Introducción

De un tiempo a esta parte, ha ganado relevancia en las agendas de políticas públicas nacionales e internacionales la cuestión de la inversión en ciencia y tecnología, en la medida en que se reconoce a la investigación y al desarrollo tecnológico como componentes imprescindibles de cualquier estrategia que pretenda hacer frente a los desafíos que emergen como consecuencia del modelo de desarrollo imperante.

Partiendo de la premisa de que el conocimiento no es neutral, resulta necesario reflexionar sobre qué tipo de tecnología se está impulsando en la región, cómo se produce el conocimiento y qué ciencia se promueve. De ahí que, desde una perspectiva situada en la región latinoamericana, nos preguntamos: la ciencia y la tecnología tal como están planteadas hoy, ¿contribuyen a responder a las problemáticas comunes a la región? ¿Por qué? ¿Qué temas de investigación deberían estar en las agendas para tal fin? ¿Qué dinámicas de construcción de conocimiento serían necesarias para alcanzar esa meta? ¿Qué lugar tienen las redes de cooperación sur-sur?

En este artículo partimos de entender que las dinámicas de producción de conocimiento se solidifican en prácticas y cristalizan en instituciones que no son externas a los sujetos. Es decir, determinadas estructuras históricas producen sujetos en su racionalidad cotidiana, personas que aspiran a modos de vida sustentados en determinadas ideas sobre el progreso y el bienestar (Brand y Wissen, 2021). Entender que la ciencia no es ajena al contexto sociohistórico en que es producida, y por tanto está teñida de las subjetividades que se conforman en la interacción entre ideas, instituciones y materialidad, implica correr el velo a la ciencia hegemónica que históricamente ha invisibilizado diversos modos de conocer y ser que no responden a las lógicas dominantes. Lógicas dominantes que se reproducen a partir de la internacionalización hegemónica de carácter mercantil y competitiva (Oregioni, 2017).

De allí que consideramos necesario avanzar en la construcción de dinámicas de producción de conocimiento contrahegemónicas, a partir de construir agendas de investigación desde el sur que contribuyan a poner en tensión la subjetividad imperante y den respuesta a los desafíos sociales que presentan los sectores más vulnerables de la sociedad de la mano de la cooperación sur-sur.

De este modo, la investigación problematiza la tensión internacional-local en las dinámicas de producción de conocimiento, desde una perspectiva crítica y propositiva, a partir del diálogo entre los estudios sociales en ciencia y tecnología (Kreimer et al., 2014; Casas, 2015, 2016; Dagnino, 2008, 2018, entre otros) y el campo de estudios en relaciones internacionales (Cox, 2014; Kern, 2008; Colombo, 2021; Vera, 2022; Oregioni, 2022, entre otros). Partimos de entender que el sistema científico internacional es de carácter asimétrico y forma parte de una estructura científica internacional hegemónica, que no es estática y se sustenta en relaciones de poder (Beigel, 2013; Bayle, 2015). Esta manifiesta fisuras, fundamentalmente en los períodos de crisis estructural, dejando al desnudo las relaciones de poder entre centros y periferias del conocimiento (Oregioni, 2022).

En este sentido, se busca identificar elementos que permitan trascender la tensión internacional-local, que ha sido ampliamente abordada desde los estudios sociales de la ciencia (Kreimer, 2006; Vessuri, 2014, entre otros), visibilizar a la universidad en toda su complejidad como espacio de producción y difusión de conocimientos con anclaje territorial y, por lo tanto, cercana (o no) a las problemáticas locales; e indagar en la existencia de alternativas a las dinámicas hegemónicas, que valoren la relevancia de construir agendas endógenas de producción de conocimiento a partir de dinámicas de cooperación sur-sur en relación con problemas sociocognitivos locales (Oregioni, 2021). Consecuentemente, se propone abordar como caso de estudio la construcción de agendas sobre cannabis medicinal que dan lugar a redes de cooperación sur-sur en producción y difusión de conocimiento en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN, Argentina).

Este artículo es resultado de una investigación en curso que parte de entender que las universidades son los principales espacios de producción de conocimiento en la región latinoamericana, y que cada universidad tiene relaciones disímiles con el entorno (Vacarezza, 2006); donde la extensión –en la medida en que implica el vínculo con el territorio– constituye una práctica relevante, poco valorada desde el lente de la ciencia hegemónica que pondera los circuitos maistream como criterio de «excelencia» (Beigel, 2018), pero esencial para pensar agendas endógenas y situadas e impulsar nuevas dinámicas de producción de conocimiento que incluyan el diálogo de saberes. Al respecto, De Sousa Santos (2009) propone que la universidad del siglo XXI debe traer «adentro» los conocimientos de «afuera». En la misma línea, Dagnino (2018) hace referencia a la relación entre extensión e «intención» de conocer los problemas y resolverlos, y Vessuri (2014) pondera la «investigación integrada» a partir de la coproducción de conocimientos que buscan resolver problemas sociales.

Siguiendo la perspectiva teórica de Boaventura de Sousa Santos, la universidad, en vinculación con otros actores sociales, como el Estado, los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, ocupa un lugar central en la construcción de alternativas contrahegemónicas, a partir de orientar el proceso de internacionalización universitaria, mediante políticas de cooperación sur-sur, que promueven la construcción de conocimiento relevante en interacción con otros actores sociales y tipos de saberes (De Sousa Santos, 2008). De este modo, desde la epistemología del sur, con base en la ecología de saberes, se busca poner límites al pensamiento abismal y a la monocultura del saber (De Sousa Santos, 2010) a partir de recuperar la voz de personas subalternizadas y generar conocimiento desde una perspectiva dialógica.

El estudio de caso fue la metodología elegida (Stake, 1999), que permitió identificar las dinámicas de cooperación en producción y difusión de conocimiento sobre cannabis medicinal en la UNICEN, situada en un contexto nacional, regional e internacional donde se comenzó a problematizar la producción de conocimiento sobre cannabis, y su reglamentación, de la mano de reivindicaciones sociales sostenidas desde la cooperación solidaria entre distintos tipos de actores. Son varias las universidades que se acercaron a la producción de cannabis medicinal a partir de entenderlo como un problema social en el que deben involucrarse (Romero y Aguilar, 2020). Con la particularidad de que en el caso de estudio que nos convoca, no es la universidad la que trata de «llevar sus conocimientos a la sociedad», sino que es la sociedad la que se moviliza en busca de «apoyo experto», para legitimar conocimientos subalternizados desde una geopolítica del conocimiento basada en la monocultura del saber (Oregioni, Duran y Avondet, 2020).

Se trabajó a partir de un abordaje cualitativo, mediante la triangulación de técnicas de relevamiento de información. Los datos se construyeron a partir de la realización y análisis de entrevistas semiestructuradas a actores clave (Vallés, 2007), entre ellos: investigadores e investigadoras de diferentes facultades con sede en la ciudad de Olavarría que formaron parte del proyecto de extensión sobre cannabis medicinal en UNICEN, gestores de la universidad, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y referentes nacionales en la temática, en triangulación con el relevamiento y análisis de fuentes documentales, periodísticas y bibliografía especializada. Cabe aclarar que, se han codificado los testimonios utilizando una nomenclatura para resguardar las fuentes.

El artículo se estructura del siguiente modo. En primera instancia, se presentan las tensiones entre dinámicas hegemónicas y alternativas en producción y difusión de conocimiento, destacando la importancia de las redes de cooperación sur-sur en relación con agendas endógenas como forma de trascender la tensión internacional-local. Posteriormente, desde una perspectiva situada, se puntualiza en el caso de estudio sobre las redes de cooperación que se construyen en torno a la agenda del cannabis medicinal en la UNICEN, que a partir de una problemática concreta habilita la generación de nuevas dinámicas de producción de conocimiento con base en la ecología de saberes, cuestionando la monocultura del saber y las estructuras hegemónicas que la sustenta a nivel de ideas, instituciones y capacidades materiales, a partir de hacer referencia a la correlación entre el desarrollo del proyecto en UNICEN, la lucha por la modificación de las regulaciones a nivel internacional y nacional y la generación de nuevas políticas de promoción de la temática. Por último, se presentan las reflexiones finales y nuevos puntos de partida.

1. Tensionando las dinámicas hegemónicas de producción de conocimiento

La hegemonía, que sostiene la estructura histórica del orden mundial en un momento y lugar determinado, no necesariamente determina la acción de los grupos e individuos de manera directa o mecánica, ya que los mismos pueden acatar las presiones o resistirse y oponerse. De este modo, se configuran las estructuras hegemónicas y contrahegemónicas, que discuten y se enfrentan por imponer su forma de interpretar y direccionar los acontecimientos políticos, económicos y sociales en determinado momento histórico (Cox, 2014).

La región latinoamericana, en general, y Argentina en particular, históricamente han ocupado un rol periférico en el sistema científico internacional (Vaccarezza, 2006; Beigel, 2013; Kreimer y Levin, 2011; Feld y Kreimer, 2020, entre otros). Consecuentemente, se los identifica como parte del Sur global. En el plano de las ideas, esto se manifiesta en la subjetividad colonial «en tanto imaginario colectivo que pondera el conocimiento occidental como aspiración y destino que no deja visibilizar las dinámicas de producción de conocimiento en base a saberes originarios a la región, que pueden dialogar con el conocimiento científico y generar síntesis superadoras» (Oregioni, 2022, p. 26), y en el plano de las instituciones, a partir de las normativas que regulan la producción de conocimiento a nivel internacional, cristalizando relaciones de poder y generando condicionamientos sobre el conocimiento que se genera. Esto contribuye a sustentar relaciones de dependencia y subordinación.

Siguiendo la perspectiva teórica de Robert Cox (2014), las ideas constituyen uno de los sustentos del orden hegemónico en un momento y lugar determinado, claro que estas no son estáticas, como tampoco lo es el orden que sostienen. En el caso de la región latinoamericana, el orden hegemónico que sostiene un sistema científico internacional de carácter asimétrico históricamente se sustentó en las relaciones centro-periferia, donde los países centrales son quienes definen las agendas de investigación y disponen de recursos para su abordaje en cooperación con los investigadores de los países periféricos². No obstante, «se ha demostrado que las comunidades académicas periféricas no son meras reproductoras del conocimiento producido en los centros dominantes» (Bayle, 2014, p. 155), sino que ejercen un poder de agencia relativo, que nos interesa explorar.

Según Vessuri (2004, p. 186), «la hibridez es un hecho básico del conocimiento». Esto conduce a la necesidad de ir más allá de las pretensiones de universalidad del conocimiento científico e introducir en el análisis dimensiones de poder, «poder de narrar o de bloquear la formación o surgimiento de otras narrativas» (Vessuri, 2004, p. 171). En esta línea, es imprescindible visibilizar la hibridez que tiene lugar en las universidades, donde históricamente se legitimó un solo modo de producción de conocimiento que, desde la ciencia hegemónica, se presenta como neutral y universal, ocultando las relaciones de poder que sostiene en forma implícita³. En consecuencia «el centro» se convierte en punto de referencia y objeto de imitación acrítica por parte de los científicos de la periferia en el marco de un sistema científico internacional de carácter asimétrico (Vessuri, 2013). Esta relación no es natural ni universal, sino que forma parte de la visión del mundo instituida como hegemónica, y sostenida a partir de ideas, instituciones y relaciones de producción (Cox, 2014).

Teniendo en cuenta la importancia de las ideas en términos de Cox y a partir de reconocer la no neutralidad del conocimiento y por lo tanto de la ciencia y de la tecnología (Dagnino, 2008), las redes, ya sea entendidas como redes de conocimiento (Casas, 2004, 2016), redes de cooperación (Sebastian, 2007), redes tecno-político-económicas (Kern, 2008), redes territoriales participativas (Bortz y Thomas, 2017; Bortz, 2020), redes de cooperación sur-sur (Oregioni y Piñero, 2017; Oregioni, 2021), se presentan como un instrumento capaz de interpretar, generar e impulsar nuevas dinámicas de producción y difusión de conocimientos. Particularmente las redes de cooperación sur-sur buscan integrar diferentes tipos de actores y saberes, que puedan contribuir a dar respuesta a agendas endógenas y, de abajo hacia arriba, habilitar otras formas de entender y promover el desarrollo⁴.

La necesidad de generar conocimiento desde una perspectiva situada, histórica y contextual, implica necesariamente una mayor articulación de la universidad con el entorno (Vacarezza, 2006; Di Bello y Romero, 2018, entre otros). Dar lugar y dar voz a pares no académicos –que presentan otro tipo de saberes⁵ – implica una nueva lógica en la organización institucional de la universidad en la que la función de extensión adquiere un rol protagónico en la construcción de agendas endógenas. En este sentido, el trabajo en red se presenta como una metodología dinámica e interactiva de producción y difusión de conocimiento que permite abordar agendas endógenas, transformándose en un instrumento de expresión de contratendencias con respecto a las lógicas hegemónicas que profundizan las desigualdades cognitivas y sociales tanto a nivel local como a nivel global (Oregioni, 2021). En esta línea, tal como se argumenta en Oregioni y Piñero (2015: 58), las redes constituyen una forma de generar conocimiento de manera integral, en función de proyectos concretos, vinculados a problemas sociocognitivos, donde: 1) la cooperación prima por sobre la competencia; 2) se reconocen distintos tipos de pares; 3) se piensa la universidad en función de un proyecto endógeno de región; 4) se privilegia la legitimidad por sobre la eficiencia; 5) se respeta la diversidad regional; 6) se aspira al incremento de vínculos entre docentes, investigadores, estudiantes de la región.

Asimismo, se contempla la complejidad que implica la construcción de un problema social como problema de conocimiento ya que, tal como plantean Romero et al. (2015), no consiste en un proceso lineal, sino que forma parte de la interacción de diferentes actores (investigadores profesionales o «expertos», los beneficiarios, los oponentes, las autoridades civiles, etc.) en un proceso de negociación sobre los límites del objeto en cuestión, a partir de sus representaciones.

De este modo, tal como se anticipa en Oregioni, Avondet y Durán (2021: 205)

… el tejido socio-cognitivo que se construye en torno a la producción de conocimiento sobre un problema en particular da lugar a redes, que pueden ser promovidas a partir de políticas públicas o tejidas de abajo hacia arriba a partir de la interacción de los investigadores de manera informal en respuesta a un problema/necesidad. En ambos casos, la dimensión política es fundamental.

2. Redes de cooperación sur-sur en producción de conocimiento sobre cannabis medicinal

El caso de estudio, sobre cannabis medicinal, da cuenta de la disputa de sentido con respecto a lógicas hegemónicas de producción y difusión de conocimiento (y por lo tanto, de internacionalización) que se encuentran entrelazadas a un contexto internacional y nacional dinámico, sustentado a partir de regulaciones normativas e institucionales, en relación con una geopolítica del conocimiento (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007) que, en el caso de estudio, logra ponerse en tensión a partir de la generación de nuevas subjetividades, constituidas a partir de dinámicas interactivas de producción y difusión de conocimiento en red, con base en la ecología de saberes, habilitando la proyección de agendas endógenas de cooperación sur-sur, entendiendo el sur desde una perspectiva relacional y política. En este sentido, a continuación, se presenta la dinámica de la red de cooperación sur-sur en producción y difusión de conocimiento sobre cannabis medicinal que se desarrolla en UNICEN, en el contexto de transformaciones regulatorias a nivel internacional y nacional, que contribuyen a dinamizar.

La particularidad de las dinámicas de producción de conocimiento que se generaron en torno al cannabis se centraron fundamentalmente en los procesos de los cultivadores que se mueven de manera clandestina, por fuera de las normas jurídicas instaladas; consecuentemente, la disputa de sentido pasa por modificar dichas regulaciones de la mano de la sociedad civil organizada, las universidades y el conjunto del sistema científico.

2.1. Dinámica de la Red producción de conocimiento sobre cannabis medicinal en UNICEN

En la región latinoamericana en general y en Argentina en particular se identifica como problema social el desarrollo y uso del cannabis medicinal. Consecuentemente, a pesar de las regulaciones existentes –que históricamente dificultaron la producción de conocimiento en cannabis medicinal en Argentina–, en Olavarría, una ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires (Argentina) donde tiene sede la UNICEN, se presenta una problemática particular que hace que un vecino se acerque a la Facultad de Ingeniería (FIO, UNICEN) en busca de respuestas. De este modo, ante un problema social concreto, se presenta la necesidad de iniciar el camino en producción y difusión de conocimientos sobre cannabis medicinal, que da lugar a un proyecto de extensión que articula en red a diversos actores sociales y tipo de saberes en torno a una problemática en común, que permitió construir una agenda de investigación endógena en forma dialógica.

El puntapié inicial fue la solicitud de asistencia técnica en el testeo de una dosis de cannabis. El investigador entrevistado sostiene que:

La raíz de la idea estuvo supeditada a una llamada telefónica. En 2015 me contactó un chico que quería hacer un aceite o un derivado de cannabis para su mamá (que era una enferma ontológica). (B., comunicación personal, 10 de abril de 2020)

Esto llevó al investigador a involucrarse en la temática, participando en el «Seminario Nacional de Cannabis para uso Medicinal» que se realizó en la ciudad de Mar Azul en 2016. Dicho encuentro le permitió un mayor acercamiento y, de este modo, comenzar a tejer una red de conocimientos que involucra a personas e instituciones, nodales para su abordaje, como las organizaciones de la sociedad civil que venían trabajando la temática, entre ellas, Mamá Cultiva y CAMEDA. En septiembre de 2016 se formalizó el vínculo entre FIO-UNICEN (Facultad de Ingeniería Olavarría) y CAMEDA a partir de la firma de una carta de intención entre ambas instituciones con el fin de favorecer el trabajo conjunto y colaborativo, siendo B. el responsable por parte de la FIO-UNICEN (Res. 218/16).

Es decir que el rol del investigador consultado y su capacidad de agencia y articulación fue central para hacer emerger el proceso de trabajo en red en torno a cannabis en la FIO-UNICEN en relación con una red más amplia a nivel nacional y regional. En este sentido, primó la lógica de la ciencia politizada por sobre el cientificismo (Varsavsky, 1969). El entrevistado, hace referencia a dos disparadores que lo llevaron a involucrarse con el estudio del cannabis, estos son: el llamado telefónico solicitando asistencia técnica, y la participación en el «Seminario Nacional de Cannabis para su uso medicinal».

En palabras de B.:

… después de conocer a los actores que estaban comenzando a pensar esto como una problemática social que había que abordar. Volví [del seminario] con la fuerte intención de ponerme formalmente a disposición de la temática y ver cómo podríamos colaborar. (B., comunicación personal, 10 de abril de 2020)

La persona contactada se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Argentina), secretario de Extensión de la Facultad de Ingeniería (FIO-UNICEN) e integrante de la Organización de la Sociedad Civil CAMEDA. Interpretamos que la pertenencia a diversos espacios vinculados a la temática facilitó la articulación interinstitucional de la Red en torno a una agenda común, en una primera instancia a partir de vínculos informales que, con el paso del tiempo y a partir de la articulación político-institucional, se fueron formalizando.

Para visualizar el problema al interior de la universidad, se encontró la vía extensionista, que se manifestó a partir de la participación en proyectos aprobados por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), con la intención de coordinar esfuerzos con otros actores del entramado socioterritorial y divulgar la problemática existente en torno al uso medicinal del cannabis.

De acuerdo al testimonio relevado:

Construimos el tema en términos de proyecto de extensión. Yo trabajo en síntesis de materiales inorgánicos, pero soy una especie de químico orgánico analítico. Y de alguna manera desde ahí, y con cierto interés y curiosidad por el cannabis. ¿Por qué? Porque me encontré en que necesitaba buscar información después de esa llamada, teníamos la infraestructura, el equipamiento y las capacidades para poder abordar la temática más que nada en términos de control de calidad, que fue lo primero que se pensó. (B., comunicación personal, 10 de abril de 2020)

Asimismo, se logró articular con otros espacios académicos hacia el interior de la institución, a partir de la «intención» de internalizar la temática (Dagnino, 2018) ya que, en forma paralela, el tema se estaba trabajando desde la antropología social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, también con sede en la ciudad de Olavarría, generando así el encuentro de distintos campos disciplinares en el abordaje de una temática en común, que permitió trascender las barreras disciplinares en su problematización y tratamiento (Oregioni, Durán y Avondet, 2021).

El primer acercamiento interdisciplinar se dio desde la informalidad, entre investigadores de la Facultad de Ingeniería (FIO) y la Facultad de Ciencias Sociales (FCS). Luego concretaron dos actividades. En primer lugar, se invitó a un especialista internacional en la temática que permitió avanzar en las discusiones desde la UNICEN; y posteriormente se convocó a investigadores de las demás facultades y a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a trabajar la temática desde una perspectiva de investigación-acción.

A partir de dicha instancia, continuaron trabajando en una iniciativa que tiene como antecedente un proyecto aprobado por la SPU en 2017, que nucleaba a OSC como CAMEDA y Cannabis Activa Olavarría (que es una organización vecinal) con la FIO, la FCS y la Escuela de Salud de la UNICEN. Para el año 2020, cuando se realizaron las entrevistas, seguían articulados con Cannabis Olavarría y CAMEDA, se vinculaban con Cannabis Medicinal Tandil, con la Facultad de Derecho, la Escuela de Ciencias de Salud, la FCS y con una clínica local, dando cuenta de una red de cooperación sur-sur, en articulación con el territorio, a partir de una agenda de investigación endógena.

Una de las docentes de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la UNICEN, que formó parte de la Red sobre Cannabis medicinal, destacó la relevancia y su impacto en la formación de los profesionales de la salud, dado que permitió cambiar el enfoque sobre la temática y, por lo tanto, contribuir a disputar el sentido que presenta el enfoque médico hegemónico.

En palabras de la entrevistada:

En la universidad, desde que yo estudiaba, se abordaba el consumo como uso problemático, como droga de abuso y nunca como medicina. Esto es algo nuevo y realmente tenemos una falencia en la formación respecto a esto […] La idea es ampliar el conocimiento, que el personal de salud esté formado sobre el uso de cannabis medicinal, ya que hasta ahora no había ni cursos de formación. La idea es que la Escuela incorpore información en esta área y personas que ya se recibieron amplíen su conocimiento, separándolo del uso problemático. (L., comunicación personal, 5 de julio de 2020)

En tanto, el representante de la OSC Cannabis Activo Olavarría daba cuenta de la relevancia que adquiere el proyecto para la comunidad al sostener que:

Parte de este proyecto es interesante porque tiene que ver con la concientización de los riesgos de obtener este derivado en el mercado ilegal sin trazabilidad, por eso nos pareció interesante ser parte. Salir del mercado ilegal, encontrar respuestas diferentes, ver cómo el Estado va a dar una respuesta a esta problemática. (R., comunicación personal, 2 de junio de 2020)

El proyecto llevó a que la UNICEN firmara un convenio de trabajo conjunto con una clínica local, donde la FIO-UNICEN se comprometió a realizar el análisis composicional cuantitativo de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) de las muestras de aceite que se reciban en el centro de salud. Las autoridades de la FIO-UNICEN señalaron que el objetivo era poder «realizar un asesoramiento respecto a los resultados obtenidos, que apuntan a optimizar el acompañamiento médico, siempre con la salud como premisa principal» (B., comunicación personal, 10 de abril de 2020). En tanto, el titular de la clínica destacó que se ha realizado un relevamiento de un número importante y creciente de pacientes que consumen aceites o derivados cannábicos como tratamiento complementario para diversas patologías, y surgió el interés de poder hacer un seguimiento formal e interdisciplinario (Bintana, Todo Provincial, 2019).

Es importante destacar el rol central que ha tenido el proyecto en el plano de la extensión universitaria, hacia el interior de la universidad y hacia la comunidad de la que forma parte. A través del mismo se desarrollaron distintas actividades de divulgación, como seminarios y charlas, y una materia optativa, dentro de la Escuela de Salud, que terminó siendo una cátedra abierta frente a la gran demanda. De acuerdo a lo manifestado por las autoridades, el vínculo entre la universidad y el centro de salud surge a partir del seminario «Formación académica interdisciplinaria y cannabis para uso medicinal», organizado por la Escuela de Salud de la UNICEN, con el objetivo de nuclear información avalada por cada una de las instituciones, difundirla y generar cursos de formación para profesionales de la salud.

Las cursadas fueron abiertas a la sociedad, con lo cual, en el mismo momento, estaban un montón de civiles en el salón de usos múltiples de la Facultad de Medicina de UNICEN con los estudiantes de la carrera. Muchos de los docentes participamos del curso por curiosidad o por estar en tema, entonces, bueno, realmente fue muy rica la experiencia, porque se da lugar a preguntas, a debates. De hecho, las cursadas eran los viernes a la tarde, que también fue un éxito porque a esa hora en general nadie se copa, [pero esto] realmente tuvo bastante convocatoria. (L., comunicación personal, 5 de julio de 2020)

Del curso participaron referentes locales e internacionales, la presidenta de CAMEDA, un investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, un investigador de la Universidad de Concepción de Chile, referente latinoamericano en fisiología del sistema endocannabinoide, que aportó conocimientos en el área de la bioquímica de usos clínicos, y cannabicultores.

Uno de los investigadores entrevistados señala la relevancia que adquiere el dominio de un lenguaje específico para el manejo de la temática. En ese sentido, los cultivadores y redes que participaron del curso dominaban dichas capacidades, lo que permitió hablar de genética de plantas, de determinados aspectos históricos, etc. (S., comunicación personal, 5 de julio de 2020), evidenciando un lenguaje común en el diálogo de saberes entre científicos, cannabicultores, usuarios, etc.

La pertenencia a CAMEDA permitió articular una red de cooperación sur-sur a nivel internacional, a partir de la cual investigadores de la UNICEN se contactaron con investigadores de otros países de la región latinoamericana, como Chile, Perú, Uruguay y Colombia. En primera instancia, a partir de vínculos informales, que luego se institucionalizaron mediante la firma de convenios específicos (por ejemplo, el convenio que firmaron CAMEDA y UNICEN en 2016). En el marco de las redes se trabajó desde una perspectiva interdisciplinar e integral, en relación con un área problema en común. Particularmente con Chile se desarrollaron movilidades y se coordinaron actividades vinculadas a proyectos de extensión y de investigación que apuntan a la formación del personal y a la optimización de los procesos de obtención de derivados cannábicos para fines medicinales.

En el caso de la cooperación con Colombia, se articuló un convenio con la Universidad de Cauca, que, en primera instancia, dio la posibilidad de conocer la experiencia que atravesó esta institución en el abordaje de la temática, pero con intenciones de avanzar en la dinámica de cooperación e intercambio desde una perspectiva de internacionalización integral (Oregioni, Piñero, 2017).

De acuerdo a las entrevistas realizadas:

En dicha institución la temática se aborda a nivel nacional, donde atendieron a los productores locales. Es decir que no desconocieron la realidad nacional ni salieron a importar semillas, sino que hicieron como un blanqueo del material vegetal, dijeron: «Bueno, a ver, quiénes son todos los que en el marco de la ilegalidad estaban cultivando cannabis, tráiganlos que hacemos una caracterización de ese material vegetal y de acá en más los contenemos reglamentariamente para poder producir». Entonces hay muchos productores locales que están formalizados en el sistema productivo de Colombia, y ahí está formalizada la articulación con los centros de investigación. Uno es la universidad de Cauca, con los que estamos por firmar un convenio de colaboración en principio con intención de llevar a cabo intercambios científicos-académicos. (B., comunicación personal, 10 de abril de 2020)

Por otra parte, en términos político-institucionales, la universidad jugó un rol activo en promover articulaciones a nivel internacional, a partir de apoyar los vínculos construidos por los investigadores que forman parte del proyecto. Por ejemplo, desde la Secretaría de Ciencia Arte y Tecnología (SECAT) se costearon pasajes, y desde la Secretaría de Extensión se buscó articular contactos con investigadores que trabajan el tema en Uruguay. Sin embargo, los entrevistados manifestaron problemas de financiamiento para sostener los vínculos internacionales, sostener la movilidad de investigadores, la compra de insumos y, sobre todo, la posibilidad de realizar viajes internacionales.

Uno de los investigadores entrevistados sostiene:

… entre enero y marzo participé de cuatro reuniones en Buenos Aires por el tema cannabis. La facultad puede bancarme movilidad, que consideré de relevancia institucional. Pero en el caso de decir «Me voy a Perú»… y la verdad yo no he encontrado nunca la puerta, o la caja chica, para llegar hasta ahí. (B., comunicación personal, 10 de abril de 2020)

Es necesario tener en cuenta que todo este proceso corrió en paralelo a los cambios que estaban aconteciendo a nivel nacional e internacional con respecto a la regulación del cannabis y a las políticas orientadas en producción de conocimiento, con importante participación de la sociedad civil.

El impulsor del proyecto sobre cannabis medicinal en UNICEN forma parte de la Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Argentina), espacio que se constituyó en una especie de foro del pueblo, un foro muy amplio en donde, hasta la fecha, participan los científicos, pero que también les ha abierto la puerta a actores de la sociedad civil para trabajar en conjunto (CONICET, 2020a). La UNICEN forma parte de la Red, a partir de la representación del investigador de CONICET con lugar de trabajo en FIO, quien además de formar parte de CAMEDA es secretario de Extensión de la facultad. Es decir que la múltiple pertenencia institucional le permitió articular el proyecto en forma integral desde el centro de la provincia de Buenos Aires y participar de las modificaciones en la legislación regulatoria del cannabis.

En este sentido, el debate sobre la legalización y el camino recorrido hasta la aprobación de la ley y sus decretos han sido nodales en la articulación de esta experiencia, que hace referencia a una agenda construida en interacción con la sociedad y no impuesta unilateralmente desde la academia, donde se pusieron en cuestión las estructuras hegemónicas.

A continuación, se presentan los avances regulatorios sobre el uso de cannabis a nivel internacional y nacional.

2.2. Contexto de tensiones regulatorias a nivel internacional y nacional

a) Regulaciones sobre cannabis a nivel internacional

Siguiendo la perspectiva crítica de Cox (2014), las instituciones cristalizan relaciones de poder y consecuentemente los intereses y valores de las potencias hegemónicas, que ejercen regulaciones a nivel mundial. Por ejemplo, de acuerdo con Labiano (2020), la noción de drogas ilícitas data de la entrada en vigencia de un conjunto de tratados internacionales acordados entre 1912 y 1988 amparados bajo el Régimen Internacional de Fiscalización de Sustancias (RIFS), que modificó el carácter legal del uso de psicoactivos. Si bien el RIFS se inicia formalmente en 1912 con la firma de la Convención Internacional del Opio y los subsiguientes tratados, cambia su naturaleza en 1961, cuando se firma la Convención Única. Transforma su función de regular el comercio internacional de estupefacientes e impedir el desvío de drogas de los canales de comercio lícito a prohibir todos los usos no «médicos y científicos» y convertir las actividades vinculadas con la producción y circulación de un conjunto de sustancias en delitos internacionales sujetos a sanciones (Bewley-Taylor y Jelsma, 2011; Carstairs, 2005; Room, 2015; Sánchez Avilés, 2014; Sinha, 2001 en Labiano, 2020, p. 149).

El encuadre norteamericano sobre el uso del cannabis quedó plasmado y se transformó en régimen internacional en 1961, cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) incorporó al cannabis en la lista IV de la Convención Única de Estupefacientes, quedando clasificada dentro del grupo de psicotrópicos más peligrosos junto con la heroína y la cocaína.

En 2020, después de sesenta años de esa incorporación, la ONU reconoció las propiedades terapéuticas del cannabis para uso medicinal y modificó su estatus legal, quitándosela de la lista IV (Página 12, 2020). Antes, en enero de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había dado a conocer algunas recomendaciones relacionadas con el cannabis, entre ellas, su retirada de los tratados de control de drogas de la ONU. Así, el cannabis fue trasladado a la Lista I de la Convención, que incluye sustancias menos restrictivas y que se consideran más adecuadas para usos médicos y científicos. Al mismo tiempo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) aceptó los derivados del cannabis para tratar enfermedades, a lo que le siguieron agencias de control de otros países. Junto con los cambios en las normas internacionales, está cambiando rápidamente el estatus legal del cannabis e incorporándose progresivamente a los circuitos legales (Drewes, 2023).

La controversia en el orden institucional vigente referido al cannabis puede ser situada en el contexto de cambio de las ideas y de los valores en relación con su uso, impulsado por la lucha de intereses entre diferentes grupos y actores en la sociedad, como los movimientos sociales, la comunidad científica, la industria del cannabis, los defensores de la salud pública y los gobiernos, entre otros. Al mismo tiempo, es posible observar un aumento en los debates en el ámbito académico, lo que ha dado lugar a una creciente evidencia respecto al uso medicinal y a los efectos terapéuticos de los derivados del cannabis.

Si bien en nuestro continente existen políticas que reconocen los usos terapéuticos del cannabis desde 1996 en California y en Canadá desde 2001, los países de América Latina recién comenzaron a considerarlo en la década de 2010. Este proceso fue movilizado por dos vías: una «por arriba», a través de la apertura de varias instancias dentro de la OEA para debatir el problema de las drogas en las Américas, y una vía «por abajo», cuando los ciudadanos de la región comenzaron a utilizar productos a base de cannabis para tratar distintas patologías y condiciones, siendo la epilepsia refractaria en niños el uso más representativo (Labiano, 2020, p. 158).

No obstante, el cannabis medicinal aún es considerado un medicamento en disputa, a partir de entender que los efectos terapéuticos que le asignan sus usuarios no son reconocidos por la profesión médica hegemónica, a causa de construcciones epistémicas, morales y a la subjetividad regulatoria (Zarhin et al., 2020).

b) Regulaciones sobre cannabis en Argentina

En términos históricos, el desarrollo y uso del cannabis en Argentina se remonta a los orígenes de nuestro país y a la geopolítica del conocimiento que, en diferentes momentos de la historia, lo han condicionado. Solo por citar un ejemplo, a finales de 1700 Belgrano quiso apostar a la plantación de cáñamo con el fin de aprovechar sus potencialidades, pero el proyecto se vio truncado por el yugo colonial (Soriano, 2017). Incluso, hacia fines del siglo XIX y principios del XX el cannabis formó parte del repertorio farmacéutico, junto con la morfina, la heroína y la cocaína (Corda, 2018). Sin embargo, dejó de integrarlo después de 1961, cuando se lo incorpora a la lista IV como «sustancia particularmente nociva por sus propiedades adictivas y con escaso o nulo valor terapéutico» (Comisión Global de Políticas de Drogas, 2019). A partir de ese momento, se lo identificó como una droga, cuyo cultivo y consumo comienza a ser criminalizado a nivel mundial.

Argentina aprobó la Convención en 1963 y en 1968 se hicieron tres reformas legislativas que aparecen en sintonía con lo establecido en ella y modifican las sancionadas a principios de siglo. Una de ellas fue la ley 17.818, que desde entonces reguló administrativamente las conductas de «importación, exportación, fabricación, fraccionamiento, circulación y expendio» vinculadas a los estupefacientes (definidos por remisión a similares listados como los de la Convención Única). A partir de esa época y hasta hace un par de años, la acción estatal vinculada al cannabis ha sido una política prohibicionista y punitivista y con fuerte impacto, no en los eslabones más importantes del mercado ilícito, sino en cultivadores individuales y usuarios.

En Argentina, entre 2003 y 2014, fueron presentados siete proyectos legislativos orientados a despenalizar el consumo terapéutico de la marihuana y a habilitar su investigación científica y médica. Sin embargo, las transformaciones en las políticas que regulan el acceso al cannabis para uso terapéutico tienen lugar a partir de 2015; en ellas intervienen cannabicultores, activistas, médicos, investigadores y decisores que se articularon en redes y desarrollaron aprendizajes sobre los modos de incidencia en la formulación de marcos regulatorios (Díaz et al., 2021).

El fenómeno del cannabis medicinal logró mayor repercusión a partir de 2015, cuando los padres de una niña que padecía un tipo de epilepsia lograron que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) les permitiera importar de Estados Unidos un tipo de aceite de cannabis, el aceite Charlotte, que necesitaban para su tratamiento. Ante este caso y otros que comenzaron a multiplicarse, la ANMAT elaboró un informe en el cual se reconocía la utilidad del cannabis para diversas dolencias y patologías (ANMAT, 2016a) y, en septiembre de ese año, estableció un nuevo régimen de acceso de excepción a medicamentos (Dispo 10.401/2016). No obstante esto, un mes después emitió un comunicado en el cual aclaraba que solamente se autorizaba el ingreso para casos de epilepsia refractaria (ANMAT, 2016b). Ante estas barreras que impedían el acceso al aceite de cannabis, pacientes, familiares de pacientes y cannabicultores comenzaron a organizarse, estrechando lazos y compartiendo información para producir aceite de manera autónoma, asumiendo los riesgos de la clandestinidad (clandestinidad desde donde se ha construido el reservorio de saberes sobre cannabis durante la hegemonía del prohibicionismo).

Se introduce así una imagen renovada del consumo de marihuana, representada por el aceite de cannabis y otros derivados. Al mismo tiempo, especialistas médicos y científicos comienzan a tener contacto con familias de pacientes afectados por patologías neurológicas y a interesarse en el uso terapéutico del cannabis.

La reorganización temática de nuevas organizaciones sociales, el creciente interés de médicos especialistas en neurología pediátrica y el interesamiento productivo y clínico del cannabis desde ámbitos municipales se condensó en la construcción de redes de relaciones entre médicos, científicos y activistas a partir de su encuentro cara a cara en varios dispositivos mixtos (congresos, seminarios, jornadas), donde se realizaban exposiciones académicas y se compartían las experiencias de los usuarios. Para los activistas, esta interacción con médicos e investigadores brindó mayor sustento científico y legitimidad social a sus reclamos y les permitió incorporar formas específicas de conocimientos que posteriormente movilizaron al debate parlamentario en el Congreso de la Nación (Díaz, 2019).

Esto dio lugar al proceso para la sanción de la ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados, que finalmente fue aprobada en marzo de 2017 y reglamentada por el decreto 738/2017.

Si bien en su momento este decreto dejó una sensación de profundo descontento y disconformidad por parte de la sociedad civil –dado que muchos incisos clave habían quedado sin regular–, el tema se mantuvo vigente gracias al activismo del movimiento cannábico (Corbelle, 2016; Díaz 2019, 2020) y fue incorporado rápidamente a la agenda de la nueva gestión nacional, tras el cambio de gobierno. En dicho proceso estuvo fuertemente involucrada la RACME, constituida en el marco del CONICET.

Las autoridades del organismo sostienen que:

Desde CONICET apoyamos estas iniciativas y estamos a disposición de lo que necesiten. Porque creemos que tenemos que contribuir a que la gente viva mejor. La institución está preparada para abordar estos temas. (Franchi, Diario Perfil, 2020)

La RACME unió y congregó a los actores que impulsaron el proceso que devino en la sanción de la ley y que, a fines del 2019, en el contexto de reciente asunción de la nueva gestión, se mostraban disconformes con el decreto que la regulaba: científicos y científicas, diputadas nacionales, representantes de los ministerios de Salud, Agricultura, Seguridad, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de organizaciones de la sociedad civil –como Mamá Cultiva y Cannabis Medicinal Argentina (CAMEDA)– y de cannabicultores.

De acuerdo con un de las investigadoras entrevistadas, quien se desempeña como investigadora principal del CONICET, un grupo de sus colegas comenzó a involucrarse en la temática a partir de armar una red de manera informal, de abajo hacia arriba, dentro de los cuales se encontraba el representante de la FIO-UNICEN e integrante de CAMEDA.

En palabras de la investigadora:

… en un primer momento las autoridades de CONICET tampoco nos apoyaban y se fue armando una red por mail, que empezó a regular, que era abierta y que le empezó abrir la entrada a las ONG, no era solamente del CONICET. Hicimos una presentación y fuimos totalmente rechazados, con argumentos totalmente burocráticos, porque no había el mínimo interés del CONICET en que esto sea así, de parte de las autoridades, y finalmente, cuando cambia el directorio, en diciembre de 2019, les contamos lo que estaba ocurriendo y ellos enseguida tuvieron una actitud positiva, de darnos apoyo. Y cuando asume la actual presidenta, Ana Franchi –ella es química y tenía experiencia como investigadora, en el campo del cannabis, fue una de las pocas personas que en Argentina trabajó en este tema–. Y bueno, tuvieron todo el apoyo, tuvieron reunión de laboratorio y se aceptó la red nacional de cannabis. (K., comunicación personal, 25 de julio de 2020)

En noviembre de 2020, mediante el decreto 883, se deroga el decreto anterior y se vuelve a reglamentar la ley 27.350. La nueva reglamentación enfatiza en la coordinación, para la investigación y difusión, de distintos organismos del Estado, como el CONICET, universidades públicas y privadas, organizaciones sociales, asociaciones civiles, entre otras. Asimismo, se habilita la creación del Sistema de Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) en el ámbito del Ministerio de Salud, a través del cual las y los pacientes pueden inscribirse para obtener la autorización de cultivo para tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Además, en 2022 fue aprobada la ley 27.669 de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, para regular su producción y su uso con fines de investigación y medicinales, hecho que amplía el marco de acción e impulsa el desarrollo de capacidades vinculadas a la temática.

Siguiendo los lineamientos de Cox, las capacidades materiales –idea fuerza que completa la tríada junto con las ideas y las instituciones– son tanto potenciales productivos como destructivos que en sus formas dinámicas «existen como capacidades tecnológicas y organizativas, y en sus formas de acumulación como recursos naturales que la tecnología puede transformar: equipos, y la riqueza que está detrás» (Cox, 2014, p. 142). En consecuencia, es pertinente analizar de manera conjunta la interacción de estas variables al observar que, en el caso de nuestro país, ciertas capacidades no lograron materializarse dadas las constricciones normativas que caracterizaron las últimas décadas.

Es decir, el territorio nacional cuenta con buenas condiciones productivas para impulsar el desarrollo del cannabis dado el alto grado de adaptabilidad de la planta a distintos suelos y climas, por lo que el factor «natural» nunca fue una limitante para su localización potencial en distintos espacios geográficos del país. Además, Argentina dispone de altas capacidades tecnológicas en materia agrícola, por ejemplo, desarrollo genético de semillas (Drewes, 2023).

De ahí que el cambio de las reglas del juego a partir de la reglamentación del nuevo decreto reglamentario de la ley 27.350 y de la aprobación de la ley 27.669 ha abierto el campo de acción para nuevas expresiones tengan lugar.

Durante una entrevista realizada en 2020, época en la que tuvo lugar la nueva reglamentación del decreto de la ley 27.350 por parte de la gestión entrante, el investigador del CONICET responsable del proyecto de la FIO-UNICEN coincide con la K. en que:

CONICET estaba bastante reticente con el tema, hasta mediados de 2019 fueron bastante más cautos. Creo que esto estuvo dado siempre por las mismas cuestiones, sobre todo por los prejuicios de cien años de prohibicionismo respecto al tema y el abordaje se suele hacer desde las drogas y demás. Con el cambio de Directorio, la cosa cambió fuertemente. (B., comunicación personal, 10 de abril de 2020)

En los últimos años, a partir del posicionamiento del tema en la agenda y del nuevo marco regulatorio, se han lanzado diferentes políticas, programas e iniciativas públicas en la búsqueda por aumentar las capacidades materiales y organizativas respecto a la temática. En abril del 2022, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT) de la Nación lanzó el Programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis, en el que aportaba $ 250 millones en financiamiento a proyectos en investigación y desarrollo en cannabis, el cáñamo y sus derivados para uso medicinal, terapéutico y paliativo, sus usos clínicos y/o industriales, y los aspectos sociales y culturales asociados. En octubre del mismo año, el CONICET, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner anunciaron la creación de la Empresa de Base Tecnológica (EBT) Cannabis CONICET. Esta nueva empresa nacional permitirá la integración del conocimiento y del desarrollo tecnológico asociado al cannabis medicinal, al cáñamo industrial y sus derivados, fortaleciendo con ventajas competitivas para el desarrollo soberano de la temática a nivel regional e internacional.

Los avances no se dan solamente en el marco del MINCYT y del CONICET. Otros organismos de ciencia y tecnología también están buscando fortalecer capacidades vinculadas a la producción de cannabis. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuenta en la actualidad con más de veinticinco proyectos distribuidos en todo el territorio nacional. Su objetivo es promover la articulación público-privada para la expansión de toda la cadena de valor de cannabis medicinal y avanzar con el estudio del cáñamo industrial.

A partir de lo revisado, podemos decir, en términos generales, que los cambios al nivel de las ideas, sumados a las modificaciones en la legislación referida al tratamiento del cannabis, en tanto expresión de la institucionalidad, han habilitado modificaciones en términos de capacidades materiales.

De este modo, el caso de estudio sobre redes de producción de conocimiento sobre cannabis medicinal en UNICEN contribuye a evidenciar la relevancia de cuestionar las estructuras hegemónicas en producción y difusión de conocimiento, en términos ideacionales, institucionales y materiales, a partir de visibilizar la hibridez de las prácticas de producción de conocimiento que se desarrollan en la universidad en interacción con otros actores sociales con base en la ecología de saberes. En este sentido, adquieren particular relevancia los científicos politizados, que logran articular dinámicas sociocognitivas a partir del diálogo de la universidad con el territorio, dando la voz a sectores subalternizados desde el lente de la ciencia hegemónica. Esto permite generar dinámicas de producción de conocimiento e internacionalización a partir de agendas endógenas, y contribuir a la generación de políticas públicas de abajo hacia arriba.

Reflexiones finales

El artículo permite observar cómo interactúan ideas, instituciones y materialidad alrededor de una temática concreta y cómo las estructuras hegemónicas pueden verse cuestionadas a partir de tensionar dichas dimensiones, a partir de reconocer la hibridez del conocimiento que se genera en la universidad desde una perspectiva situada, y la relevancia de la articulación interactoral desde la construcción del problema a trabajar, que da lugar a la construcción de agendas endógenas.

Al respecto, el caso de estudio sobre producción de conocimiento en cannabis medicinal en la UNICEN permitió identificar dinámicas de producción de conocimiento alternativas a las lógicas hegemónicas (sustentadas en la subjetividad colonial, que naturaliza las regulaciones normativas que sostienen al capitalismo cognitivo) y dar cuenta de la hibridez del conocimiento que se genera en la universidad, mediante el diálogo de saberes, donde adquiere un rol central la actividad extensionista (poco visibilizada desde el lente de las dinámicas hegemónicas de producción y difusión de conocimiento). En este sentido, adquieren particular relevancia los científicos politizados (Varsavsky, 1969) a partir de cuestionar las lógicas hegemónicas, que sustentan la tensión internacional-local propia de la producción de conocimiento en contextos periféricos, y dinamizar la articulación interactoral.

Específicamente, las redes de cooperación sur-sur en producción de conocimiento en torno a agendas endógenas permiten abordar problemas sociales, dando lugar a problemas de conocimiento cuya construcción y resolución demandan el involucramiento de diversos actores y saberes en diálogo con el territorio. De este modo, en el caso de estudio, la vía extensionista resultó articuladora del diálogo de saberes entre las organizaciones sociales y académicas, con base en la interdisciplinariedad y la cooperación a nivel nacional e internacional en relación con un problema concreto, que emerge de las sombras de la clandestinidad propiciada por las regulaciones prohibicionistas hegemónicas, hasta llegar a la universidad en búsqueda de legitimación como problema de conocimiento, dado que son los actores sociales quienes buscaron apoyo «experto» en la universidad a fin de legitimar conocimiento subalternizado desde la geopolítica del conocimiento basada en la monocultura del saber. Y son los científicos politizados quienes tienen la capacidad de recepcionar dichas demandas y generar puentes de conocimientos que permitan articular la lucha, en torno a la modificación de la legislación y a la incorporación como una temática a trabajar desde el ámbito de la investigación, en sus diferentes aristas (medicinal, industrial, regulatoria, etc.). De este modo, la universidad se presenta como un actor central para repensar el desarrollo inclusivo desde una perspectiva endógena e integral.

Por último, consideramos que repensar el rol de la universidad implica reflexionar sobre la construcción de subjetividades y, de modo dialéctico, la producción de conocimiento, entendiendo que este fenómeno va de la mano del estímulo a posiciones críticas y a la conformación de agendas endógenas en respuesta a problemáticas situadas. Lo anterior, sin desestimar el rol que jugó la articulación internacional en relación con una agenda endógena y la importancia del cambio de gestión a nivel nacional, donde las nuevas autoridades del MINCYT, CONICET e INTA escucharon el reclamo y generaron instrumentos de política científica orientados a su resolución.

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Una clínica de Olavarría trabaja con cannabis medicinal con la ayuda de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN (10 de agosto de 2019). Diario Todo Provincial. www.todoprovincial.com/una-clinica-de-olavarria-trabaja-con-cannabis-medicinal-con-la-ayuda-de-la-facultad-de-ingenieria-de-la-unicen

Notas