercio propuso un conjunto de reformas al Código Comercial con el fin de ampliar la autonomía de las mujeres en el ejercicio del comercio.
Tapias estudió en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su título en 1910.
Se consideraban instrumentos públicos a las escrituras públicas o cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos, junto con las formas que determina el Código de comercio, actas judiciales, los billetes, libretas, y toda cédula emitida por los bancos autorizados.
Nombre | Carrera | Año | Tesis doctoral | Adhirió/participó del Primer Congreso Femenino |
Elida Passo | Farmacia | 1885 | - | Falleció en 1893 |
Cecilia Grierson | Medicina | 1889 | Histerio-ovarotomías ejecutadas en e Hospital de Mujeres, desde 1883 a 18 | Sí |
Elvira Rawson | Medicina | 1893 | Apuntes sobre higiene en la mujer | Sí |
Elvira López | Filosofía y Letras | 1901 | El movimiento feminista. Primeros traz del feminismo en Argentina | Sí |
Ernestina López | Filosofía y Letras | 1901 | ¿Existe una literatura americana? | Sí |
María Atilia Canetti | Filosofía y Letras | 1901 | Importancia y valor del juicio público so las obras artísticas | Sí |
Ana Mauthe | Filosofía y Letras | 1901 | Aristóteles | No se tiene constancia de adhesión/ participación |
Bárbara Mauthe d Ymaz | Medicina | 1902 | Estudio clínico de algunas neuralgias sintomáticas | No se tiene constancia de adhesión/ participación |
Julieta Lanteri | Medicina | 1907 | Contribución al estudio del deciduoma maligno | Sí |
Celia Tapias | Derecho | 1911 | Tutela dativa: garantías del pupilo en derecho romano y en la legislación civ argentina" | Sí |
Ángeles Delmon | Química | 1911 | Sobre la descomposición del fosfato tricálcico por el carbonato de sodio en solución acuosa | No se tiene constancia de adhesión/ participación |
Juana Dieckmann | Ciencias Naturales | 1912 | Contribución al estudio de las Solanáceas argentinas | No se tiene constancia de adhesión/ participación |
Axa Acevedo | Ciencias Naturales | 1912 | Contribución al estudio de las Labiada bonarenses | No se tiene constancia de adhesión/ participación |
Lía Acevedo | Ciencias Naturales | 1912 | Contribución al estudio de las Escrofulariáceas bonaerenses | No se tiene constancia de adhesión/ participación |
Alicia Moreau | Medicina | 1914 | La función endocrina del ovario | Sí |
Elisa Bachofen | Ingeniería civil | 1918 | Instalación de una fábrica de hilados tejidos utilizando algodón del Chaco | No se tiene constancia de adhesión/ participación |
Ángela Bernasconi | Ciencias Económicas | 1919 | Del régimen administrativo y económico los ferrocarriles argentinos | No se tiene constancia de adhesión/ participación |
Finlandia Pizzul | Arquitecta | 1927 | - | No se tiene constancia de adhesión/ participación |
Lía Encalada | Ingeniera Agrónoma | 1927 | - | No se tiene constancia de adhesión/ participación |
Amalia Pesce de Fagonde | Veterinaria | 1936 | - | No se tiene constancia de adhesión/ participación |
Fuente: elaboración propia en base a González (s.f) y Actas I Congreso Femenino Internacional de la República Argentina; 18, 19, 20, 21 y 23 de mayo de 1910. Imprenta A. Ceppi (1911).
Por su parte, en la Facultad de Ciencias Económicas la primera Doctora fue Ángela Bernasconi, en 19199. Su tema de tesis fue El régimen administrativo y
La tesis fue presentada en 1918 y, en las últimas páginas, se indica que la Comisión Examinadora a cargo de su evaluación revisó
económico de los ferrocarriles argentinos, un asunto sumamente relevante para la época de acuerdo con los intereses de expansión e integración comercial en el territorio nacional. En el Diccionario Biográfico de Mujeres Argentina, de Lily Sosa de Newton (1986), la entrada correspondiente a Bernasconi revela que, tras finalizar sus estudios de doctorado y viajar una temporada por Europa,
“[…] ingresó en la administración de los Ferrocarriles del Estado, que dejó en 1924, cuando el presidente Marcelo T. de Alvear le encomendó la organización de una escuela de comercio en Ramos Mejía. Luego fue rectora de la Escuela de Comercio N°4 de la Capital hasta 1952, fecha en que se retiró para consagrarse en su profesión. Colaboró en publicaciones especializadas y actuó en instituciones católicas. Falleció en Buenos Aires el 23 de julio de 1976” (p.76).
Algunas de las primeras universitarias intentaron, a su vez, ocupar cargos docentes en sus universidades de origen. El primer pedido de una mujer para acceder a la docencia en el nivel superior fue el de Cecilia Grierson en 1894, cuando se postuló a un concurso para dictar clases como profesora sustituta en la cátedra de Obstetricia. En respuesta, la facultad declaró el concurso desierto a pesar de que sus antecedentes eran acordes al cargo. En esta misma institución, Julieta Lanteri fue rechazada de la cátedra de Enfermedades Mentales por su condición de extranjera, aunque su formación académica había transcurrido en Argentina (Lorenzo, 2017). En la Facultad de Filosofía y Letras, Raquel Camaña intentó acceder a un cargo como profesora suplente de Ciencias de la Educación, siendo estudiante de primer año. En su escrito El prejuicio Sexual y el Profesorado en la Facultad de Filosofía y Letras, transcribió la contestación recibida: “en cuanto a su deseo de incorporarse al profesorado universitario, la Facultad, en la duda de si es posible abrir esa carrera, por ahora, al sexo femenino, ha aplazado el asunto” (Camaña, 1910, p.1).
En síntesis, las trayectorias profesionales de las pioneras universitarias se vieron condicionadas por: 1) las diferencias educativas en el nivel secundario que, al momento del ingreso a la universidad, funcionaban como una barrera de entrada para las mujeres; 2) las limitaciones impuestas por el Código Civil de 1869 que restringían el ejercicio de numerosas profesiones; 3) los mecanismos de exclusión que operaban en el ámbito académico, donde los cargos docentes se encontraban reservados para los varones. Frente a esta situación, muchas de ellas impulsaron agrupamientos u asociaciones, formaron parte de partidos políticos y, en general, participaron de diversos lugares desde los cuales promover el reclamo por la ampliación de los derechos civiles de las mujeres. Estos espacios no fueron ajenos
y aprobó el documento en 1919.
a conflictos internos y fueron mutando a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, como resultado de las transformaciones políticas y socioeconómicas que tuvieron lugar en el ámbito local e internacional.
A partir de 1860, los innumerables cambios producidos al calor del proceso de modernización iniciado en Argentina suscitaron una serie de debates que rápidamente se instalaron en la agenda pública en el marco de la “cuestión social”. Siguiendo a Suriano (2000), este concepto, utilizado también en otros países, engloba a la totalidad de las consecuencias sociales, laborales e ideológicas, producto del advenimiento del capitalismo, e incluye, para el caso local, la cuestión indígena, así como los problemas en torno al género femenino o “la cuestión de la mujer”. De acuerdo con Nari (2000b), la “cuestión de la mujer” formó parte de la “cuestión social” y se vinculó con el feminismo en tanto ambos remitían al “problema” de la mujer en la esfera pública.
Desde fines del siglo XIX cobraron relevancia los discursos sociales, considerados expertos, de médicos, legisladores, políticos, entre otros, que definieron “dos modelos normativos de identidades de género basados en una matriz binaria fundada en un determinismo biológico que jerarquizaba lo masculino sobre lo femenino” (Queirolo, 2008, p. 131). En uno, la femineidad fue determinada a partir de la maternidad, destino natural de las mujeres. En otro, la masculinidad fue definida a partir del “estereotipo de varón productor y defensor de la patria” (Valobra, 2010, p.90). Esta mirada en torno a los roles de género debe ser entendida en el marco de un proceso más amplio donde algunos sectores esperaban solucionar el problema del poblamiento no ya a través de la inmigración sino a través del crecimiento vegetativo. Dado que la tarea de “poblar” se equiparaba a la noción de “gobernar”, el Estado debía tener un papel crucial en la gestión de la población. En este sentido, surgieron voces que defendieron la intervención estatal en asuntos como la maternidad, la natalidad y la mortalidad infantil. Mientras que la función de las mujeres (madres) consistía en proveer cuidados, en base a sus capacidades reproductivas y afectivas, los varones (padres) se presentaban como proveedores económicos de sus familias y protectores de la nación, cuya unidad elemental era el hogar. Así, el trabajo femenino fuera del hogar10 era considerado una excepción en casos de necesidad extrema, viudez soltería, o una actividad transitoria que finalizaría tras lograr el matrimonio o la estabilidad financiera del núcleo familiar
De acuerdo con Kabat (2003), el trabajo femenino era considerado “antinatural” y despertaba temores en torno a la “degenera- ción de la raza”. Sin embargo, retomando a Nari (2000b) no todos los trabajos eran igualmente “degeneradores”, algunos fueron naturalizados y lograron cierto grado de aceptación, por ejemplo, el trabajo a domicilio al realizarse en el ámbito domésticos.
(Gómez Molla, 2017). Para una parte significativa de la sociedad y para el propio Estado, las mujeres se convirtieron en las responsables de la crianza y el cuidado de las generaciones futuras, encargadas de fomentar la riqueza nacional. Las mujeres eran madres y no ciudadanas, o individuos (Nari, 2004). Maternalización y escisión de la esfera público/privada formaron parte de un mismo proceso de construcción de la ciudadanía en base al género.
La «cuestión de la mujer», en un principio, se centró en la situación de la mujer obrera, quien por razones de necesidad económica se veía forzada a abandonar su hogar para trabajar en el ámbito fabril, enfrentando los peligros y las penosas condiciones que esto implicaba. De acuerdo con Mirta Lobato (2007), a partir de 1880 los conflictos de las mujeres en las fábricas llamaron la atención de la prensa, especialmente a raíz de su participación en huelgas y protestas. A medida que comenzaron a visibilizarles las distintas problemáticas de género en el mundo obrero, desde distintas corrientes políticas e ideológicas se propuso establecer un marco regulatorio que protegiera a las trabajadoras en tanto potenciales madres. Así, en 1907 se sancionó la Ley 5.291 (Ley de Trabajo de Mujeres y de Menores) y ese mismo año se creó el Departamento Nacional del Trabajo, entre cuyas múltiples tareas se encontraba verificar los alcances y el cumplimiento de la ley. La necesidad de proteger a este grupo de trabajadores a través de una ley se justificó a partir de la fragilidad corporal de las mujeres y niños que, como argumenta Ludmila Scheinkman (2022), eran percibidos como un grupo especial dadas sus diferencias con relación a las capacidades del obrero varón adulto, parámetro del trabajador «normal».
Como señalamos anteriormente, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgieron en Argentina distintas organizaciones feministas con objetivos, ideas y alianzas heterogéneas y que, a menudo, establecieron relaciones conflictivas entre ellas. No obstante, a pesar de las disputas al interior del movimiento, existieron consensos en torno a los orígenes de la opresión de la mujer basados en la diferencia sexual entre varones y mujeres, características y funciones sociales. De esta forma, las mujeres fueron homogeneizadas a partir de sus capacidades “naturales” de gestar, cuidar y educar. Para los detractores del feminismo, la maternidad era considerada una tarea a la que las mujeres que debían dedicarse por completo, abandonando cualquier otra ocupación. En contraposición, las feministas intentaron conciliar su rol de madres con las vidas de las mujeres, su educación, el trabajo remunerado, etc. Para ellas, la función maternal no justificaba la desigualdad social, civil e incluso política de las mujeres, por el contrario, la volvía más injusta. Así, una de las estrategias del primer feminismo consistió en intentar “extraer” derechos de la maternidad. Nari (2004) denomina a esta postura “maternalismo político” y señala que dicha concepción ubicaba a la maternidad
como origen de la opresión y, a su vez, factor liberación11. El feminismo maternal buscaba politizar la maternidad elevándola a “una categoría de ciudadanía igual o superior a la de los varones en tanto individuos” (Nari, 2004, p.241). Las mujeres encontraban, en esta instancia, dos formas de participación política: por un lado, “desde el hogar”, ejerciendo su influencia “moralizadora” (política) sobre los varones de la familia y, por otro, a través de la conquista del sufragio, al no todas las mujeres adherían12.
En este contexto, la cuestión del trabajo asalariado femenino fuera del hogar resultó problemática para el feminismo. Por un lado, sin perder de vista que, en algunos casos, se trataba de “un mal necesario”, a la vez que viabilizaba la emancipación económica, el trabajo remunerado competía con la maternidad, el lugar desde el cual las mujeres se podían ver legitimadas para intervenir políticamente. En la década de 1910, las defensas del derecho al trabajo de las mujeres fueron escasas, incluso al interior del movimiento feminista. Aun así, a excepción de las militantes anarquistas, las feministas apoyaron la reglamentación del trabajo femenino13, reconociendo la necesidad de proteger a las mujeres que debían trabajar fuera del hogar por presiones económicas.
Entre 1912 y 1945, poco a poco comenzó a instalarse el debate público sobre los derechos civiles y políticos de las mujeres, a partir de una serie de hechos relevantes. En primer lugar, en el plano social, al tiempo que se ampliaron los derechos laborales para el conjunto de los trabajadores, se mantuvo en la agenda pública el problema de la «mujer obrera» del que se ocuparon los partidos políticos, las organizaciones gremiales, el movimiento de mujeres y, por supuesto, el gobierno. Lobato (2007) sostiene que durante este período el vínculo entre maternidad y trabajo se afianzó dando lugar a una nueva ley protectora de las mujeres obreras (Ley 11.317 en 1924) «que reconocía la licencia maternal con salario» (p. 263). Por otra parte, al mismo tiempo que se naturalizaba el ideal maternal que confinaba a la mujer al ámbito doméstico surgieron cuestionamientos y resistencias mostrando las tensiones existentes en torno a dicho ideal. Una de las primeras formas de resistencia fueron la disminución en el número de nacimientos y el reclamo por el sufragio femenino (Valobra, 2010; Lobato, 2007).
Lejos de ser un fenómeno local, desde finales de siglo XIX la lucha por los derechos de las mujeres y la politización de la materni- dad se aprecian en otros espacios geográficos tales como Europa, EE.UU, Australia, Nueva Zelanda y otros países de Latinoamérica.
De acuerdo con Nari (2004), muchas activistas del primer feminismo optaron por la participación política “desde el hogar” en detrimento del sufragio femenino ya que consideraban que muchas mujeres aún no estaban preparadas para votar, al mismo tiem- po que reconocían que, buena parte de la población femenina tampoco acompañaban el reclamo por el voto femenino. Además, las feministas anarquistas rechazaron la lucha por el sufragio ya que no modificaría la dinámica de poder entre varones y mujeres.
En general, se hicieron eco del socialismo, corrientes reformistas y católicos (Nari, 2004).
Con relación a los derechos políticos, a partir de la Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, el padrón electoral comenzó a elaborarse en base al Registro de Enrolamiento, excluyendo explícitamente a las mujeres del derecho al voto14. Un año antes, Julieta Lanteri había logrado emitir su voto en comicios para la renovación del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires amparándose en que, si bien la Constitución omitía el derecho al sufragio femenino, tampoco lo prohibía de forma manifiesta. Según Adriana Valobra (2010), las sufragistas reclamaron el voto femenino argumentando que, así como los varones tenían derecho al sufragio a cambio de dar sus vidas por la patria, las mujeres también deberían obtenerlo en reconocimiento por su rol de madres. Sin embargo, no acabaron de precisar cuál era el vínculo entre la maternidad y las prácticas políticas de la ciudadanía. En términos generales, “sostuvieron que las mujeres proveían un plus de valores moralmente buenos como remedio a un estado insalubre del cuerpo social que habían generado los varones exclusivamente” (Valobra, 2010, p. 95). En 1919 ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el primer proyecto15 a favor de los derechos políticos de las mujeres, dando cuenta del interés de un sector de la clase política por poner en agenda “la cuestión de la mujer” como sujeto de igualdad de derechos. No obstante, la sanción del sufragio femenino sucedería en 1947, con la Ley N°13.010 (Derechos Políticos de las Mujeres) bajo la presidencia de Juan Domingo Perón. En el artículo 1° se estableció que “las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos” (Ley N°13.010 de Derechos Políticos de las Mujeres). De esta forma, las mujeres alcanzaron la igualdad política durante el primer peronismo, pero “no fueron convocadas en términos de ciudadanas: se postularon los derechos políticos de la mujer bajo una formula comparativa con el hombre. El prototipo de ciudadanía seguía siendo masculino” (Valobra, 2010, p. 101).
En materia de derechos civiles, un punto de inflexión ocurrió en 1926 cuando, tras una serie de marchas y contramarchas en el terreno legislativo, se promulgó la Ley N°11.357 (Ley de Derechos Civiles de la Mujer) que modificaba parcialmente el Código Civil de 1869 otorgando mayor poder a las mujeres sobre sus bienes. Al respecto, Giordano (2015) observa que, con la incorporación de las mujeres al ámbito laboral, surgió la necesidad de dotarla de derechos para la administración de su salario. La legislación de 1926 reconoció la igualdad para ejercer los derechos civiles entre varones y mujeres, aunque, con relación a las mujeres casadas se
Las mujeres no votaban porque no eran soldados, y no eran soldados porque no eran mujeres (Valobra, 2008). 15 Fue una iniciativa del diputado radical Rogelio Ayala.
mantuvieron ciertas limitaciones que impidieron el ejercicio de su capacidad civil plena16. No obstante, aun así, la ley tuvo como resultado la ampliación de derechos para este grupo, en especial, con relación a la patria potestad de los hijos de un matrimonio anterior, el ejercicio de la profesión sin autorización marital o judicial y la libre disposición del rendimiento de sus ocupaciones, por lo que, a partir de ese momento, las mujeres casadas pudieron administrar sus salarios. Dado que los padres no siempre cumplían con sus obligaciones de manutención, se esperaba que la ley tuviera un impacto positivo en el bienestar de los hijos, al otorgarle mayor independencia económica a las mujeres (Nari, 2004). La capacidad civil plena para las mujeres mayores de edad, independientemente de su estado civil, llegaría en 1968, con el decreto ley 17.711, bajo la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía (Giordano, 2004).
De lo expuesto anteriormente coincidimos con Lobato (2007) en que los debates alrededor de «la cuestión de la mujer» y, en particular, “la mujer obrera”, generaron un espacio de tensión en el proceso de formación de la ciudadanía política en Argentina. Como explica la autora “en el debate sobre los derechos civiles se filtraban los relacionados con los derechos políticos y cuando se discutían los derechos sociales se entrecruzaban con las otras cuestiones” (Lobato, 2007,
p. 273). Las mujeres dejaron de ser “ciudadanas incapaces” para convertirse en “sujetos de derechos” en un contexto donde la identidad femenina se identificaba principalmente con la función maternal. En este marco, la legislación laboral buscó proteger la moral y los cuerpos de las mujeres, al mismo tiempo que, en la práctica se consolidaron mecanismos de discriminación basados en estereotipos de género. En contraposición, el primer feminismo buscó politizar la maternidad como parte de su estrategia en la conquista de derechos. Sin embargo, al no cuestionar la división sexual del trabajo y las relaciones de género de la época, se acabaron reforzando numerosos supuestos en torno a la “naturaleza maternal” de las mujeres (Nari, 2004)
Al inicio del siglo XX no existía aún ningún establecimiento educativo dedicado exclusivamente a la enseñanza de las ciencias económicas ni tampoco una institución universitaria que impartiera la carrera de Economía (Fernández López, 2001). De acuerdo con Mariano Arana (2022), es posible rastrear las primeras formas institucionales de los estudios superiores en economía en las cátedras de
16 No se derogó el artículo 55 (inc. 2) del Código Civil de 1869 que definía a la mujer casada como sujeto de incapaz jurídica ni el artículo 57 (inc. 4) que la condicionaba a la representación legal de su marido (Giordano, 2014).
Economía Política y Finanzas en las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de las universidades nacionales. La Universidad de Buenos Aires fue la primera universidad fundada tras la Declaración de Independencia en Argentina y organizó la primera cátedra en Economía Política dos años más tarde, bajo la órbita del Departamento de Estudios Preparatorios17. Eduardo Scarano (2023) señala que, para comprender los inicios de los estudios universitarios en el ámbito de la economía, resulta necesario analizar la evolución de la enseñanza en el nivel secundario. A través de la creación y promoción de los colegios nacionales, comerciales y normales, el Estado impulsó de manera progresiva la formación profesional en aspectos relevantes para la Organización Nacional. Con relación a esto último, Laura Rodríguez (2021) sostiene que en Argentina “la formación de las élites ha estado vinculada casi exclusivamente a los colegios nacionales de varones, dado que sus egresados podían ingresar a la universidad, donde estudiaban mayoritariamente abogacía o medicina” (p.3) y desde allí acceder a espacios privilegiados de la política y la función pública.
Ante las demandas crecientes de instrucción, como consecuencia del desarrollo acelerado del comercio exterior, en 1890 se creó la Escuela de Comercio de la Capital de la República y, en 1897, la Escuela Comercial de Mujeres18, ambas en la Ciudad de Buenos Aires (Rodríguez, 2024). En 1905 el Poder Ejecutivo decretó la división de las escuelas comerciales en tres niveles: elementales, medias y superiores. La Escuela de Comercio de la Capital fue incluida en la última categoría y, a partir de 1908, por iniciativa del diputado Balestra, pasó a denominarse “Carlos Pellegrini”. Sobre la base de esta escuela se creó, en 1910, el Instituto de Altos Estudios Comerciales, un paso intermedio para la fundación de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires en 191319, a partir de la Ley Nacional 9.254/1913 (Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, s.f). En un principio, en la FCE se dictaron las carreras de Contador Público y el Doctorado en Ciencias Económicas, creado en 1914. En 1948 la facultad creó el primer plan de estudios destinado a los economistas, con el objetivo de escindir las carreras de Contadores y Doctores en Ciencias Económicas. Si bien el plan fue aprobado por el Consejo Directivo de la
En 1821 la UBA se organizó a partir de los siguientes departamentos: Departamentos de Primeras Letras, Estudios Preparatorios, Ciencias Exactas, Medicina, Jurisprudencia y Ciencias Sagradas (Arana, 2022).
Los estudios de la Escuela Comercial de Mujeres eran más cortos, en comparación con los varones, y se otorgaban certificados para trabajar como asistente de comercio y ayudante contable. A diferencia de las Escuelas Normales, el plan de estudios no incluía asignaturas vinculadas con las labores domésticas. Para Rodríguez (2024) esto indica que la Escuela Comercial femenina deses- timaba la formación de sus alumnas como amas de casa, madres y esposas, al menos en el currículum oficial del establecimiento.
A partir de 1913 la Escuela Superior de Comercio comienza a depender de la UBA con el objetivo de brindar cursos preparatorios anexos a la facultad. En 1931 la escuela fue desanexada de la Facultad de Ciencias Económicas, pasando a depender directamente del Rectorado de la UBA y el Consejo Superior.
Facultad, no llegó a ser instrumentado y la primera Licenciatura en Economía de la FCE se oficializó en 1953, cuando entró en vigencia el plan de estudios denominado “Plan D”, con una fuerte impronta de la enseñanza contable. Posteriormente, en 1958, se creó la Licenciatura en Economía Política, tomando distancia de la carrera de Contador Público Nacional (Arana, 2016).
A la hora de analizar la participación de las mujeres en el doctorado en ciencias económicas encontramos que sobre un total de 1237 tesis aprobadas entre 1916 y 2023, 134 de ellas corresponden a mujeres (cerca del 11%)20. Con relación a nuestro período de análisis, entre 1916 y 1947 la participación femenina fue de apenas el 2,8%. Así, tan solo 11 tesis fueron escritas por mujeres, mientras que en el caso de los varones esta cifra asciende a 380 títulos.
Año | Nombre | Tesis |
1919 | Bernasconi, Ángela | De los ferrocarriles en la República Argentina |
1935 | Buggino, Marina E. | Régimen agrario : tierra fiscal argentina. |
1942 | Ozenda, Aída L. | El régimen aduanero internacional para los granos |
1943 | Martín Suárez, Josefa | Impuesto territorial |
1943 | Severi, Irma Leonor | Recursos aduaneros y portuarios |
1944 | Vuono de Asla Moreno, Raquel Albertina | Régimen legal de las telecomunicaciones |
1944 | Chiclet, Christiane E. | Política económica de la industria granjera |
1947 | López, Evelina Cristina V. | Recursos del estado nacional y consideraciones sobre los recursos de los estados provinciales |
1947 | Aguirre, Haydée Lola. | Ferrocarriles internacionales en América del Sud |
1947 | Boero, Marta Susana | Trabajo de mujeres y menores |
1947 | Gamboa, María | La caja de maternidad |
Fuente: elaboración propia en base a Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas -Universidad de Buenos Aires
En el Cuadro 2 podemos apreciar que, en términos generales, los temas elegidos por las candidatas al Doctorado en Ciencias económicas responden, al igual que en el caso de los varones, a las preocupaciones y debates propios del período en el que fueron escritos o a cuestiones específicas de interés para el autor o autora. En términos evolutivos, del Gráfico 1 se desprende que, para el caso de las mujeres, su participación se incrementó significativamente a partir de los años cuarenta.
En un estudio anterior analizamos la evolución de tesis doctorales de la FCE, en términos cuantitativos, por género, para el total del período 1916-2023. Ver Vaccari (2023).
Fuente: elaboración propia en base a Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas -Universidad de Buenos Aires
Posiblemente, como explicamos anteriormente, los cambios acontecidos en el mundo del trabajo, junto con la ampliación de los derechos civiles, hayan impactado en la participación de las mujeres en el ámbito universitario, incluso en carreras masculinizadas tales como el Doctorado en Ciencias Económicas. Por otra parte, seguramente haya resultado relevante el ascenso del trabajo administrativo entre 1920 y 1950, junto con las nuevas regulaciones en torno a la profesión contable, a partir de los años cuarenta. Siguiendo a Queirolo (2020) la división sexual del trabajo en esta actividad se organizó según una división técnica. Mientras que los varones se ocuparon de las tareas contables, las mujeres se dedicaron a la dactilografía y trabajaron como secretarias. No obstante, podemos hipotetizar que algunas egresadas de colegios comerciales o, universitarias, podrían haber aplicado para otros puestos laborales. De acuerdo con la autora “de diez avisos [en la prensa] que pedían dactilógrafas o dactilógrafos para oficinas privadas, siete solicitaban mujeres. En cambio, de diez avisos que solicitaban tenedores de libros, alrededor de nueve solicitaban varones” (p.115). Es necesario señalar que, aunque para el desempeño de estas tareas se debían acreditar conocimientos específicos (mecanografía, taquigrafía, redacción comercial, la teneduría de libros y contabilidad), no necesariamente se requería un título universitario por lo que,
en muchos casos, fueron adquiridos en instituciones de educación informal tales como academias especializadas. De acuerdo con Carrizo (2016)
“La complejidad que alcanzaron las actividades económicas en las primeras décadas del siglo XX ocasionó la necesidad desde diversos organismos del Estado, de generar normas que reglamentaran el desempeño de la profesión contable,
requiriendo el título universitario de Contador Público” (p.17)
Por este motivo, a fines de 1930 y principios de los años cuarenta algunas provincias (Córdoba y Santa Fe) comenzaron a regular la profesión limitando el uso del término “Contador”. A nivel nacional, en 1945 a través del Decreto N°5.301 se reglamentó el ejercicio de las profesiones de Doctor en Ciencias Económicas, Contador Público y Actuario. De esta forma, se reconoció la relevancia “de la profesión contable y de los profesionales cuyo título no solamente son una credencial académica sino también habilitante para cuestiones que necesitan respaldo ético cuando se debe dar fe pública de los informes generados por las entidades comerciales” (Carrizo, 2016, p. 18). Posiblemente estas regulaciones hayan repercutido en la dinámica de la matrícula universitaria en el período analizado.
Para analizar el rol de las mujeres como objeto de estudio a partir del análisis de las tesis doctorales, hemos seleccionado aquellos trabajos de varones y mujeres cuyo contenido remite a la participación de las mujeres en la esfera pública. En este contexto, los documentos hallados remiten, en su totalidad, a la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, un asunto controversial durante primera mitad del Siglo XX21.
Con relación al ámbito laboral, existen tres tesis cuyo tema central remite al problema obrero, contenido en la “cuestión social”. A principios del siglo XX, la proliferación de sociedades gremiales, organizaciones obreras, la difusión del anarquismo y el socialismo y la multiplicación de huelgas en las que los obreros reclamaron por mejoras en las condiciones laborales y de vivienda22, impulsaron el camino de la legislación laboral en Argentina. Aunque la primera intervención estatal frente a la rebelión obrera resultó ser la declaración del Estado de Sitio y la sanción de la Ley de Residencia, como respuesta a la primera huelga general en el año 1902, progresivamente distintos sectores reformistas promovieron la regulación laboral como manera de dirimir el conflicto. No obstante, la represión continuó siendo una opción más dentro de las estrategias del gobierno. En 1904, el informe
Nuestro análisis deja de lado aquellos trabajos centrados en la temática salarial exclusivamente que, por su densidad, serán abordados en otra ocasión.
La primera huelga general y nacional en Argentina se produjo en el año 1902.
Bialet Massé relevó las condiciones laborales y habitacionales de los asalariados aportando material para el Proyecto de Ley Nacional del Trabajo, presentado ese mismo año, aunque no se sancionó. Un año más tarde se sancionaría la primera ley laboral que prohibía el trabajo dominical y, posteriormente, en 1907 la legislación relativa al trabajo de niños y mujeres (Ley N°5291), por impulso socialista. Gabriela Laperrière de Coni, integrante del socialismo local, participó activamente en la creación de un marco regulatorio para el trabajo de mujeres y niños, primero como inspectora de fábricas y luego en la elaboración de un proyecto de ley propio. A su vez, el diputado socialista Alfredo Palacios, quien a partir de 1915 formaría parte del plantel docente de la FCE-UBA dictando la materia “Legislación del trabajo”, jugó un papel decisivo en la redacción y aprobación de la ley.
La Ley N°5.291 establecía, entre sus aspectos más destacados, la jornada laboral de 8 horas para los menores de 16 años, la prohibición del trabajo nocturno, permiso para amamantar y licencia de 30 días postparto, reservándoles el puesto de trabajo a las empleadas. Fue reemplazada en 1924 por la Ley N°11.317 entre cuyos cambios más importantes se encontraban la ampliación del período descanso antes y después de dar a luz, junto con la prohibición del despido por embarazo. En ambas leyes se mantuvo el problema de la remuneración durante el período de recuperación física tras la maternidad (Lobato, 2007). Ninguna de las leyes sancionadas hasta la fecha establecía el pago de salario, indemnización o subsidio durante el período de descanso. Esta situación fue modificada a partir de 1934, con la sanción de la Ley 11.933 (Protección de Maternidad e Infancia) que instituyó el Seguro de Maternidad, y su reglamentación en 1936, a través del decreto 80.229, donde se creó la Caja de Maternidad, organismo encargado de administrar el seguro23, ubicado bajo la órbita de la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones (Biernat y Ramacciotti, 2011).
En el año 1916 tres candidatos al Doctorado en Ciencias Económica presentaron sus tesis que llevan por título El problema obrero en Argentina. Ellos fueron Antonio Casacuberta, Estanislao Segurola y Pablo Pasquali. En sus trabajos, los autores coincidían en la necesidad de contar con una legislación e instituciones laborales capaces de dar respuesta a los enfrentamientos sociales, en lugar de inclinarse por el uso de la represión, por lo que proponían un abanico de reformas de distinta índole. Al respecto, la tesis de Estanislao Segurola dedica un capítulo a tratar el “Trabajo de las mujeres y los niños obreros” en el que caracterizaba el origen del trabajo infantil y femenino, no como consecuencia del progreso técnico
Las disposiciones más importantes de la Ley N°11.933 fueron la prohibición del trabajo de mujeres cuatro semanas antes y seis semanas después del alumbramiento, cuidados médicos gratuitos y la percepción de un subsidio por maternidad. Originalmente, para el pago del subsidio se constituyó un fondo a partir de los aportes de obreras, empleadores y el Estado. En 1936 se exceptuó a las empleadas con salarios inferiores a 65 pesos mensuales de tener que aportar al fondo (Biernat y Ramacciotti, 2011).
y la mecanización, sino a raíz de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios obreros, debiendo ser complementarlos por otros ingresos. Además, calificaba las posturas que buscaban excluir a las mujeres de las fábricas como «extremistas» y proponía una serie de reformas a la legislación vigente «con un espíritu práctico» que, en algunos casos, favorecía a los industriales24.
En 1918 se publicó la primera tesis doctoral que abordaba la reglamentación del trabajo de mujeres y niños exclusivamente. El trabajo de Ricardo Etcheverry, La ley argentina sobre reglamentación del trabajo de mujeres y niños presentaba un examen detallado de la Ley 5.291, su cumplimiento y, especialmente, sus puntos críticos. Para Etcheverry, la reglamentación contribuía al desarrollo económico y social del país al limitar el trabajo infantil y cuidar los cuerpos de las madres obreras, protegiendo así “el porvenir de la patria” (p.1). El autor relataba que, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley, había solicitado al Departamento Nacional de Trabajo una autorización para visitar diversos establecimientos industriales en calidad de «inspector honorario». Ante el rechazo de su petición, se decidió por solicitar autorización de manera individual a los dueños de las fábricas que le interesaba visitar y/o a sus representantes. Fruto de esta labor, a lo largo de su investigación se ofrecen numerosas estadísticas que proporcionan datos cuantitativos y cualitativos para mujeres y varones en el mercado de trabajo. Para Etcheverry, las mujeres y los niños eran «los factores más débiles y hermosos de la naturaleza» (p. 3) y merecían ser protegidos de las situaciones de explotación que se producían en las fábricas. A partir de las observaciones realizadas en su trabajo de campo, el autor aseguraba que, en la mayoría de los establecimientos visitados, se violaba la ley “con mayor naturalidad” lo que volvía necesario reforzar las inspecciones del Departamento del Trabajo ya que, a pesar de sus numerosas imperfecciones, si la ley fuera cumplida, “se mejorarían las condiciones de vida de las personas para las que se dictó” (p.4). En varias oportunidades, el autor señalaba la necesidad de reforzar la protección del trabajo femenino para garantizar el bienestar de las generaciones futuras, cuyo destino
era el trabajo asalariado.
Como explicamos anteriormente, entre los años veinte y principios de la década de 1930 el número de tesis publicadas se estabilizó, tras el auge observado en el primer año del doctorado. En este período creció el interés por los temas relacionados con las finanzas públicas, las cuestiones monetarias e industrias específicas (principalmente el sector agropecuario), disminuyendo el número de tesis sobre “la cuestión obrera”. Por este motivo, dos décadas más tarde, es
Por ejemplo, con relación al trabajo infantil, Segurola (1916) proponía modificar el sistema de 8 horas diarias por la Semana Inglesa, pudiendo extender la jornada de lunes a viernes. Respecto del trabajo femenino, sugería flexibilizar el horario nocturno en casos de “trabajo extraordinario” (p.82).
cuando encontramos el trabajo de Roberto Barcia, El acceso a la función pública, publicado en 1938. En este documento, el autor sostenía que cualquiera fuera el carácter y la naturaleza de la función pública administrativa, quien aspirara a ejercerla debía cumplir con determinados criterios de idoneidad en los términos de la Constitución Nacional. Uno de estos requisitos era, en sus propias palabras,
«la indiferencia en cuanto al sexo, pero exclusión, en lo posible, por razones de orden social, de las mujeres casadas y en modo especial de las madres» (p. 6). La investigación de Barcia se destaca en tanto su punto de partida ya no era el trabajo fabril, sino el sector público donde se encontraban, entre otras, las oficinistas y las maestras. El trabajo se organiza en torno a diez capítulos dedicando el último de ellos a «El sexo y la función pública”, en el que sostenía que la maternidad y el trabajo fuera del hogar son “términos antagónicos porque este conspira contra aquella» (Barcia, 1938, pp. 118-119). Aunque Barcia reconocía que la exclusión de las mujeres casadas podría provocar “inconvenientes de orden económicos” en los hogares “modestos”, aun así, las ventajas para la salud física y moral de la empleada y su hijo resultaban evidentes. Así, concluía su obra manifestando su oposición a la inserción de las mujeres en la función pública «aunque reúnan todas las demás condiciones que en el curso de estas páginas hemos estudiado» (p. 130). Finalmente, en 1947, encontramos dos tesis, escritas por mujeres, cuyo objeto de estudio son, por un lado, el trabajo femenino e infantil y, por otro, la Caja de Maternidad. En primer lugar, se encuentra la investigación de Marta Boero, la única mujer que dedicó su tesis al trabajo de mujeres y menores en el período analizado. En base a los registros digitales, sabemos que presentó su tesis a la edad de 48 años. Según Boero, el hombre (término que englobaba a varones y mujeres) debía trabajar para satisfacer las múltiples necesidades presentes a lo largo de su vida en función de su “naturaleza”. Mientras que los varones tenían «temperamento más inclinado a atender el aspecto externo de los asuntos públicos», las mujeres poseían mayores capacidades para resolver los problemas de la vida doméstica y familiar. Al igual que Barcia consideraba que las mujeres debían dedicarse a la maternidad completo, desechando otras ocupaciones. La autora admitía que las necesidades materiales volvían inútiles los esfuerzos por propugnar el regreso de la mujer al hogar, pero se oponía al desarrollo profesional de las mujeres por el mero afán emancipatorio. Con relación a este punto, afirmaba que «el trabajo actual femenino es una cuestión psicológica: independencia económica» (p. 32). Distinguía a la mujer de clase humilde (aquella que lo hacía por necesidad, no por vocación) de la mujer intelectual y con relación a esta última, adhería a la idea de que la mujer participara de la vida cívica e intelectual de la nación, siempre y cuando, lo hiciera conservándose “íntegramente mujer». De esta forma, concluía:
«se ha de combatir por antisocial, la falsa emancipación de la mujer: que ella solo salga a trabajar por satisfacer un deseo de lujo o libertad sin límites» (pp.7-8).
Las tesis de Barcia y Boero presentan una mirada negativa respecto de la integración de la mujer en la esfera al socavar los roles maternos tradicionales, perjudicando a la sociedad en su conjunto. Al respecto, Boero señalaba que el trabajo femenino en las fábricas contribuía a la disminución de la tasa de natalidad, fomentaba la vagancia, la delincuencia y el analfabetismo. Recomendaba el trabajo a domicilio, a pesar de las remuneraciones reducidas y las largas jornadas laborales, para la mujer casada que necesitara trabajar.
Por último, la investigación de Marta Gamboa sobre la Caja de Maternidad se organizaba en torno a tres secciones. En la primera, se trataba el asunto de la
«protección a la madre, empleada u obrera». La elección del título no resulta menor ya que, sobre este punto, la autora naturalizaba tanto la idea de que las mujeres pertenecían al ámbito doméstico, como «la obligación de trabajar» que se les imponía al deber completar «la ganancia de su marido» (p.2). Sin abordar el debate, Gamboa resolvía que «dejando de lado la cuestión de si la mujer debe trabajar o no, de competir con el hombre, se ha tenido que admitir la realidad y se impuso al legislador la necesidad de dictar leyes que la protegiesen» (p.2), especialmente en el caso de las mujeres embarazadas. En el segundo capítulo, se estudiaba la Caja de la Maternidad, creación, administración, régimen de aportes, empleo de fondos, prestaciones otorgadas y la necesidad de ampliar beneficios. Aquí, resulta interesante el análisis del estado de situación de la Caja de Maternidad a través de los datos estadísticos recopilados en base a la Memoria anual de la Caja, publicados desde 1938. Al respecto, señalaba que, dado el estado superavitario del organismo, se debía, o bien reducir las contribuciones al mismo o, preferentemente ampliar el alcance de los beneficios a «todo hogar modesto» en el momento de la maternidad, a los trabajadores agrícolas, e incorporar la ayuda a la lactancia. En la última sección, titulada «Las reformas del seguro de maternidad. La defensa del niño”, proponía tratar la cuestión de la mortalidad infantil desde una mirada integral. Para ello, sugería establecer salarios mínimos, impulsar la construcción de casas para obreros, la educación para las madres, intensificar la atención médica y mejorar la coordinación de las instituciones de protección infantil existentes.
Para concluir esta sección deseamos señalar que, en términos generales, las tesis analizadas estudiaron “la cuestión de la mujer” desde “la mujer obrera” al mismo tiempo que, omitieron o rechazaron las discusiones sobre los derechos civiles y políticos de las mujeres, así como su incorporación al espacio público. En todos los casos, a diferencia de otras voces disonantes que hemos ido encontrando a lo largo de la época, en los trabajos revisados se reafirma la necesidad de protección para mujeres y niños a la vez que se refuerzan estereotipos de género. Las tesis de Barcia y Boero resultan significativas al desarrollar, desde las Ciencias Económicas, discursos contrarios a los reclamos feministas de la época en que
fueron escritos.
Desde la década de 1860, al calor del proceso de modernización iniciado en Argentina, ciertosdiscursossocialescomenzaronadelineardosmodelosnormativos de femineidad y masculinidad que impusieron atributos, responsabilidades y derechos en función del sexo asignado al nacer, subordinando lo “femenino” a lo “masculino”. En este contexto, el hogar constituía la unidad elemental sobre la que se construía la sociedad, al producir la fuerza de trabajo determinante para la riqueza de la nación. Es en este marco que el trabajo asalariado femenino, realizado fuera del ámbito doméstico, comenzó a generar interés en la agenda pública al confrontar con el ideal femenino asociado a la maternidad.
El trabajo femenino fue aceptado con resignación en el caso de las mujeres pobres, quienes se veían forzadas a abandonar sus hogares en pos de complementar los magros ingresos de sus maridos. Ellas no eran las únicas. Los menores de edad también debían emprender la búsqueda de un salario por motivos de necesidad económica. Progresivamente, distintas voces comenzaron a demandar leyes que protegieran no solo los cuerpos, sino también la moral de mujeres y niños vulnerables frente a los peligros del espacio laboral. No obstante, dentro del universo de mujeres cobraba relevancia, desde finales del siglo XIX, un nuevo grupo: aquellas que habían estudiado con el objetivo de emprender una carrera profesional y participar de la esfera pública. Así, la formación profesional de las mujeres en las primeras décadas del siglo XX se vio atravesada por las distintas concepciones en torno al trabajo femenino y la “cuestión de la mujer”. Desde la Facultad de Ciencias Económicas, los estudiantes no fueron ajenos a estas disputas e intervinieron en el debate público través de sus producciones académicas.
El examen de las tesis doctorales de la FCE-UBA nos permite inferir que las mujeres estuvieron presentes desde los inicios del Doctorado en Ciencias Económicas, a pesar de tratarse de una carrera masculinizada, al igual que participaron de otras disciplinas. A su vez, su inserción en el mercado de trabajo fue objeto de estudio para algunos tesistas a lo largo de las décadas. En los documentos estudiados, a través del relevamiento empírico, el análisis estadístico y las interpretaciones históricas, se justifica la división sexual del trabajo a la vez que se refuerzan los estereotipos de género. Algunas investigaciones, como las de Roberto Barcia (1938) y Marta Boero (1947) incluso dialogan con el feminismo de la época. Si bien el primer feminismo no llegó a cuestionar el ideal maternal, para estas activistas la emancipación resultaba compatible y deseable, no solo a título individual, sino para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Por el contrario, los graduados en Ciencias Económicas reclamaban el abandono de cualquier actividad ajena al hogar, al menos para las mujeres casadas.
Los aportes realizados en este artículo deberán ser completados con futuras investigaciones que permitan conocer las biografías de las pioneras en esta facultad y las especificidades encontradas en el ámbito en el que se formaron. Creemos que se trata de una tarea relevante ya que, el estudio de las carreras universitarias contribuye al entendimiento de los procesos que dan lugar a culturas profesionales basadas en el género.