Enfoques sobre la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias

Una revisión narrativa para articular saberes y contribuir con estrategias de prevención y asistencia

Approaches to sexual violence against children and youth.

A narrative literature review to articulate knowledge and contribute with prevention and assistance's strategies.

Alejandro Capriati | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Buenos Aires. Argentina

alejandrocapriati@gmail.com

orcid: 0000-0001-8204-6878

Julieta Seghezzo Goglino | Universidad Nacional de Buenos Aires

cabreradipi@gmail.com

orcid: 0009-0007-8548-3281

doi: 10.33255/26184/141/1820

Fecha de recepción: 19/7/23. Fecha de aceptación: 25/9/23. Fecha de publicación:

Resumen

¿Qué es lo que se sabe sobre la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias? ¿Qué temas se investigan y de qué modo? Esas preguntas guiaron la presente revisión narrativa de antecedentes sobre la problemática en el campo de la investigación, con el objetivo de articular saberes y así contribuir con estrategias de prevención, asistencia y protección de derechos a las niñeces y adolescencias. La revisión que presentamos recupera un conjunto muy diverso de datos y análisis proveniente de distintos campos disciplinares. Para facilitar la exposición de los antecedentes en torno a la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias decidimos agruparlos en tres enfoques, con el interés de situarlos en sus respectivas tradiciones teórico-metodológicas: el enfoque epidemiológico, a partir del cual se puede medir la magnitud de la problemática; el enfoque terapéutico, que sitúa como interés central el estudio de la dinámica de la violencia, los efectos en las víctimas y los procesos de recuperación de las víctimas; y el enfoque antropológico, el cual reconstruye los sentidos que se ponen en juego en las prácticas institucionales en torno a la protección de derechos, y examina la emergencia y transformación de categorías centrales en la concepción actual de la problemática. Consideramos que el eje institucional se presenta como transversal a los tres enfoques, a partir de lo cual es posible iluminar aspectos complementarios y aspirar a la articulación de los mismos en pos de contribuir a mejorar los mecanismos de protección de derechos de niñeces y adolescencias y las estrategias de prevención y asistencia ante la violencia sexual.

Palabras clave: violencia sexual, niñeces, adolescencias

Abstract

What is known about sexual violence against children and adolescents? What topics are being investigated and how? These questions guided this review of academic papers on this issue, with the aim of articulating expertise and thus contributing with strategies of prevention, assistance and protection of children and adolescents' rights. The review we present brings up a very diverse set of data and analysis from different disciplinary fields. To facilitate the presentation of previous investigations on sexual violence against children and adolescents, we decided to group them into three approaches, with the aim of placing them in their respective theoretical-methodological traditions: the epidemiological approach, from which the magnitude of the problem can be measured; the therapeutic approach, which places the study of the dynamics of violence, the effects on victims and the recovery processes of victims as its main interests; and the anthropological approach, which reconstructs the meanings that are at stake in institutional practices around the protection of rights, and examines the emergence and transformation of central categories in the current conception of the problem. We consider that the institutional axis is presented as transversal to the three approaches, from which it is possible to illuminate complementary aspects and aspire to their articulation in order to contribute to improve the mechanisms of protection of children and adolescents' rights and strategies of prevention and assistance against sexual violence.

Keywords: sexual violence, approaches, childhoods

Introducción

¿Qué es lo que se sabe sobre la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias? ¿Qué temas se investigan y de qué modo? Esas preguntas guiaron la presente revisión narrativa de antecedentes sobre la problemática en el campo de la investigación, con el objetivo de articular saberes y así contribuir con estrategias de prevención, asistencia y protección de derechos a las niñeces y adolescencias.

En esta tercera década del siglo xxi es extendido el reconocimiento de que el maltrato y la violencia contra las niñeces y adolescencias son problemas de salud pública y derechos humanos y que la violencia sexual es una de las formas más invisibles de violencia; como veremos en el artículo, este reconocimiento remite a procesos históricos que comenzaron a tomar fuerza en la década del sesenta del siglo xx, en los cuales términos como «maltrato» y «abuso sexual» emergieron y condujeron paulatinamente a su conformación como problema social en la agenda política (Grinberg, 2010). Si bien es extendido el reconocimiento público y desde hace décadas existen en la región de América Latina programas, protocolos, centros de atención y líneas telefónicas que apuntan a la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas del maltrato infantil, investigaciones en distintos países ponen de relieve la existencia de creencias en el personal docente que minimizan el problema y desestiman la notificación de denuncias (Duarte, 2022), la persistencia de debilidades en la formación de los equipos de atención primaria de la salud sobre la atención de las niñeces y adolescencias en situación de violencia (Batista et al., 2022) y el sentimiento de confusión acerca del funcionamiento del sistema de protección de la niñez que atrapa tanto a las y los profesionales como a las familias usuarias del sistema frente a la fragmentación institucional (Parada et al. 2023).

La revisión que presentamos recupera un conjunto muy diverso de datos y análisis proveniente de distintos campos disciplinares. Una revisión de este tipo no tiene pretensiones de exhaustividad, sino que aspira a presentar la problemática de una forma amplia e incluir tipos variados de información (Zillmer y Díaz-Medina, 2018). Para facilitar la exposición de los antecedentes en torno a la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias decidimos agruparlos en tres enfoques, con el interés de situarlos en sus respectivas tradiciones teórico-metodológicas.

En primer lugar, exponemos el enfoque epidemiológico, en el cual se utilizan métodos cuantitativos para medir la magnitud de la violencia sexual contra niñeces y adolescencias, siendo la prevalencia y la incidencia las mediciones por excelencia en este campo. En segundo lugar, presentamos el enfoque terapéutico, que sitúa como interés central el estudio de la dinámica de la violencia, los efectos en las víctimas y los procesos de recuperación de las víctimas. En tercer lugar, planteamos el enfoque antropológico, el cual reconstruye los sentidos que se ponen en juego en las prácticas institucionales en torno a la protección de derechos, y examina la emergencia y transformación de categorías centrales en la concepción actual de la problemática.

Es importante reconocer las limitaciones que advertimos en la presente revisión. La decisión de incluir antecedentes tan diversos y agruparlos en enfoques tan amplios conduce a la realización de una reconstrucción simplificada de cada enfoque, que no puede hacer justicia en términos de exhaustividad a la multiplicidad de intereses, temáticas y estrategias metodológicas existentes al interior de cada uno de los campos disciplinares que abordan la temática de la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias. La decisión de incluir los enfoques que forman parte de la presente revisión narrativa obedece a la necesidad de reducir las brechas entre disciplinas para poder articular saberes y contribuir con las estrategias de prevención, asistencia y protección de derechos frente a la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias.

Como preludio a la presentación de los enfoques, exponemos de modo sintético las definiciones iniciales de los términos centrales del presente artículo. Por un lado, utilizamos a la categoría «niñeces y adolescencias» para enfatizar la pluralidad de formas de vivenciar esta etapa del ciclo de la vida, en la cual cobran relevancia aspectos vinculados con la diversidad social y los singulares entramados de relaciones de clase, género, cultura y raza. El ordenamiento legal establece clasificaciones por rango de edad. El Código Civil y Comercial Argentino considera que la minoría de edad comprende a todas las personas desde su nacimiento hasta el momento en que cumplen los 18 años, y distingue a la adolescencia como el período que se inicia a los 13 y culmina a los 18 años. Por otro lado, apelamos a la expresión «violencia sexual» para referirnos a situaciones en las cuales un adulto agresor utiliza a una niña, niño o adolescente para llevar adelante prácticas sexuales; estas prácticas pueden abarcar una variedad de situaciones que van desde el acoso verbal, los tocamientos, la exposición de los órganos sexuales y masturbación, la utilización en pornografía, hasta las violaciones (Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2021). El Código Penal Argentino define diversas figuras bajo el título «Delitos contra la Integridad Sexual», y es responsabilidad de la administración de justicia determinar la figura legal que corresponde a cada situación; algunas de las figuras legales son exhibiciones obscenas, abuso sexual simple, abuso sexual calificado, violación (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, 2018). El abuso sexual es un delito en cualquiera de sus formas. En el artículo 119 del Código Penal se define que antes de los 13 años el consentimiento no existe o no puede ser considerado válido en caso de haber existido; y entre los 13 y los 18 años, si hubiera existido consentimiento, su validez depende de la diferencia de edad, rol o conocimiento, debido a que no existe relación de paridad entre adolescentes y adultos en razón de la relación de desequilibrio de poder; existe también la posibilidad de abuso sexual entre un adolescente y una niña o niño cuando es relevante la disparidad en el desarrollo, la edad o el tamaño, o cuando hay un aprovechamiento de tales diferencias. Por último, en el trabajo evitamos la utilización de la expresión «abuso sexual infantil» porque tiende a generar dos interpretaciones erróneas: minimiza la gravedad de la situación al nombrarlo como un «hecho infantil», y al calificarlo de este modo deja afuera a los adultos, quienes son los responsables de la acción, otorgando semánticamente la responsabilidad a las víctimas, niñas, niños o adolescentes (Giberti, 2015). En este sintético preludio se torna evidente que las definiciones sobre esta problemática conjugan, de modo explícito o no, lenguajes provenientes de distintas disciplinas, los cuales responden a distintas necesidades o funciones, no exentas de tensiones y conflictos, como planteamos a lo largo del artículo.

Enfoque epidemiológico

En salud pública, los manuales para gestores y profesionales de salud definen la epidemiología como la disciplina que estudia la distribución de las enfermedades y problemas de salud en poblaciones humanas. A partir del análisis de «riesgo», una de las técnicas más usuales de la epidemiología, se identifica la probabilidad de que ocurra un evento en una población en un período determinado. Esta probabilidad no está formulada teóricamente, sino que el riesgo es estimado en tasas que expresan la frecuencia con que podría ocurrir este evento, asociado predominantemente en nuestro sentido común a nociones negativas relacionadas con el peligro (Paz y Ramirez, 2019). En tanto disciplina orientada a la práctica, la epidemiología produce información para la toma de decisiones y propone medidas de prevención, control o erradicación del problema de salud (Bonita, 2008). En este apartado nos concentramos en dos medidas epidemiológicas: la «incidencia» y la «prevalencia», las cuales miden aspectos distintos y complementarios de la ocurrencia de un problema de salud. Por su parte, la incidencia examina casos nuevos dentro de una población y un período de tiempo determinado, por lo general un año (Pereda, 2016), mientras que la prevalencia considera la totalidad de los casos existentes.

En torno de la violencia contra las niñeces y adolescencias, se transitan a su vez dos caminos para caracterizar su frecuencia y conocer su magnitud. El primero se basa en el análisis de registros institucionales provenientes del ámbito judicial, de programas de asistencia a las víctimas o servicios de salud. El segundo utiliza encuestas a población general con el interrogante sobre las experiencias pasadas de abuso. Mientras los datos provenientes de programas describen la cantidad de casos denunciados o detectados por alguna institución, los datos obtenidos a través de encuestas abren el panorama a un conjunto más amplio. En términos epidemiológicos, el tipo de dato obtenido por un programa puede ser presentado como un estudio de “incidencia”, en tanto registra el número de casos nuevos que son denunciados o detectados por las instituciones en una población y tiempo determinado.

En el caso argentino, si bien no se dispone de un organismo oficial que sistematice los datos provenientes de distintas instituciones (Thourte y Wachter, 2019), existen distintos registros y algunos de ellos están sistematizados, como, por ejemplo, los datos del Programa nacional Las Víctimas Contra Las Violencias, creado en 2006 en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el objetivo de brindar contención, asesoramiento y asistencia a víctimas de violencia familiar y sexual en situaciones de emergencia y urgencia. En el período octubre 2020 y septiembre de 2021, el total de víctimas registradas en consultas por violencia familiar en el programa fue de 14.954 (Ministerio de Justicia de la Nación - unicef, 2021). Casi la mitad de esas víctimas eran niñas, niños y adolescentes (48,7 %) y casi 2 de cada 3 eran de sexo femenino. En el caso de la violencia sexual, 6 de cada 10 víctimas registradas eran niñas, niños o adolescentes; y al calcular el promedio de los distintos subgrupos etarios (0-5 años, 6-11 años; 12-17 años), el género femenino es casi cuatro veces superior que el masculino en lo que refiere a víctimas. Con respecto al lugar de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, un 36,2 % sucedió en el hogar y un 27,6 % de los casos sucedieron en entornos digitales (redes sociales y/o aplicaciones de mensajería instantánea). El 81,1 % de los/as agresores/as eran de género masculino y el 74,2 % eran del entorno cercano de la víctima (56,5 % familiares y 17,7 % conocidos no familiares).

Si bien con estos datos diríamos que la violencia sexual afecta primordialmente a niñas y adolescentes del género femenino, y que los agresores son mayoritariamente varones conocidos para la víctima, los datos obtenidos por un programa de asistencia como el que aquí recuperamos, al igual que los datos obtenidos por el sector salud o la administración de justicia, no representan una muestra probabilística dado que se asocian a una población y período de tiempo determinado, por lo cual no existe forma de generalizar esos datos al conjunto de la población. La falta de sistematización y registro oficial de datos sobre violencia sexual hacia niñeces y adolescencias es una problemática que obstaculiza el análisis de la frecuencia y magnitud de la misma.

Un aspecto decisivo al analizar datos provenientes de programas o instituciones es tener presente esta cuestión del subregistro, problemática que representa un gran obstáculo en los estudios epidemiológicos de la victimización sexual. Si bien todas las violencias están subregistradas, la violencia sexual lo es en mayor medida porque forma parte del repertorio de tabúes sociales más potente de nuestras sociedades. Las víctimas suelen estar presionadas para mantener en secreto lo sucedido, envueltas en circuitos de extorsión y manipulación, especialmente cuando los perpetradores son de su entorno cercano (unicef, 2017). Las sanciones criminales que conlleva realizar la denuncia, el temor a sufrir represalias si hablan de lo que les ha pasado, el sentimiento de culpabilidad de la víctima por lo ocurrido, la vergüenza que experimenta la víctima al relatar lo sucedido y la creencia de que nadie puede ayudar aparecen también entre las razones que explican los bajos niveles de denuncia ante las autoridades (ops, 2017; Goldman y Padayachi, 2000, en Pereda, 2016).

Para tener una aproximación más precisa de la magnitud de la violencia sexual desde el ámbito de la investigación se comenzaron a realizar encuestas a conjuntos poblacionales sobre abusos sexuales vividos, más allá de que haya sido denunciado o detectado por una institución (Finkelhor y Hotaling, 1984; López et al., 1995; Bringiotti et al., 2015). Estos estudios miden la prevalencia y dan cuenta de forma más precisa el porcentaje de violencia sexual en una sociedad. La prevalencia de victimización sexual indica el número de individuos de una determinada población adulta que reconoce haber sufrido abuso sexual a lo largo de su niñez y adolescencia (López, 2020; Pereda, 2016).

A nivel internacional, este tipo de estudio tiene como hito la encuesta que realizaron Finkelhor y Hotaling en Estados Unidos (1984) y el posterior análisis de las tasas de prevalencia provenientes de encuestas realizadas a población adulta de 18 países, incluyendo 10 muestras nacionales probabilísticas. En ese análisis pionero de comparación a nivel internacional, Finkelhor (1994) afirma que la prevalencia de abuso sexual en la niñez tenía tasas que iban desde el 7 % al 33 % para las mujeres y entre el 3 y el 15 % para los hombres.

Estudios posteriores en otros países identificaron prevalencias concordantes. En 1995 se realizó en España un estudio con una muestra representativa de la sociedad española mediante muestreo aleatorio estratificado proporcional (López et al., 1995) y los resultados documentaron una prevalencia de abusos sexuales antes de los 17 años del 19 % (15 % de los varones y 22 % de las mujeres).

En el caso argentino el primer estudio de prevalencia se efectuó sobre una muestra representativa de estudiantes de universidades públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires (Bringiotti y Raffo, 2010) y registró una prevalencia de abuso antes de los 19 años del 9 %, casi un 12 % para mujeres y un 6 % para varones. Para el 56% el abuso fue una situación sostenida en el tiempo. En el 75 % de los casos el abuso sucede en un lugar habitual para la víctima y en el 68% de los agresores tenía relación directa con la víctima. Con respecto a la ayuda recibida, el 62 % no pidió ayuda, un 22 % habló del tema y recibió algún tipo de ayuda y un 16 % solicitó ayuda pero no la recibió o fue inadecuada (Bringiotti et al., 2015). Posteriormente, realizaron el mismo estudio en población general en Ciudad de Buenos Aires y la prevalencia subió al 13,5 %, con un 18 % en mujeres y un 9 % de varones. En este estudio identificaron porcentajes similares en función del nivel socioeconómico, echando por tierra un mito persistente de que el abuso sólo ocurre en familias de clases bajas.

Los estudios más recientes, realizados en población general con muestras representativas en distintos países, ratifican la magnitud de la problemática. En los últimos quince años se han realizado tres estudios de metanálisis, cuyos resultados han arrojado conclusiones similares al medir la prevalencia de abuso sexual, con o sin contacto físico, antes de la mayoría de edad. A partir de la revisión de 65 artículos, publicados entre 1965 y 2006, con muestras de 22 países distintos, Pereda et al. (2009) concluyen que un 19,7 % de las mujeres y un 7,9 % de los varones manifiesta haber sido víctima de alguna forma de abuso o agresión sexual. Luego de analizar 217 trabajos provenientes de los cinco continentes, publicados entre 1980 y 2008, Stoltenborgh et al. (2011) registran una prevalencia del 18 % en las mujeres y del 7,6 % en los varones en la niñez. El tercer metanálisis, en base a publicaciones entre 2002 y 2009, seleccionó 55 estudios provenientes de 24 países y concluyó que un 15 % de las mujeres y un 8 % de los varones han sido víctimas de abusos sexuales (Barth et al. 2014, en Pereda 2016).

En América Latina y el Caribe, a partir de una revisión sistemática de los estudios publicados entre 2015 y 2021, la prevalencia promedio estimada de la violencia sexual contra adolescentes de entre 13 y 17 años es del 14 % (Fry et al., 2021). Si bien la violencia sexual es la violencia menos medida en las encuestas de los países de la región, los datos de la revisión sistemática confirman que las niñas y adolescentes mujeres reportan haber experimentado más violencia sexual que los hombres y el agresor con mayor frecuencia es un varón.

Este tipo de estudios confirman no solo la magnitud de la problemática sino también la desigualdad de género que la define. Estudios en más de 40 países de altos y bajos ingresos afirman que las niñas y adolescentes mujeres suelen informar tasas entre 2 y 3 veces más altas que sus pares varones (unicef, 2017; ops, 2017). En los países en los que hay información disponible, 9 de cada 10 situaciones de abuso fueron perpetradas por un hombre, ya sea familiar, cercano o conocido para la niña, niño o adolescente (unicef, 2018).

Si los datos registrados por los organismos oficiales señalan la punta del iceberg del problema, porque indican solo la porción de casos que ha llegado a registrarse, las encuestas a población general echan algo de luz sobre sobre la magnitud de la problemática. A partir del metanálisis de datos mundiales, Stoltenborgh et al. (2011) afirma que la prevalencia de abuso sexual registrado a través de encuestas a población general resulta 30 veces más alta que el que señalan los informes oficiales a partir de los datos judiciales o de programas de asistencia y protección a las víctimas.

A partir de la irrupción de la pandemia por covid-19, se realizaron estudios que documentaron las situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes a partir del análisis de los datos de programas de asistencia. En Argentina, la Línea 102, servicio de atención especializado en la escucha, contención y orientación para la promoción, protección y difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, recibió 38.619 llamadas entre enero y septiembre de 2020 (sennaf, 2020). Abril y mayo fueron los meses en los que se registró la mayor cantidad de demanda, coincidiendo con el inicio del período más estricto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (aspo). Del total de esas llamadas, el 9,5 % (1388 casos) fueron por motivos vinculados al abuso sexual infantil, siendo éste el sexto motivo por el cual se solicitó asesoramiento, de los cuarenta que clasificó la Línea (sennaf, 2020). Durante el periodo 2020-2021, las consultas al Programa Las Víctimas Contra Las Violencias aumentaron un 15 % respecto al periodo anterior (2018-2019), y se incrementaron considerablemente las consultas realizadas por niñas, niños y adolescentes. Con el inicio del aspo en marzo de 2020 se triplicaron los pedidos de ayuda realizados por niñas, niños y adolescentes a la línea 137, de asistencia y acompañamiento para víctimas de violencia familiar y/o sexual a través del mencionado programa. Entre las comunicaciones de violencia sexual realizadas por niñas, niños y adolescentes, se observa un incremento del 190 % entre 2019 y 2020.

Con esto dicho, vemos que el enfoque epidemiológico permite abordar la cuestión de la violencia sexual sobre niñeces y adolescencias a partir del estudio de la incidencia y prevalencia de esta problemática, a partir de la descripción de su frecuencia, para lo cual la noción de «riesgo» es clave en tanto remite a la probabilidad de que ocurra dicho evento. Si bien la probabilidad no está explicada ni formulada teóricamente y remite a una población o grupo determinado, otros usos de la noción de «riesgo» cobran relevancia, especialmente en el campo de las prácticas de intervención para evaluar casos individuales de sujetos específicos. Desde el campo de la antropología se ha cuestionado la utilización de esta categoría, en la cual se realiza un diagnóstico de riesgo y se formula una intervención en torno a la definición de un «futuro deseable» (Paz y Ramirez, 2019), para poner de relieve las condiciones sobre las que se aplica. Como veremos en el apartado relativo al enfoque antropológico, la crítica del concepto permite visualizar las contradicciones, disputas y engranajes en torno a la definición del riesgo, que conllevan intervenciones que muchas veces tienen implícitas postulaciones paternalistas y representaciones negativas sobre las familias y las mujeres a cargo del cuidado.

Enfoque terapéutico

Estos estudios fueron pioneros en el campo de la investigación sobre la problemática, a partir de la iniciativa de profesionales de la pediatría, la psicología y la psiquiatría. Si bien existen antecedentes en el campo de la medicina forense en la segunda mitad del siglo xix, son las décadas del cincuenta y del sesenta del siglo xx el período en el cual en la pediatría, apoyada por los avances de la radiología, agrupa un conjunto de síntomas bajo el término battered child syndrome, a partir de los trabajos de Kempe y Silverman (Francia Reyes, 2003), para referirse a una condición clínica en niñas y niños pequeños que recibieron abusos físicos graves (Kempe et al., 1962). Desde la definición de dicho síndrome, traducido al español como «síndrome del niño apaleado», se sucedieron cambios que ampliaron la problemática bajo el término «maltrato infantil», el cual comenzó a incluir también negligencias, agresiones emocionales y sexuales (Grinberg, 2010). En el ámbito argentino, desde comienzos de la década del sesenta, estas perspectivas entran en circulación y son reelaboradas localmente a partir del trabajo de pediatras, psicólogos y psicoanalistas (Grinberg, 2015).

En Argentina es amplia la experiencia acumulada de programas de asistencia a víctimas de violencia sexual como así también es fecunda la producción teórica (Giberti, 2015; Volnovich, 2018; Toporosi, 2018; Bringiotti, 2001). A modo de ejemplo podemos mencionar el sostenimiento a lo largo del tiempo del Programa nacional Las Víctimas Contra Las Violencias desde su creación en el 2006 hasta la fecha. Para favorecer la detección y establecer lineamientos para un abordaje integral, en las últimas dos décadas se multiplicaron los protocolos a nivel nacional y provincial y se avanzó en la confección de propuestas intersectoriales. Desde el sector asistencial, educativo y judicial se confeccionan protocolos de actuación, guías prácticas y hojas de ruta, en las cuales se distingue el rol de cada institución en el marco del mandato normativo de la «corresponsabilidad», de la tarea de actuación coordinada entre organismos de distintos niveles y poderes del Estado y organizaciones de la sociedad civil ante vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes.

A partir del trabajo clínico-terapéutico, la sistematización de programas de asistencia y la realización de investigaciones, se destacan el análisis y la producción teórica en torno a temas como la dinámica de la violencia, el estado de desvalimiento de las víctimas, los procesos psicoterapéuticos, la revelación y los efectos en las víctimas.

Una de las formulaciones que más se ha popularizado sobre las dinámicas de la violencia refiere a las experiencias de mujeres víctimas de violencia bajo el concepto de círculo de la violencia (Walker, 1979). Las cuatro fases que conforman el ciclo de la violencia son: 1) fase de calma, 2) fase de tensión, en la cual el varón acumula enojos y humilla a la mujer, quien intenta calmarlo; 3) fase de agresión, sucede la explosión y descarga de la agresividad acumulada sobre la víctima, quien puede decidirse a pedir ayuda o realizar una denuncia; y 4) fase de conciliación o luna de miel, se suspende la violencia y comienza un pedido de arrepentimiento donde el varón promete que no volverán a suceder episodios similares y la mujer cree en ese cambio. Entre los aportes de esta formulación, se resalta la importancia de la comprensión del ciclo para evitar frustraciones y enojos de quienes acompañan o brindan algún servicio de asistencia médica, psicológica y/o administración de justicia ante las vicisitudes en torno a la realización de la denuncia y su sostenimiento. En el momento de conciliación puede suceder que, en el caso de que la mujer haya realizado la denuncia, se retracte.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, la dinámica de la violencia sexual tiene otras particularidades porque constituye una forma extrema de relación de desigualdad, la percepción de inescapabilidad es mayor y cobran mayor dimensión elementos vinculados a la manipulación psicológica y la imposición del secreto para entender cómo el abuso se cronifica y cuál es el proceso que puede transitar una niña, niño o adolescente para llegar a la revelación o develamiento de su situación. La práctica abusiva se define por la relación de asimetría de poder entre el perpetrador y la víctima, producto de una diferencia de rol, conocimiento y edad. El abuso sexual, si bien pueden remitir a un evento único, se caracteriza por ser una práctica que se sostiene en el tiempo a través de amenazas o manipulación por parte del agresor, por lo general una figura paterna. En estas últimas situaciones, en las cuales el agresor es un integrante de la familia, ya sea el padre, padrastro, tío, abuelo, hermano mayor, es más preciso hablar de «incesto» para visibilizar que los abusos sexuales son intrafamiliares (Giberti, 2015).

Para explorar estos procesos desde las experiencias y puntos de vista de vista de las mujeres que vivieron situaciones de abuso en su niñez o adolescencia, recuperamos del primer estudio de prevalencia realizado en Argentina el componente cualitativo, en el cual entrevistaron a un subgrupo de 40 personas de entre 18 y 65 años residentes en la ciudad de Buenos Aires (Bringiotti et al., 2015). Si bien las mujeres entrevistadas tenían diferentes niveles educativos y económicos, no se encontraron diferencias relevantes según dichos niveles en el relato o en el impacto de lo vivido. El 60 % no lo contó ni pidió ayuda, el 25 % habló y no recibió respuesta. Sólo en 6 de los 40 casos las mujeres hablaron y fueron escuchadas; y sólo en 2 oportunidades se generó una intervención judicial positiva. En este subgrupo, las mujeres habían sufrido, además del abuso sexual, situaciones previas de negligencia y abandono, por medio de las cuales las autoras observan una acomodación de las niñas en un rol de adulto. En los casos de abuso intrafamiliar se identifica una mayor dificultad para poder hablar acerca de lo vivido, debido a la situación de confusión y el proceso de atrapamiento en un ámbito de confianza (Bringiotti et al., 2015). Términos como acomodación y atrapamiento ponen de relieve la complejidad de la situación de abuso crónico que comenzaron a temprana edad, en la cual la niña o niño no cuenta con la capacidad de modificar la situación, razón por la cual se acomodan a ella para poder sobrevivir.

Una de las formulaciones sobre los procesos que transitan las niñas, niños o adolescentes víctimas de abuso es conocida bajo el término Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual Infantil (Summit, 1983, en Benatuil y Mattera 2021), en el cual se definen cinco etapas. Estas etapas son: 1) el secreto, muchas veces iniciado como un juego, promovido por un adulto de confianza, de quien la niña, el niño o adolescente no imagina que pueda ocasionarle daño; 2) la desprotección o indefensión sucede cuando se suman amenazas que provocan temor y pueden conducir al terror (“romper” la familia, lastimar a su madre o perder el cariño de ese adulto), generando un sentimiento de impotencia; 3) el atrapamiento y acomodación remite a la búsqueda de mecanismos de adaptación por parte de la víctima, quien siente que nunca saldrá de la situación; 4) el develamiento tardío o revelación retardada refiere al momento en el cual la niña, niño o adolescente logra romper el silencio y puede comenzar a hablar, y se enfrenta con dudas y rechazo de su relato; y 5) la retractación sucede cuando la víctima no recibe ayuda luego de la develación o percibe los cambios que ésta genera en su entorno y se retracta. Perrone y Nannini (2010) distinguen diferentes implicancias de la situación abusiva intrafamiliar en relación con el mantenimiento del sentido crítico y la capacidad de oponer resistencia al agresor. Los autores formularon la «Teoría del hechizo» para explicar el alto nivel de influencia ejercido por el adulto, el cual genera en la niña, niño o adolescente un estado similar al de un trance prolongado, por el cual el agresor logra confundir a su víctima y tiende a anular su sentido crítico y capacidad de rebelión. Esto no es excluyente con la existencia de otros casos de abusos sexuales intrafamiliares que puedan sustentarse bajo amenaza, en los cuales también pueden aparecer sentimientos de culpa y confusión en las víctimas, pero la víctima tiende a conservar su sentido crítico y tiene mayor capacidad para oponer resistencia.

El modo en el cual responden las figuras protectoras frente al develamiento, en particular las madres, es referido como uno de los factores clave en la recuperación de niñas, niños y adolescentes (López, 2020; Plummer, 2006, en Teubal et al. 2015; Faller, 2007, en Teubal et al., 2015). La figura materna ocupa un lugar en la cultura asociado a la crianza de los hijos, razón por la cual la protección suele recaer en las mujeres (Teubal, 2010). Como explica Teubal, este rol de cuidadoras principales ha servido como basamento sobre el cual se sostienen juicios negativos que las describen como responsables, cómplices o descreídas frente a los abusos de sus hijas o hijos; en contraposición aparecen caracterizaciones «positivas» que las conciben como víctimas secundarias. A partir de una investigación en la Ciudad de Buenos Aires sobre madres cuyas hijas padecieron episodios de incesto, Teubal y Fuentes (2016) analizan cómo la revelación de un incesto de una hija o hijo a su madre genera una situación crítica, en la cual se altera la configuración de su mundo y conlleva un cambio radical en la vida familiar. Durante el acompañamiento a sus hijas e hijos, las madres atraviesan intensas emociones que conllevan efectos traumáticos, en particular las autoras destacan el sentimiento de culpa en tanto también ellas son inevitablemente parte de la cultura que les recrimina su presunta incapacidad en la función materna. Especialmente en el caso de los abusos incestuosos, los efectos sobre las madres demandan que se las considere víctimas directas, al igual que sus hijas e hijos abusados (Teubal y Fuentes, 2010), si bien en el trabajo realizado por las autoras se observa que la mayoría de las madres se enfrentaron con sospechas de parte de las instituciones intervinientes hacia su persona en torno a su responsabilidad y culpabilidad, sospecha equivalente o aún mayor que la dirigida hacia los ofensores.

Cuando el abuso se devela por parte de una niña, niño o adolescente a un integrante de un equipo de salud u otra institución, si bien se logra quebrar la imposición del secreto, acción que puede ser pensada como romper un muro de silencio, Volnovich plantea que todavía continúa existiendo otro muro en tanto y en cuanto el abuso puede no ser reconocido por la familia y la justicia (Volnovich, 2018). Durante este proceso, Volnovich resalta la importancia del «sentimiento de retractación», por el cual las víctimas se sienten culpables, pueden desdecirse y buscar impedir que avance el trabajo de las instituciones, en particular del ámbito judicial.

Un elemento central es evitar la revictimización que pueden sufrir las víctimas y también sus familias por parte de los equipos de profesionales intervinientes en los casos. Para comprender su importancia es necesario distinguir la «revictimización» de la noción de «victimización primaria», que refiere al proceso por el cual una persona sufre daños físicos o psíquicos derivados de un hecho de violencia. La revictimización alude a vulneraciones en el modo en el cual las personas violentadas son atendidas por las instituciones. Puede suceder en distintas áreas de intervención (sanitario, educativo, judicial, etc.) o derivarse de la desarticulación entre las instituciones. Ejemplos de revictimización son cuando se duda del relato de la persona sobre lo vivido, cuando se solicita que narre lo vivido en reiteradas oportunidades o cuando hay demoras en los procedimientos de salud y restitución de derechos (msal, Guía práctica de abordaje integral ante situaciones de violencia sexual contra niñeces y adolescencias, 2022). Los maltratos de las instituciones a través de diferentes medidas pueden prolongar la experiencia traumática al carecer de dispositivos transversales de carácter interdisciplinario, interinstitucionales y comunitarios (Volnovich, 2018).

La singularidad de cada situación de abuso, del vínculo con el agresor y su cronificación o no, de la presencia o ausencia de adultos protectores, del modo en que intervienen las instituciones, da cuenta de la imposibilidad de pensar efectos homogéneos en lo que respecta a los efectos derivados de la violencia sexual (López, 2020). Si bien esta singularidad y la complejidad asociada a los factores intervinientes desaconseja describir consecuencias unívocas en la vida de niñas, niños o adolescentes, es extendido el consenso de que la violencia sexual es un hecho disruptivo con potencialidad traumática (msal, Guía práctica de abordaje integral ante situaciones de violencia sexual contra niñeces y adolescencias, 2022).

El modo en el cual actúan las instituciones es un elemento decisivo al pensar los procesos que viven las niñeces y adolescencias víctimas de violencia y las formas de tramitar lo vivido. Los bajos niveles de denuncia de la violencia sexual, los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a servicios de administración de justicia y el alto nivel de abandono de los procesos judiciales han sido objeto de análisis desde el campo de los estudios legales críticos. Una de las razones para explicar el bajo nivel de denuncia refiere a los estereotipos que pesan sobre las víctimas femeninas como «la provocadora», «la mujer demasiado susceptible», «la histérica delirante», «la vengadora», «la mujer que no sabe cuidarse» (Kennedy, 2017). Estos estereotipos contribuyen a desalentar las denuncias y se utilizan para generar dudas o sospechas sobre lo ocurrido. A pesar de la desconfianza sobre el testimonio de las víctimas, y especialmente de sus madres protectoras, la evidencia desmiente que las denuncias falsas representen un porcentaje significativo, tal como documentó para el caso argentino Berlinerblau (2004), a partir de la evaluación de 315 casos de sospechas de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes de entre 2 y 18 años de edad, realizada entre 1994 y 2000 en el Cuerpo Médico Forense. Solo 12 de los 315 casos, es decir el 3,4 %, representaban denuncias falsas, entendidas como abusos denunciados pero que no ocurrieron, entre los que se incluyen tanto casos en los que mediaron errores —a partir de, por ejemplo, la falta de conocimiento— como aquellos mediados por intenciones «deliberadas y maliciosas», que son, al fin y al cabo, las que hegemonizan los estereotipos que pesan sobre las víctimas femeninas. La maniobra de culpar a la víctima o desconfiar de su testimonio permite negar que el abuso sexual tiene la magnitud que tiene y mantiene el statu quo favorable a los hombres. Existe un interés masculino en mantener el orden de género vigente porque incluso los hombres que no abusan y no están dentro de ese patrón son beneficiados por estructuras y discursos que dominan la relación entre hombres y mujeres. Entre las razones para explorar el abandono de los procesos están las deficientes respuestas institucionales que encuentran las personas que acuden por ayuda, asistencia médica psicológica y sanción judicial. Inclusive quienes han sufrido una agresión juzgada como abuso sexual, recuperando el planteo de Kennedy (2017), muchas veces no encuentran ningún tipo de compensación luego de pasar por el sistema judicial. Por este tipo de razones se abren interrogantes sobre la capacidad de las instituciones policiales y judiciales para comprender en sus actuaciones la singularidad de cada situación y el estado de conmoción que atraviesan las niñeces y adolescencias víctimas de violencia sexual. Frente a la formalización de la denuncia de un delito o su sospecha, se inicia un proceso judicial, en el cual a partir de técnicas como la toma de declaración testimonial, la realización de pericias y la solicitud de informes (médicos, psicológicos, psiquiátricos, forenses) se obtienen pruebas para esclarecer los hechos y atribuir las responsabilidades; durante este proceso, la justicia dispone de un poder coercitivo con el auxilio de la policía. Las niñas, niños y adolescentes desconocen el accionar judicial y pueden tener sentimientos ambiguos cuando el agresor forma parte del entorno familiar (Rozansky, 2005). En las intervenciones judiciales emerge la tensión entre la niña, niño o adolescente como objeto de prueba en contraposición con su concepción como sujeto de derecho (Norry y Mattera, 2020), tensión que parece resolverse en la tendencia a investigar exclusivamente a la víctima como si fuera la única fuente de producción de prueba (Gerez Ambertín, 1998), y que puede derivar en escenarios de revictimización, como hemos mencionado.

Tal como adelantamos en la introducción, además de los enfoques hasta aquí analizados, hay otras líneas de investigación relevantes que abonan a la producción de conocimiento en torno a la problemática, como la relativa a los enfoques criminológicos. A partir de tests psicológicos, análisis de expedientes judiciales y entrevistas, se analizan las características de los agresores sexuales y se desarrollan estudios para identificar los factores de riesgo. Desde el enfoque criminológico se exploran distintas fuentes de riesgo, relativas a los riesgos personales, sociales y de oportunidad, a través de cuestionarios y la utilización de escalas (Redondo, 2015). En la década pasada comenzaron a realizarse, especialmente en países anglosajones y de Europa, investigaciones sobre los factores de riesgo de posibles agresores sexuales a partir de la realización de encuestas auto administradas en Internet a varones de población general, con un interés particular en el consumo de material de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes (Redondo, 2015). En los estudios sobre el agresor se ha ampliado el foco, usualmente centrado en el perfil psicológico, para examinar las dinámicas particulares de la situación, en las cuales la pregunta se desplaza del porqué del abuso hacia el qué, dónde, cómo, cuándo y quién. Esta perspectiva centrada en las dinámicas inmediatas de la situación brinda información sobre los modus operandi de los agresores (Cockbain y Reynald, 2016). A su vez, algunos países ofrecen programas de atención a personas con «problemas de pensamientos sexuales sobre niñas, niños y adolescentes», que colaboran con la prevención de la violencia sexual sobre niñeces y adolescencias, y con una mayor comprensión de los factores de riesgo en términos criminológicos. Estas iniciativas se encuentran en Canadá (Talking for Change), Reino Unido (Stop It Now!), Alemania (Kein Taeter Werden), Suecia (PrevenTell), Francia (Dispositif Stop) y Australia (Stop It Now), y se relacionan a su vez con programas de rehabilitación para prevenir la reincidencia de ofensores, presentes en el 26 % de los 60 países analizados en el informe global Out of the shadows (2022).

En contraposición con las perspectivas centradas en el sujeto, se destacan los estudios de Segato, quien plantea un modelo de comprensión de las violencias en el cual el abusador no debe ser pensado simplemente como efecto de patologías individuales. Al analizar los testimonios y las motivaciones de hombres encarcelados por haber sido perpetradores de ataques sexuales, Segato (2003) identifica en las prácticas abusivas el mandato de expropiación masculina del cuerpo de las mujeres. Para Segato la violencia sexual no tiene que ver con lo sexual sino con la restauración del poder, por eso destaca una libido orientada al poder y a un mandato vinculado con la reproducción del género como estructura histórica elemental de todo poder, en la cual la violación es entendida como un acto disciplinador y moralizador.

Enfoque antropológico

En el caso del enfoque antropológico se distinguen los estudios sobre las políticas, las prácticas y representaciones en torno a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. A partir de este centro de interés se identifican dos líneas de exploración complementarias. La primera examina y pone en discusión términos y conceptos que se suelen dar por descontado en la investigación e intervención sobre la temática; para llevar adelante esta tarea se realizan indagaciones en torno a los procesos de construcción y consolidación históricos de estos conceptos y su conversión en problemáticas sociales. La segunda línea aborda, por lo general desde el método etnográfico, el estudio de la administración cotidiana de las niñeces a partir del análisis de las prácticas burocráticas de las instituciones y las representaciones sobre las que se sustentan las intervenciones. Ambas líneas convergen en la producción de conocimiento crítico para desmontar presupuestos que definen los modos en los que utilizamos categorías heredadas y pensamos las prácticas institucionales.

En relación con la examinación de términos que reproducimos de modo automático, destacamos los aportes en torno a conceptos centrales a la presente revisión como «infancia» y «maltrato infantil». Autoras como Llobet (2019) explican cómo la reproducción automática de su uso como categoría naturaliza un ordenamiento social desigual atado a un criterio legal y epistemológico de corte etario. Este ordenamiento, presentado como si fuera algo esencial, fundado en la biología y la psicología, está impregnado de un carácter conflictivo propio del vínculo asimétrico y jerárquico entre la adultez y la niñez, y conlleva operaciones adulto-burocráticas auto-legitimantes (Magistris y Morales, 2019; Landeira et al., 2022). La infancia, concebida desde la carencia y la indefensión, se convierte bajo este planteo en un sujeto pasivo receptor de cuidado y formación (Villalta, 2020). En el caso de la Argentina esta concepción tiene profundas raíces históricas que han marcado la relación del Estado moderno con la infancia, cristalizadas en el Decreto-ley del Patronato, sancionado en 1919, que dio lugar al paradigma tutelar, en el cual los jueces de menores disponían de atribuciones ilimitadas para intervenir. Dicho paradigma retiene aún hoy categorías residuales como la consideración de las niñas, niños y adolescentes como «menores» (Mora, 2022) y objetos de intervención estatal, a partir de lo que Llobet llama una «institucionalización moralista del sufrimiento infantil» que insta a una intervención sobre la infancia de carga mesiánica (Llobet, 2019, p. 29).

Este abordaje salvacionista de la infancia, concebida desde una perspectiva adultocéntrica desde la cual es sinónimo de incompletud y sujeto en potencial, se vincula con la emergencia del término de “maltrato infantil" en la segunda mitad del siglo pasado. Como se adelantó en el apartado anterior, esta categoría emerge en Estados Unidos en la década de 1960, en el seno del ámbito médico, particularmente de la pediatría, para referir a violencias físicas y negligencias dirigidas hacia las niñeces. Con el correr de los años, el término se expandió primero hacia otros saberes del campo médico -como la psiquiatría- y luego hacia las ciencias humanas -psicoanálisis, historia, ciencias de la educación-, adquiriendo difusión y abarcando más comportamientos en su definición, como son las violencias psicológicas y sexuales (Grinberg, 2010). En este proceso histórico se observa una paulatina autonomización del término, el cual termina englobando las violencias físicas y psicológicas, las negligencias y el abuso sexual, dando forma a un nuevo campo de saber e intervención, que devino en un problema social prioritario en la agenda política internacional (Grinberg, 2010). Estas transformaciones de la categoría de “maltrato infantil” son pistas para comprender cómo se moldeó socialmente la concepción actual de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, juzgada en la actualidad como “un intolerable”, es decir, como una práctica que se sitúa por fuera de las normas legales y los límites morales aceptados en nuestras sociedades (Bourdelais y Fassin, 2005, en Grinberg, 2010).

Un hito en las transformaciones de la noción de “infancia” remite a la sanción de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) en 1989, la cual constituyó la adopción de nuevos sentidos en torno a la infancia y sus derechos. La Convención instituyó a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, dio vital importancia a su capacidad de agencia, reflexión, participación, y a su “interés superior”, y constituyó un discurso homogéneo y universal sobre la infancia. Homogeneizar a la infancia no sólo aísla a esta categoría de sus condiciones materiales de vida y tiempo histórico, sino que tiende a ubicar ciertas experiencias particulares -como es el caso de los niños de sectores populares o minorías étnicas- como receptoras de intervenciones correctivas y salvadoras (Villalta, 2020). Los enfoques antropológicos han cuestionado esta pretensión de universalidad y homogeneidad de la infancia y proponen pensarla como un constructo histórico-social para poder comprender la formulación de derechos, necesidades y políticas en contextos específicos (Villalta, 2020). En este marco, se restituye la dimensión plural e interseccional de la constitución de los sujetos al reconocer las condiciones de existencia, las políticas y las relaciones de edad, género, clase, nacionalidad o raza en las que es producida una cierta infancia (Llobet, 2019). Al interrogar la producción social de la infancia, toman especial interés los estudios sobre su carácter burocrático, en los cuales se analiza el despliegue de las intervenciones estatales (Landeira et al., 2022).

Con respecto a la segunda línea de exploración, relativa al análisis de las prácticas burocráticas de las instituciones y las representaciones sobre las que se apoyan las intervenciones, en la presente revisión priorizamos presentar un conjunto de herramientas conceptuales para desarmar una visión convencional sobre las transformaciones de las prácticas estatales por el mero cambio legislativo, y una selección de investigaciones etnográficas para documentar no solo los déficits de la acción estatal, sino también sus contradicciones y disputas.

La visión convencional presupone una concepción del Estado como una entidad homogénea y tiende a reducir las políticas a una aplicación mecánica y unívoca de las leyes (Villalta, 2020; Graziano y Grinberg, 2021). Estos supuestos toman aún más fuerza cuando se trata de analizar leyes que promueven cambios que se presentan como benévolos o humanitarios como la inclusión de las niñeces y adolescencias en la órbita de los derechos humanos (López, 2013). Por estas razones, el enfoque antropológico postula una visión relacional, situada e histórica de los derechos, a partir de la cual se puede interrogar los significados y apropiaciones locales de la expansión de la “gramática de derechos”, derivada de los principios de la Convención de los Derechos del Niño (1989), y observar los procesos que demanda el acompañamiento de un nuevo andamiaje institucional (Villalta, 2020).

En el caso argentino, al explorar la adecuación institucional es importante resaltar la sanción de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2005) y sus Decretos reglamentarios 415 y 416/2006. La Ley 26.061 compromete a diversas instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales a trabajar desde el mandato normativo de la corresponsabilidad, y da forma al Sistema de Protección Integral de Derechos, integrado por todos los organismos y políticas públicas nacionales, provinciales y municipales, el Poder Judicial y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niñeces y adolescencias. Según esta disposición, ante situaciones de violencia contra estos sujetos, las instituciones que forman parte del Sistema de Protección Integral deben brindar la asistencia y protección de derechos necesaria de manera coordinada. Estos cambios normativos constituyeron un paso en el ordenamiento y sistematización de las prácticas institucionales bajo un enfoque de derechos, marcando un punto de quiebre con el paradigma tutelar y fundando un nuevo paradigma asociado a la protección integral (Villalta y Llobet, 2015). El quiebre se postuló desde una intención por desjudicializar los casos de desprotección, al otorgar un tratamiento diferenciado a “niños víctimas de delitos” y “niños autores de delitos”, y por la crítica hacia la intervención focalizada en sectores populares y la internación de niñas, niños y adolescentes en instituciones como acción predominante en las intervenciones (Grinberg, 2010, p. 86).

Ahora bien, las políticas estatales no son una entidad monolítica, sino el resultado de las acciones de personas con trayectorias y representaciones heterogéneas, insertas en diversas tradiciones institucionales. El Estado, entendido como un campo de disputa, forma parte de entramados sociales, políticos y económicos, en el cual suceden apropiaciones locales y prácticas situadas en la construcción de los emergentes andamiajes institucionales, los cuales, lejos de ser lineales, están atravesados por tensiones y disputas (Villalta, 2020). Los paradigmas mencionados -el tutelar y el de protección integral- constituyen más bien maneras de comprender y abordar la intervención estatal en base a representaciones que nacen de contextos históricos distintos, pero no por ello son modelos cerrados, polarizados e irreconciliables. Por eso, en las prácticas cotidianas podemos hallar discursos y aplicaciones complejas que no pueden comprenderse en términos dicotómicos (Grinberg, 2010). Dentro del marco normativo los actores intervinientes disponen de un repertorio heterogéneo de acciones con la discrecionalidad asociada a sus marcos simbólicos, relacionales e institucionales, redefiniendo así los alcances y sentidos del Estado, y tensionándolos con sus objetivos manifiestos (Graziano y Grinberg, 2021).

Este cambio de paradigma y la adecuación legislativa y de organismos y prácticas a los principios de la Convención y de la Ley Nacional se fueron dando de manera dispar a lo largo y ancho del país (Villalta y Llobet, 2015). Un informe de unicef (2023) identifica en Argentina la superposición y ausencia de coordinación intersectorial entre las instituciones y los servicios del sistema de protección integral como una de las barreras para revertir las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La situación en Argentina presenta similitudes con otros países de la región de América Latina. Un relevamiento de la Red de Coaliciones Sur (2021) informa como elemento común de los sistemas nacionales de protección de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Argentina su debilidad estructural y la incapacidad de los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes para asumir la coordinación de los diferentes actores involucrados en los procesos de abordaje de la violencia sexual. Las respuestas asistenciales fragmentadas, las prácticas de atención revictimizantes, la falta de capacitación del personal en perspectiva de género y derechos, son algunos de los puntos críticos identificados en el relevamiento, coincidentes con los resultados de investigaciones en distintos países de la región.

Al reflexionar sobre los andamiajes institucionales emergentes es importante analizar, además de la identificación de los déficits de la acción estatal, las contradicciones, disputas y puja de intereses en torno a las transformaciones que las leyes promueven. Las investigaciones etnográficas sobre la cotidianeidad de las burocracias administrativas y judiciales, y sobre el modo en que en ellas se moldean clasificaciones y prácticas, permiten documentar un campo de acción estatal heterogéneo y contradictorio (Graziano y Grinberg, 2021; Villalta, 2020, 2021). Estas investigaciones prestan especial atención a las tensiones emergentes en la intervención estatal y a los sentidos que se ponen en juego en las prácticas institucionales, deteniéndose a revisar ciertas prácticas y categorías instituyentes del campo de intervención.

Villalta y Llobet (2015) analizan las acciones que se despliegan en la interrelación entre escuela, organismos de niñez y adolescencia, justicia y salud en las provincias de Mendoza y San Juan. En el estudio dan cuenta de frecuentes desplazamientos de responsabilidad por parte de áreas educativas ante casos considerados problemáticos por indicadores de violencia, descuido o negligencia, en los cuales se revelaban actitudes expulsivas en el ingreso o transcurso de la escolaridad o se los derivaban a otros organismos, en vez de generar estrategias de permanencia. También identificaron situaciones opuestas, en las cuales la escuela evitaba la continuación del caso dentro del sistema de protección por una tradición de falta de articulación con otros agentes, por desconocimiento del marco normativo (el cual establece la obligación de denunciar el maltrato infantil), por temor a realizar la denuncia (debido a una falta de amparo y resguardo judicial a quienes la llevan a cabo) o por la puesta en práctica de un trato diferencial dependiendo del caso que se presente. En relación con el área de salud, el estudio identifica el mantenimiento de una frecuente judicialización de casos que a veces podrían ser intervenidos desde lo administrativo, lo cual se puede sustentar en relaciones asiduas con el poder judicial y en una perspectiva particular del «riesgo» según indicadores físicos y emocionales que muchas veces suele derivar en sanciones morales a los responsables de las niñas, niños y adolescentes.

A partir de la asociación de indicadores físicos con la negligencia de parte de las familias, Grinberg (2010) reconstruye cómo las y los profesionales de la salud suelen realizar juicios morales y valoraciones estéticas de higiene y cuidado desde un posicionamiento de clase privilegiada, los cuales acaban funcionando como prueba habilitante de indagaciones revictimizantes e intervenciones focalizadas; estos juicios de valor movilizan factores explicativos como la «violencia naturalizada», categoría atribuida a la cultura y cotidianeidad de poblaciones particulares como inmigrantes pobres de países limítrofes. Estas representaciones y prácticas han logrado efectuar de maneras sutiles un pasaje de la «pobreza» hacia la «negligencia» y el «riesgo» como motivos de intervención (Villalta y Llobet, 2015).

El diagnóstico del «riesgo» es utilizado con frecuencia a partir de ciertas narrativas y representaciones que asocian algunas formas de crianza, maternidades y familias pobres con formas de maltrato (Landeira et al., 2022). De este modo, algunas intervenciones sobre las niñeces y adolescencias se dan desde una perspectiva salvacionista que opera solicitando la sanción a los tutores responsables, suponiendo una definición de «futuro deseable» y una autoridad epistémica que lo formula (Paz y Ramírez, 2019).

Villalta y Llobet (2015) plantean que la adopción de medidas excepcionales de protección de derechos (separación de niñas, niños y adolescentes de su medio familiar) se sustenta en situaciones consideradas de riesgo inminente o inmediato (como la presunción de abuso sexual intrafamiliar) o sobre la base del fracaso de anteriores y sucesivas intervenciones sobre la familia. En ambos casos suele hablarse de «incapacidad» de los integrantes de la misma para el cuidado de las niñeces, de «complicidad» (conocieran o no la situación), y de «alta de adherencia al tratamiento» propuesto como intervención previa. Atribuir el fracaso de las intervenciones a las familias, explican las autoras, da cuenta de una falta de revisión de las propias prácticas de profesionales, de su calidad y del lugar desde el que son formuladas. De este modo, la medida excepcional es utilizada como un recurso coactivo y pedagógico, por el cual se espera modificar las conductas, o como un recurso salvacionista, por medio del cual se aspira un cambio en el destino de las niñas, niños o adolescentes bajo intervención (Villalta y Llobet, 2015, p. 178). Muchas veces los diversos agentes intervinientes se rigen por modelos de género que atribuyen la responsabilidad por la crianza casi exclusivamente a la madre y, así también a la abnegación maternal, sin considerar los recursos sociales y redes de apoyo con los que cuentan, sosteniendo representaciones negativas sobre las familias pobres y asistidas por el Estado. La asignación genérica del mandato de cuidado a las mujeres se constata también en el análisis de las narrativas de profesionales que trabajan en programas de protección en la región de la Araucanía, Chile, donde aparece una concepción estereotipada de los roles de género, con una sacralización de la maternidad y la carga de responsabilidad asignada a las madres (Sanhueza-Díaz, 2022).

La reflexión sobre las niñeces y adolescencias cobró especial importancia durante las medidas de restricción de circulación impuestas durante la pandemia por covid-19. Niñas y niños fueron construidos inicialmente como presuntamente «inmunes», subvirtiendo la narrativa que las y los construye cotidianamente como vulnerables y a los adultos como protectores, pasando luego a una lectura de las niñeces como vectores de riesgo, lo cual derivó en su confinamiento como política sanitaria central (Landeira, Llobet y Zuker, 2022). De este modo, niñas, niños y adolescentes quedaron, más que nadie, en reclusión en el espacio privado doméstico, lejos de todo espacio institucional, condicionando las prácticas de cuidado y aumentando los números de víctimas de violencia intrafamiliar. Villalta y Llobet (2020) identificaron en esta época graves dificultades en el trabajo en territorio y en los circuitos interinstitucionales dentro de lo que refiere a estrategias institucionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

A partir de estas investigaciones etnográficas se identifica la necesidad de que las distintas áreas de políticas públicas articulen e instrumenten «circuitos legítimos de acción que logren revertir los sistemas de clasificación que subyacen a las prácticas institucionales» (Villalta y Llobet, 2015, p. 174). El cuestionamiento a la supuesta homogeneidad del aparato estatal demanda considerar una aplicación diferenciada local e institucionalmente, y allí radica uno de los aportes del enfoque antropológico para repensar las intervenciones sobre niñeces y adolescencias. Del mismo modo, el cuestionamiento de la pretensión de universalidad de la infancia nos permite atender tanto a las particularidades de las niñeces entendidas socioespacial e históricamente como a las intervenciones focalizadas que se efectúan sobre determinadas poblaciones, como son las familias pobres o inmigrantes de países limítrofes.

Por medio de los estudios etnográficos se visibiliza la politicidad que se oculta detrás de la construcción de categorías en el campo de las niñeces y adolescencias y se ponen de relieve las apropiaciones locales que se realizan de las políticas estatales. Si bien hay un consenso generalizado en la lectura del maltrato infantil como un problema social «intolerable», el mandato normativo de la “corresponsabilidad” se tensiona al observar el repertorio heterogéneo de acciones que las y los profesionales que trabajan brindando asistencia y protección disponen a partir de sus marcos simbólicos, relacionales e institucionales.

Conclusiones

La presente revisión narrativa pone de relieve que disponemos tanto a nivel global como regional y nacional de una variada y robusta evidencia proveniente de diversas fuentes y campos disciplinares.

La revisión realizada aspira a facilitar el tránsito entre los diversos conocimientos sobre la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias al comprender que su especificidad responde a funciones o necesidades diferentes. La presentación de los antecedentes agrupados en enfoques puede conducir a una imagen errónea de los estudios como compartimentos estancos o antagónicos. Si bien en cada enfoque identificamos temas que le son propios, como el estudio de la frecuencia de la violencia en el enfoque epidemiológico, los procesos de recuperación del trauma en el enfoque terapéutico o el examen crítico de las categorías que usamos irreflexivamente en el enfoque antropológico, se distingue un eje que atraviesa el interés de los tres enfoques. El eje institucional aparece de modo significativo en los tres enfoques, a partir de los cuales es posible iluminar aspectos complementarios de la problemática. Los estudios de incidencia y de prevalencia registran una brecha entre la solicitud de ayuda y el acceso efectivo a servicios de asistencia en las experiencias de las personas que han vivido situaciones de abuso en la niñez y adolescencia, así como una insuficiencia de registros oficiales y sistematizados para medir las variables que atañen a esta problemática. Los estudios terapéuticos ponen especial atención en la cuestión de la revictimización institucional, razón por la cual enfatizan la importancia de pensar el proceso de recuperación en la interrelación socio terapéutica jurídica. Los estudios antropológicos son quienes brindan más elementos para explorar el eje institucional: los alcances y sentidos diversos de la intervención estatal abren la pregunta por los modos en los que la aplicación de las políticas de protección van y vienen entre la restitución de derechos y las prácticas revictimizantes, a partir de la fragmentación del sistema integral de protección, la falta de capacitación profesional, y las representaciones que las y los profesionales tienen acerca de modelos de crianza, de género y de niñeces y adolescencias deseables.

Si bien estos conocimientos dan cuenta de un persistente proceso de visibilización de la problemática en el campo de la investigación, también sabemos que el develamiento y la denuncia son desalentadas tanto por las sociedades como por sus instituciones, colaborando de manera profunda con el silenciamiento del problema. Se trata de una violencia que ocurre mucho más de lo que se devela, en la cual un reducido porcentaje de quienes lo han padecido pide ayuda o lo denuncia; incluso quienes han denunciado muchas veces no encuentran algún tipo de compensación luego de transitar por las instituciones de asistencia y administración de justicia.

El recorrido realizado desmiente que la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias se trate de un hecho atípico, relativo a unos pocos agresores y unas pocas víctimas. Los estudios epidemiológicos, efectuados en distintas partes del mundo, permiten afirmar que la violencia sexual hacia las niñeces y adolescencias es un problema extendido que suele afectar a una de cada cinco mujeres y a uno de cada trece varones (Pereda, 2020). A pesar de la abrumadora evidencia que hay y que presentamos en este artículo de manera sintética, persiste una resistencia social a reconocer y aceptar la magnitud que esta «intolerable» problemática tiene.

Para contribuir con la visibilización de la problemática es importante abonar a la construcción de un espacio interdisciplinario para comprender la complejidad de este tipo de violencia en sus distintas dimensiones y facetas (Volnovich, 2018). En torno al abordaje del abuso sexual existe un consenso sobre la necesidad de la integración interdisciplinaria e interinstitucional, indispensable para poder tejer una red entre equipos y servicios de distintas instituciones que tengan la capacidad de sostener a la niña, niño o adolescente víctima de violencia y a su familia. Esta integración interinstitucional también es un poderoso antídoto para evitar cruzadas personales, sobre-involucramientos y acciones mesiánicas, tal como advierte Visir (en Sanhueza, Tesone y Viar, 2015).

La interdisciplina, que suele ser un discurso muy pronunciado pero poco ejercitado, es un desafío que nace, como plantea Stolkiner (1987), «de la incontrolable indisciplina de los problemas», los cuales rebalsan cualquier encasillamiento. Continuando con el argumento de Stolkiner, estos no se presentan como objetos estáticos e inmutables, sino como demandas complejas que se construyen social e históricamente como problemáticas sociales. Es una tarea ardua avanzar en un diálogo entre enfoques y saberes sin subordinaciones ni soberbias, retomando la expresión de Llovet y Ramos (1995), para «potenciar recíprocamente las capacidades de conocer e intervenir».

A lo largo del artículo hemos aprehendido cómo los distintos enfoques pueden contribuir con políticas de prevención de las violencias a partir de la producción de saberes y evidencias. Las conexiones entre los enfoques abren caminos fecundos para que la investigación y los análisis críticos sean insumos de propuestas que contribuyan con la construcción de respuestas sociales que logren atender y proteger los derechos de quienes solicitan ayuda y buscan justicia.

Referencias bibliográficas

Batista, M. K. B.; Gomes, W. D. S. y Villacorta, J. A. M. (2022). Abuso Sexual Contra Crianças: Construindo Estratégias De Enfrentamento Na Atenção Primária À Saúde Em Um Município Da Região Metropolitana Do Recife. Saúde Em Debate, 46(5), 208-220. Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. https://www.scielo.br/j/sdeb/a/vwbB75BZDcrTx3V4Qj84pHB/

Barth, J., Bermetz, L.; Heim, E.; Trelle, S., y Tonia, T. (2014). The current prevalence of child sexual abuse worldwide: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Public Health, 58(3), 469-83. doi:10.1007/s00038-012-0426-1

Benatuil, D. y Mattera, F. (2021). Abuso sexual infantil. Identificación, develación e intervención psicojurídica. Enciclopedia Argentina de Salud Mental. 6.ta Edición. http://www.enciclopediasaludmental.org.ar/mobile/trabajo.php?idt=132&idtt=92#notas

Berlinerblau, V. (2004). El «Backlash» y el abuso sexual infantil. Reacción negativa y violenta contra profesionales que trabajan en el campo de la Protección de la Infancia. Querencia, (7).

Bonita, R.; Beaglehole, R., Kjellström, T. (2008). Epidemiología básica. Organización Panamericana de la Salud. https://iris.paho.org/handle/10665.2/3153

Bringiotti, M. I. (2001). Maltrato infantil. Paidós.

Bringiotti, M. I. y Raffo, E. R. (2010). Abuso sexual infanto juvenil. Prevalencia y características en estudiantes universitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Revista de Derecho de Familia, 46, 293- 305.

Bringiotti, M. I., Del Duca, C. y Guillem, M. F. (2015). Prevalencia del abuso sexual infantil. En: Bringiotti (Comp.) Abuso y maltrato en la infancia y adolescencia: investigaciones y debates interdisciplinarios. Lugar Editorial, pp. 69-97.

Cockbain, E., Reynald, D. M. (2016). Introduction to the special edition «Child sexual abuse: analysis and intervention». Crime Sci, 5(4), 1-3.

doi: https://doi.org/10.1186/s40163-016-0052-y

Código Civil y Comercial de la Nación. (2015). Buenos Aires: Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Duarte, T.; Patias, D. y Hohendorff, J. (2022). Crenças de Professores sobre Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Psico-usf, 27(4), 635-648.

doi: https://doi.org/10.1590/1413-82712022270403

Finkelhor, D. y Hotaling, G. (1984). Sexual abuse in the Nacional Incidence Study on Child Abuse and Neglect: An appraisal. Child Abuse and Neglect, 8(1), 23-32.

Finkelhor, D. (1994). The international epidemiology of child sexual abuse, Child Abuse & Neglect, 18(5), 409-417. doi: https://doi.org/10.1016/0145-2134(94)90026-4

Francia Reyes, M. E. (2003). Maltrato infantil: Un problema de todos. Revista Cubana de Medicina General Integral, 19(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252003000100009&lng=es&tlng=es

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - unicef (2017). A Familar Face. Violence in the lives of children and adolescents. unicef. https://data.unicef.org/resources/a-familiar-face/

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - unicef (2018). inspire Indicator Guidance and Results Framework Ending Violence Against Children: How to define and measure change. UNICEF. https://www.unicef.org/media/66896/file/INSPIRE-IndicatorGuidance-ResultsFramework.pdf

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - unicef (2023). Votá por la infancia. Diez desafíos centrales de la niñez y la adolescencia en Argentina. Propuestas para su abordaje. https://www.unicef.org/argentina/media/19396/file

Fry, D.; Padilla, K.; Germanio, A.; Lu, M., Ivatury, S., y Vindrola, S. (2021). Violencia contra niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe 2015-2021: Una revisión sistemática. Resumen ejecutivo. unicef.

Gerez Ambertín, M. (1998). Las voces del superyó. Manantial.

Giberti, E. (2015). Abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Un daño horroroso que persiste al interior de las familias. Noveduc.

Graziano, F., y Grinberg, J. (2021). La administración de la infancia y la adolescencia hoy. Cuadernos De antropología Social, (53), 7-19.

doi: https://doi.org/10.34096/cas.i53.10177

Grinberg, J. (2010). De «malos tratos», «abusos sexuales» y «negligencias». Reflexiones en torno al tratamiento estatal de las violencias hacia los niños en la ciudad de Buenos Aires. En Villalta, C. (Comp.) Infancia, justicia y derechos humanos. Universidad Nacional de Quilmes, pp. 73-108.

Kennedy, D. (2017). Abuso sexual y vestimenta sexy. Cómo disfrutar del erotismo sin reproducir la lógica de la dominación masculina. Siglo XXI.

Kempe, C. H.; Silverman, F. N.; Steele B. F.; Droegemueller, W.; Silver, H. K. (1962). The Battered-Child Syndrome. Jama, 181(1), 17–24.

doi: 10.1001/jama.1962.03050270019004

Lavigne, L. (2009). La regulación biomédica de la intersexualidad. Un abordaje de las representaciones socioculturales dominantes. En Cabral, M. (Ed.), Articulaciones. Escrituras de la intersexualidad en castellano. Interdicciones, pp. 51-70.

López, F. (2020). Abusos sexuales. Familia, 58, 133-148. https://conacmi.org/wp-content/uploads/2021/04/ABUSOS-SEXUALES-FLS..pdf

López, F., Carpintero E., Hernández, A., Martin, M. J., y Fuertes, A. (1995). Prevalencia y consecuencias del abuso sexual al menor en España. Child Abuse y Neglect, 19(9), 1039-1050.

López, A. L. (2013). «Proceso de reforma legal e institucional en materia de infancia: una historia de tensiones entramadas» en Chaves, M. y Fidalgo Zeballos, E. (Coord.). Políticas de infancia y juventud: producir sujetos y construir Estados. Espacio Editorial, pp. 13-28.

Landeira, F. P., Llobet, V. y Zuker, L. F. (2022). Una aproximación conceptual desde América Latina para el estudio de las infancias contemporáneas. Raigal, (8), 29-41. https://raigal.unvm.edu.ar/ojs/index.php/raigal/article/view/412

Llobet, V. S. (2019). Las investigaciones en infancia y algunos desafíos para la política y la intervención. En: Barcala, A. y Poverene, L. (compiladoras) Salud Mental y Derechos Humanos en las infancias y adolescencias: Investigaciones actuales en Argentina. Universidad Nacional de Lanús, pp. 27-32.

Llovet, J. y Ramos, S. (1995). Hacia unas ciencias sociales con la medicina: obstáculos y promesas. En: Hardy, M.; Duarte Osis, M. J.; Rodriguez Crespo, E. (Comps.), Ciências sociais e medicina. Atualidades e perspectivas latino-americanas. Cemicamp.

Magistris, G. y Morales, S. (2019). Hacia un paradigma otro: niñxs como sujetxs políticxs co-protagonistas de la transformación social. En Magistris, G. y Morales, S. (compiladorxs) Niñez en movimiento: del adultocentrismo a la emancipación. Editorial Chirimbote, pp. 23-47.

Ministerio de Salud de la Nación, msal (2022). Guía práctica de abordaje integral ante situaciones de violencia sexual contra niñeces y adolescencias. https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/saludsinviolencias/files/2022/12/guia_ninez_merged.pdf

Ministerio de Justicia de la Nación - unicef (2021). Un análisis de los datos del programa «Las víctimas contra las violencias» 2020-2021, N.º 9. unicef y Ministerio de Justicia de la Nación. https://www.unicef.org/argentina/media/12506/file/Factsheet%20Nro.9%20-%20Serie%20Violencia%20contra%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes.pdf

Mora, B. (2022). Del paradigma tutelar al paradigma integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En: Mora, B. (2022) Protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes en la intervención policial. Ministerio de Seguridad de la Nación, pp. 19-25.

Norry, C. y Mattera, M. (2020). Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de abuso sexual y proceso judicial Sujeto de derecho vs. objeto de prueba. Editorial Jusbaires.

Organización Mundial de la Salud - oms (2009). Prevención del maltrato infantil: Qué hacer y cómo obtener evidencias. oms.

Organización Panamericana de la Salud - ops (2017). inspire. Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. ops.

Out of the shadows - Índice global 2022 (2023). Economist impact. https://cdn.outoftheshadows.global/uploads/documents/OOS_Index_Global_Report_2022_SP_2023-02-08-175000_hdoq.pdf

Parada, H.; Sánchez-Morales, D.; Escobar-Olivo, V.; Recinos, E. y González, A. R. (2023). Explorando el sistema de protección de la niñez en El Salvador. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 21(1), 1-24.

doi: https://doi.org/10.11600/rlcsnj.21.1.5593

Paz, A. y Ramírez, C. (2019). Riesgo(s) en disputa: el poder de definir el futuro deseable. En: Fundación Soberanía Sanitaria (Comps. y Eds.) Salud feminista: soberanía de los cuerpos, poder y organización. Tinta Limón, pp. 89-100.

Pereda, N.; Guilera, G.; Forns, M., y Gómez-Benito, J. (2009). The international epidemiology of child sexual abuse: a continuation of Finkelhor (1994). Child Abuse & Neglect, 33(6), 331-342. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19477003/

Pereda, N. (2016). ¿Uno de cada cinco? Victimación sexual infantil en España. Papeles del Psicólogo, 37(2), 126-133.

Perrone, R. y Nannini, M. (2010). Violencia y abusos sexuales en la familia: una visión sistémica de las conductas sociales violentas. Paidós.

Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia - enia (2018). Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia: lineamientos para su abordaje institucional. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Red de Coaliciones Sur - Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia (2021). Diagnóstico nacional sobre violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. https://www.colectivoinfancia.org.ar/wp/wp-content/uploads/2021/11/Diagn%C3%B3stico-nacional-sobre-violencias-sexuales-contra-NNA.pdf

Redondo, S. (2015). El origen de los delitos. Tirant Humanidades.

Rozansky C. A. (2003). Abuso sexual infantil. ¿Denunciar o silenciar? Ed. B. Argentina S.A.

Sanhueza-Díaz, L. O. (2022). Narrativas de profesionales en torno a las intervenciones con madres de niños(as) abusados sexualmente en Araucanía, Chile. Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención social, (34), 271-286.

doi: 10.25100/prts.v0i34.11566

Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género, entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Prometeo.

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, sennaf (2020). Informe de llamadas a las líneas provinciales de atención especializada en derechos de niñas, niños y adolescentes. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/0168_-_linea_102_-_publicacion_cuantitativa_de_mar_a_sep_2020_01-12.pdf

Stolkiner, A. (1987). De interdisciplinas e indisciplinas. En: Elichiry, N. (Comp). El niño y la escuela. Reflexiones sobre lo obvio. Ed. Nueva Visión, pp. 313-315.

Stoltenborgh, M. A.; Van Ljzendoorn, M. H.; Euser, E. y Bakerman-Kranenburg, M. J. (2011). A global perspective on child sexual abuse: Meta-analysis of prevalence around the world. Child Maltreatment, 16(2), 79-101.

Teubal, R. (2010). Las madres frente al abuso sexual infantil intrafamiliar de sus hijos. ¿Son víctimas? Revista Trabajo Social, (9), 1-18. https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistraso/article/view/5280

Teubal, R.; Fuentes, E. y Ogly, M. (2015). Madres protectoras: el proceso de descubrimiento del abuso sexual familiar. En: Bringiotti, M. I. (Comp.) Abuso y maltrato en la infancia y adolescencia: investigaciones y debates interdisciplinarios. Lugar Editorial, pp. 134-165.

Teubal, R. y Fuentes, E. (2016). Las voces de las madres protectoras en su experiencia con el abuso sexual paterno-filiar de sus hijos. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,11(14), 74-81. https://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2016/11/14.-dossier-TEUBAL.pdf

Toporosi, S. (2018). En carne viva. Abuso sexual infantojuvenil. Editorial Topia.

Thourte, M. y Wachter, P. (2019). De la oscuridad a la luz: El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, un delito de instancia pública. Derecho de Familia, Abeledo Perrot, 90, 67-76.

Villalta, C. (2020). Derivas y debates: la conformación de un campo de estudios a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. En: Isacovich, P. y Grinberg, J. (Comps.). Infancias y juventudes a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: Políticas, normativas y prácticas en tensión. EdunPaz, pp. 15-26. https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/view/51/62/195-2

Villalta, C. (2021). Antropología de las intervenciones estatales sobre la infancia, la adolescencia y la familia. Cuadernos de antropología social, (53), 21-38. http://www.scielo.org.ar/pdf/cas/n53/1850-275X-cas-53-21.pdf

Villalta, C. y Llobet, V. (2015). Resignificando la protección. Los sistemas de protección de derechos de niños y niñas en Argentina. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13(1), 167-180.

doi: http://dx.doi.org/10.11600/1692715x.1319230914

Villalta, C. y Llobet, V. (2020). Informe final. Relevamiento de estrategias institucionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes durante el covid-19. unicef - Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. https://defensoraderechosnnya.gob.ar/documento/informe-relevamiento-de-estrategias-institucionales-covid-19/?fbclid=IwAR1V4lBlGdHcVl6dJwBbA6k-jKFp96CMFzWLH2O9YjVn4h6WeOu7h6vyk_I

Volnovich, J. (2018). Sobrevivientes de lo peor: abuso sexual infantil, mujeres e instituciones. Lugar Editorial.

Walker, L. (1979). The Battered woman. Harper & Row

Zillmer, J. G. V. y Díaz-Medina, B. A. (2018). Revisión Narrativa: elementos que la constituyen y sus potencialidades. Journal of Nursing and Health, 8(1), e188101.