Introducción

Este artículo es una reflexión sobre un estudio que tiene por objetivo general estudiar experiencias de participación ciudadana de Personas con Discapacidad Intelectual en el diseño de programas de promoción al trabajo en la Provincia de Buenos Aires. El mismo se realizó durante el período 2016-2019, el cual fue un momento político-social que resulta ser significativo en la historia de la discapacidad en Argentina, debido a que las demandas de personas con discapacidad (PcD) para acceder a programas de promoción al trabajo aumentaron en ese entonces.

Se identifica un importante número de PcD que experimentaron el desamparo y la desestimación por una decisión política estatal, esta vulneración a sus derechos, se desencadena a partir de la adopción de una serie de medidas regresivas, tanto a nivel normativo como en los resultados de la política de pensiones por invalidez laboral, al ser ejecutada una masiva suspensión y baja de prestaciones. Se restringe así el derecho a la seguridad social para este grupo poblacional. Al respecto Mareño Sempertegui y Britos (2020) señalan que «[…] la no derogación de una normativa nacional que transgrede estándares internacionales de derechos humanos, constituyó un acto de omisión por parte de los gobiernos de los dos períodos analizados» (Mareño Sempertegui y Britos, 2020, p. 101). Por otro lado, es destacable la reacción organizada de las asociaciones de PcD ante los retrocesos de este período, reacción encabezada por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

En cuanto a esto, Venturiello y Coscia (2021) comentan que esta organización «[…] inició una demanda judicial para obtener la restitución de estas pensiones» (Venturiello y Coscia, 2021, p. 103). Este organismo presentó amparos colectivos y ganó casi en todas las instancias. Mareño Sempertegui y Britos (2020) aseguran que este hecho supuso un significativo precedente en cuanto al activismo y la acción colectiva del movimiento de las Personas con Discapacidad en la Argentina, y su disputa legal con el Estado Nacional representado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Y sostienen que se trata de «[…] una manifestación de ciudadanía activa que no presentaba antecedentes en este colectivo heterogéneo» (Britos y Mareño Sempertegui, 2020, p. 102).

En este contexto social y político se inicia esta investigación; metodológicamente, este estudio se desarrolla en dos etapas:

La primera etapa tiene por objetivo conocer los modos de participación de las PcD Intelectual en los procesos de definición de decisiones sobre programas de promoción del derecho al trabajo. Esta etapa se realiza bajo la modalidad de investigación y acción participativa en instituciones públicas, durante el periodo 2018 a fines del 2019, junto con PcD Intelectual que aceptan participar de este estudio desde sus lugares de concurrencia. Estas organizaciones promueven la participación y el derecho al acceso al trabajo y son mediadoras entre las políticas públicas existentes y las personas destinatarias. Las personas destinatarias de estos programas, participaron en los grupos focales, mediante la previa firma de un consentimiento informado. Se concretaron 15 grupos, distribuidos en ocho instituciones de seis municipios del conurbano bonaerense. Las narrativas desarrolladas en estos encuentros conforman el contenido principal de este artículo, y son estas manifestaciones las que conllevan a reflexionar en este escrito, a partir de visibilizar en sus aportes y en sus saberes, el reconocimiento de sus trayectorias en especial de las relacionadas con contextos de formación en los que han participado.

La segunda etapa de esta investigación tiene dos objetivos: por un lado, busca describir las modalidades de participación de las PcD Intelectual en los procesos que validan y controlan la implementación de accesibilidad comunicacional en línea con la distribución de los recursos al considerarse ciudadanas destinatarias. Y por otro, se propone identificar aquellos aspectos que facilitan y los que dificultan la participación ciudadana de las PcD Intelectual en las actividades comunitarias desde los programas de promoción como destinatarias de los mismos. Esta segunda etapa es desarrollada durante el año 2022, con PcD Intelectual que han accedido al trabajo formal, residentes de la Provincia de Buenos Aires. La identificación y el contacto con las/os posibles participantes se realiza gracias al compromiso de profesionales independientes que trabajan en el ámbito de la promoción al acceso al trabajo, que reconocieron la importancia de la participación de este colectivo en este estudio, y que por lo tanto se vincularon con posibles interlocutores/as (Bartolomé, 2003).

Para diseñar el formato guía de indagación, se realizan dos entrevistas a interlocutores claves, considerando especialmente sus trayectorias en la participación en movimientos políticos, si bien además ambos trabajan actualmente en el sector público de sus lugares de residencia. Se realizan un total de 28 entrevistas en profundidad, y cada una de estas personas comenta acerca del largo recorrido, los obstáculos y vicisitudes vivenciadas para llegar a acceder a un puesto de trabajo.

Los interrogantes que guían este artículo son: ¿qué estrategias se implementan desde los espacios de formación para que las mujeres con discapacidad intelectual se perciban preparadas para afrontar el mercado de trabajo?, ¿qué aspectos se destacan como oportunidades de elección y decisión en el proceso de formación?, ¿cuáles son los mecanismos de validación que aseguran la representación de sus intereses y necesidades en las políticas públicas de las cuáles son destinatarias?

Este artículo presenta, en primer lugar, un marco teórico sobre la situación, condición y posición de las mujeres con discapacidad intelectual en el proceso de formación para el trabajo. Luego se presentan una serie de precisiones consideradas indispensables en el proceso de formación, teniendo en cuenta el derecho a la accesibilidad comunicacional en relación con el mercado de trabajo actual. Seguidamente, se dialoga sobre frases recuperadas de las conversaciones realizadas en el marco de este estudio, que evidencian la necesidad de incorporar desde una mirada interseccional un mayor énfasis sobre cuestiones de género, en cuanto a que no son consideradas las opiniones de las destinatarias de estos espacios de formación al momento de planificar estos servicios, subestimando sus expectativas sus intereses y por sobre todo sus saberes.

1. Discapacidad intelectual y género en el proceso de formación para el trabajo

Al proponer hablar de las PcD es necesario considerar el modelo de la encrucijada propuestas por Brogna (2009), recuperando los componentes que lo conforman, y que se presentan sintéticamente a continuación:

1. 1. Particularidad biológica-conductual: se llama así «[…] al rasgo físico funcional o de conducta que distinga a una persona del grupo social al que pertenece» (Brogna, 2009, p. 173).
2. 2. Cultura y normatividad: considera a «[…] la representación social que cada sociedad o grupo haga de la discapacidad sólo puede entenderse a la luz de su particular cultura» (Brogna, 2009, p. 173).
3. 3. Organización económica y política: sosteniendo que «[…] si bien los otros componentes del modelo coadyuvan en la asignación y distribución de los espacios sociales, la organización económica y política tiene una posición dominante en ese proceso» (Brogna, 2009, p. 170-174).

Estos componentes son recuperados respectivamente por Palacios (2020), considerándolos como dimensiones: 1) la condición, 2) la situación y 3) la posición de las personas frente a la sociedad. Estas dimensiones conllevan a conceptualizar esta construcción social compleja que se evidencia en la temática de la mujer con discapacidad intelectual en los espacios de formación laboral. Según el Ministerio de Trabajo, para los Programas de promoción al trabajo, focalizados en discapacidad intelectual, la condición de acceso al mismo está determinada por el diagnóstico certificado, el cual para las PcD Intelectual es el adoptado por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo ([AAIDD], 2006), desde donde se realiza la definición y caracterización del funcionamiento de las personas que conforman este colectivo.

Rodríguez Arango (2022) sostiene que «se condensa tanto a cada individuo como también a la suma de estos, conformando un grupo de individuos, una población cuya alteridad comunicacional, los sustrae y los constituye, no como un grupo cualquiera, sino como un grupo aparte» (Rodríguez Arango, 2022, p. 92). Los programas de trabajo, diseñados a partir y en línea con la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad ([CDPD], 2006), en nuestro país están considerados bajo la Ley N.º 26378/08, y adoptan esta terminología.

En cuanto a la situación y posición de la mujer con discapacidad, al momento de decidir acceder al derecho al trabajo, Tamayo Marín A. (2022) comenta al respecto que

Así, pensar en mujer y discapacidad, es plantear las intersecciones que configuran una posición que aún, muchas veces, es de sumisión y subvaloración y se tejen a través de estructuras sociales patriarcales, provocando que la trayectoria de vida de estas mujeres esté marcada por múltiples experiencias de violencia estructural, simbólica, cotidiana que se relaciona no sólo con su rol de género, sino también con la estigmatización de un cuerpo no apto para la producción y reproducción social. (Tamayo Marín, 2022, p. 64)

De las narrativas recuperadas en los grupos focales, desarrollados en el marco de este estudio, se evidencia que para esta sociedad el perfil de mujer con discapacidad intelectual, responde a paradojas incoherentes, que evidentemente solo son de utilidad para algunos grupos de dominadores y no para las mismas destinatarias. Por ejemplo, se refleja en sus comentarios que las tareas en las que mayormente participan son las que se relacionan con el cuidado, la limpieza y las tareas de producción manual que no implique el contacto con maquinarias, como preparar comidas (sin cocción), coser a mano (sin máquina), armar y ajustar piezas con herramientas manuales, entre otras. Comentan que, si bien colaboran o están a cargo de las actividades del hogar, no se las considera con la autonomía suficiente como para vivir solas y realizar la vida de modo independiente.

En sus comentarios se mencionan situaciones que podrían proyectarse al resto de mujeres que se encuentran en esta condición, situación y posición social. Se identifica que el hecho de concurrir a una escuela especial, o de trabajar en un taller protegido, o con el solo hecho de contar con pase de transporte para moverse en la vía pública, se convierte para ellas en una marca estigmatizadora, que las segrega, las aísla, y se las consideran sin opinión, sin posibilidad de reclamo, sin oportunidades para elegir y decidir sobre sus cuerpos, se las imaginan sin deseos sexuales. De manera privada (no en el grupo focal) comentan que hasta son violadas y sin decisión frente a la situación de querer o no ser madres. Las mujeres con discapacidad intelectual perciben ser apartadas socialmente por este diagnóstico que las encarcela de por vida, sin el derecho a sentirse mujer.

Se observa en las expresiones de las PcD Intelectual que, en los espacios de preparación al trabajo, existe una fuerte dominación sobre sus identidades, debido a la vulneración de sus derechos en cuanto a la carencia para la toma de decisión y a la elección, como también en la participación, lo cual muchas veces está condicionado también por la edad y la situación socio-económica. Se considera, a la discapacidad intelectual marcada por lo que Hernández y Ortega Roldán (2022) en La supremacía de la escritura sostienen, que «las prácticas escriturales han sido expansionistas, violentas, en este sentido, la escritura estimuló la exclusión, la marginalidad, la manipulación y la servidumbre intelectual a un único medio» (Hernández y Ortega Roldán, 2022, p. 55).

Las actividades propuestas en los programas de preparación al trabajo implican actividades planteadas por el supuesto nivel intelectual, para lo cual, se identifica la obligación de las organizaciones a realizar un nivel de adaptación y de rendimiento estandarizado para responder a las imposiciones del mercado laboral, aprobado por la propia sociedad y muchas veces por la misma familia.

En concordancia con Rojas Campos (2015), quien se asegura que la interseccionalidad para la discapacidad cobra gran importancia porque encuentra también en diálogo con la línea de dominación de raza, género y clase social, así como con la categoría de normalidad y lo que Hill llama «el estatus de ciudadanía» (Hill, 2012, p. 102 en Rojas Campos, 2015, p. 185). La autora sostiene que «con estas intersecciones la discapacidad deja de ser un tema sobre la anomalía anatómica y se inscribe como diferencia con un sentido social, político y un asunto de resistencia y emancipación» (Rojas Campos, 2015, p. 185).

En la misma CDPD, en sus considerandos, se reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación (CDPD, 2006). A partir de un estudio realizado en Castilla y León, desde la institución española Plena inclusión (2015), se identifica que las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo están en una situación de mayor vulnerabilidad por las múltiples discriminaciones que sufren por su género y por su discapacidad tal y como avalan algunos datos: tasa de desempleo más alta, menor nivel educativo, menor independencia (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo –FEAPS–, 2015). La vulneración de sus derechos como ciudadana mujer con discapacidad intelectual es una instancia culturalmente instaurada y socialmente aceptada.

En este estudio se evidencia el reconocimiento de que sus palabras son subestimadas, sus comportamientos deben ser obligadamente adaptativos, lo cual al ser prácticamente imposible por el nivel de exigencia que esto implica, ellas se limitan a acciones de aislamiento y de silencio. En sus manifestaciones se evidencia la sumisión al identificar que sus palabras no tienen credibilidad, cuando se pone en duda su testimonio frente a un patriarcado dominante, cuando se posiciona el silencio frente a la negación de hechos aberrantes, que muchas veces lo es para cualquier mujer, pero es habitual para la mujer con discapacidad intelectual.

Por otro lado, esta desigualdad se observa en el acceso a otras formas de comunicación, y en este sentido, el acceso a la accesibilidad digital, la cual actualmente es una necesidad prioritaria y es considerada un derecho. En un reciente informe de las Naciones Unidas (2023), se asegura que

Todo pasa actualmente por un proceso tecnológico. Sin embargo, un 37% de las mujeres del mundo no tienen acceso a él. Si ellas no pueden tener acceso a internet y no existe un sistema que además les haga sentirse seguras navegando en el mundo digital, nunca podrán desarrollar las habilidades digitales necesarias para su día a día, lo que genera pérdida de oportunidades en sus vidas cotidianas, y más concretamente a la hora de estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. (Naciones Unidas, 2023, párrafos 1, 2 y 3)

En este sentido, el ejercicio pleno de la ciudadanía, para las mujeres con discapacidad intelectual, implica el acceso a las tecnologías, situación que se evidencia hoy como posibilidad distante. Las consecuencias que esta desventaja social acarrea, se reflejan en el hecho de no contemplar las diversidades culturales y lingüísticas que habitan el territorio, y en ese sentido la limitación se constituye en una barrera de acceso a los derechos, como salud, educación, justicia y el trabajo.

El lenguaje es una construcción social y como tal está atravesado por cuestiones históricas, económicas, políticas e identitaria. Sin embargo, está normado, tiene pautas y formas que son necesarias abordar para su buen uso, pero... «¿existe una única forma de utilizarlo o en realidad se tendría que pensar en plural y problematizar las múltiples prácticas de la lengua?». (Páez y Sciaini, 2021, párrafo 1)

Se considera entonces, que las tecnologías que se utilizan en cada campo son un elemento que debe valorarse, y que además debe promover el desarrollo de dispositivos que promuevan el empoderamiento de expresiones, de desarrollo de habilidades y de implementación de conocimientos.

2. Participación en la elección y decisión en el proceso de formación para el trabajo

En el proceso metodológico de este estudio se observa en la primera etapa que, frente a la propuesta de participar en los grupos focales, cada institución se encargó de armar grupos con participación en cantidad equitativa de mujeres como de varones, lo cual no resultó ser una colaboración con el sentido democráticamente esperado. En la segunda etapa, es significativo, como indicador de cooperación que, de las 28 entrevistas en profundidad realizadas, solo cinco fueron mujeres con trabajo formal, de las cuales una había renunciado recientemente por explotación laboral.

Se identifica en las narrativas de estas conversaciones, algunas expresiones relacionadas con la falta de acceso a nuevas tecnologías, lo cual limita aún más las posibilidades de formación y entrenamiento. El 95% de las personas participantes de esta investigación ha recorrido su formación y entrenamiento para el trabajo en centros de formación integral. Estos Centros de Formación Integral (CFI) dependen de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, mediante las resoluciones N.º 4418/11 y N.º 3072/15 y su modificatoria más actualizada, que es la N.º 703/16, que determina que son servicios agregados de formación integral dependientes de la Dirección de Educación Especial. Según estas resoluciones, estos promueven el acceso y la acreditación de conocimientos y destrezas básicas vinculadas con el campo tecnológico (productos, procesos técnicos, materiales, herramientas y máquinas sencillas - normas de seguridad e higiene, etc.) de actividades vinculadas con el ejercicio de una ciudadanía activa y de una organización cooperativa de trabajo (Resolución N.º 4418, 2011).

Este proceso de formación para el trabajo se continua o complementa con la posible participación en los programas de trabajo que se gestionan a través de las oficinas de empleo distritales. Esto implica la participación en experiencias de pasantías laborales en contexto de trabajo formal o bien en instituciones que promueven el acceso a estos programas. La mayoría acceden a los mismos al egresarse de los CFI, y mediante la participación como concurrentes de estas organizaciones comunitarias que organizan ocupaciones relacionadas con el trabajo.

Como se mencionó anteriormente, la accesibilidad comunicacional en contexto de trabajo se relaciona directamente con la instancia tecnológica, convirtiéndose tanto en un facilitador si se accede a este, como en un obstáculo cuando no existe preparación para el acceso y uso del mismo. Las tecnologías son consideradas indispensables en el proceso de formación para el trabajo en línea con la diversidad comunicacional y el mercado de trabajo, tal como se sostienen en las resorciones que hacen referencia a la conformación de los CFI, y los programas de promoción al trabajo. Sin embargo, según las narrativas de las participantes, para ellas, aún sigue siendo un área de vacancia, una situación de reclamo y un pedido de enseñanza para acceder al mercado de trabajo.

Los textos oralizados serían una alternativa de accesibilidad, contar con dispositivos tecnológicos que transcriban sus propuestas orales a modo escrito y que puedan corroborar la escritura. La información sobre políticas públicas de las cuales son destinatarias, se encuentra en formato escritura, debe presentarse de forma tal que puedan ser interpretadas por sus destinatarias, requieren de gráficos, de pictogramas que permitan su fácil identificación y manejo de la información. Estas serían estrategias facilitadoras para la participación de este grupo de mujeres.

Para la mayoría de las personas que conforman este colectivo, las explicaciones sobre políticas públicas vigentes de promoción al trabajo, de las cuales son destinatarias, se encuentran en formato inaccesible para su comprensión e interpretación, lo cual limita su participación. Este grupo poblacional presenta otros modos de comunicación, los cuales pueden ser orales, gestuales o con demostración concreta de la información, mediante personas que puedan brindar ejemplos de esa información.

La mayoría de las personas destinatarias comenta que se las anota en programas sin saber en qué se van a capacitar, o sobre qué se van a formar, muchas personas comentan que no saben que han sido inscriptas (vulneración al derecho de identidad, cuando su documentación personal es presentada sin su consentimiento), otras saben que están anotadas, pero al subsidio lo cobran sus tutores, la mayoría no sabe lo que cobran, pero lo van a retirar del cajero. Se evidencia en las narrativas, la total confianza puesta en las personas referentes de las organizaciones a las que concurren, son sus representantes. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son consideradas como los medios facilitadores, de acceso a las políticas públicas.

Sin embargo, la representación de sus personas en las ONG no llega a ser del todo integra, cuando no hay elección de capacitación, cuando no hay participación en una decisión, cuando se habla o se firma en nombre de ellas sin haberles consultado, cuando no hay espacios de diálogo, de reclamo, de debate, de expresión, cuando no hay espacio para ser tal cual se es, con diversidades, con problemas y con necesidades que otros no tienen porque la sociedad responde a esas necesidades. En este sentido Vite Hernández (2022) se expresa de la siguiente manera:

Tal dispositivo epistemológico también nos consideró a las PcD como objetos para ser estudiados desde distintas disciplinas, muchas veces con el objetivo de describirnos, corregirnos, encontrar cómo adaptarnos a la sociedad o mejorar nuestras condiciones de vida, pero siempre con pautas capacitistas y sin una participación ni diálogo intersubjetivo. (Vite Hernández, 2022, p. 27)

En la situación de las PcD Intelectual, se percibe directamente la opresión capacitista en contextos de trabajo formal, ya que se cuestiona su intelecto, su pensamiento, su razonamiento. Actualmente, son consideradas dependientes, en deuda con la institución que logra mediar y asistir con un programa. Se genera de esta forma una dependencia obligada, por no poder acceder y depender de información, a causa de un sistema público que ofrece respuestas inaccesibles.

Al respecto, en este interactuar con-movidos y comprometidos con las diversidades, Yarza de los Ríos et al. (2021), sostienen que de este modo se brega por acciones donde «[…] se resisten a estar inmersos en contextos donde ha primado el miedo, el estigma, el abandono estatal; y a cambio reclaman humanidad, empatía, justicia y posibilidades de encuentros plurales y, de este modo, empezar a entretejer en clave interseccional» (Yarza de los Ríos et al., 2021, p. 94).

En este sentido, este estudio busca acompañar las resistencias haciendo frente a la imposición de formas hegemónicas de comunicación, impuesta en espacios donde no son comprendidas, apoyando el reclamo del derecho a la accesibilidad comunicacional, promoviendo contextos carentes de situaciones violentas, que conllevan al aislamiento por el temor y la vergüenza a la expresión. Este estudio promueve la generación de espacios que permita experimentar interseccionalidades, en clave con la plena participación ciudadana respetando todas y cada una de nuestras diversidades y particularidades. Y en este sentido no es necesario hablar de inclusión, sino de considerar las diversidades para la participación ciudadana como derecho.

«Este prototipo de agente moral se enlaza con el prototipo de sujeto capacitado para participar en la discusión moral» (De Asís, 2009 en Díaz, 2021, p. 46). En contextos de trabajo, la comunicación es indispensable, especialmente por el fin propio del trabajo que se focaliza en interactuar, compartir, desempeñarse con comportamientos específicos, implementando habilidades determinadas. En este contexto se requiere de una comunicación que permita comprender y ser comprendido. Como el acceso a los apoyos y los ajustes razonables, conformado por pictogramas, por lectura fácil, lenguaje simple, muestras de trabajo, demostración de materiales concretos, son necesarias para la ejecución de técnicas operativas, y son facilitadores de la comunicación aplicables en contextos de trabajo. El acceso a los mismos promueve un modo más fluido y con mayor participación de todos y todas, siempre y cuando ambas partes de la conversación, estén dispuestos a implementar estos dispositivos.

A modo de ejemplo, Díaz (2021) cita la relación dada entre;

[…] La capacidad de razonar se delimita en el establecimiento de un único formato de racionalidad válido y a los mecanismos y tiempos estándares para llevar a cabo procesos de uso de la razón; en línea con la capacidad para comunicarse queda enmarcada en el instituido de una única forma de comunicación válida que hace a los procesos mediados por la oralización; etc. (Díaz, 2021, p. 51)

A fin de librar a las personas de estos hegemónicos estereotipos de modos de comunicación, se acuerda con la CDPD, que señala que la sociedad debe implementar mecanismos y dispositivos que permitan la interacción y la convivencia entre otros/as (CDPD, 2006). Pensar en accesibilidad implica planificar y disponer de presupuestos para cada persona en particular en su situación individual, es pensar en un universo real de esa persona con sus diversidades, por lo tanto, una sociedad con dispositivos de apoyos y los ajustes razonables para manejarse con autonomía al igual que toda persona ciudadana de un Estado libre y en democracia.

La tendencia a revertir la situación, condición y posición social de las mujeres consideradas con discapacidad intelectual, es aún una deuda social, es una instancia que se encuentra a la espera de una actitud de justicia ocupacional, que piense en plural y en todas las diversidades funcionales. Desde una perspectiva decolonial, la implementación de la accesibilidad comunicacional sería lo que Segato (2014) llama El giro descolonial ella sostiene que este seria «[…] el viraje en la reubicación de la posición de sujeto en un nuevo plano histórico, emergente de una relectura del pasado, que configura el presente y tiene como proyecto una producción democrática de una sociedad democrática» (Segato, 2014, p. 34).

Actualmente se evidencia la vulneración del derecho a la toma de decisiones y elecciones, en este caso el giro, se insiste, se debe considerar en la participación de las PcD Intelectual en la producción y validación de las políticas y programas de accesibilidad de las cuales son destinatarias, involucrándolas y considerando sus aportes en el diseño de sus propios dispositivos de apoyos y ajustes razonables. Este derecho se convierte, en un factor fundamental en el diseño de espacios de atención al público y por supuesto en el entorno urbano, promoviendo la interpretación y la participación ciudadana de otras personas que también hacen uso del mismo. Brusilovsky Filer (2016), confirma que la aplicación de estos criterios «están directamente relacionados con las capacidades comunicacionales y con lo relacionado con el procesamiento de la información, la atención, percepción, memoria, resolución de problemas, compresión, analogías, etc.» (Brusilovsky Filer, 2016, p. 8).

3. Narrativas sobre Violencias epistémicas por ser mujer con discapacidad intelectual en el campo de trabajo

En las narrativas de las mujeres participantes de este estudio, se perciben manifestaciones sobre la necesidad de reconocer e incorporar en las políticas de promoción al trabajo una mirada interseccional, lo cual se manifiesta en las siguientes frases:

E.1: trabajando bajé nueve kilos en ese hotel, no te dejaban ni comer, me mandaban a limpiar tres pisos sola el último tiempo, me explotaban muy mal.

E.2: yo en el curso siento que me miran mal, de decir «para qué dije, para qué abrí la boca».

E.3: ¿en política? Sí, me encanta. Sí, tenía miedo de hablar, pero no tenés que tener miedo.

E.4: yo sé que tengo discapacidad porque toda mi vida tuve que tratarme, yo soy consciente, pero una persona discapacitada que recibe maltrato de sus compañeras… estuve a punto de dejar mi laburo.

E.5: Cuando yo entre a trabajar no me dieron un email. Y para entrar ahí tenés que tener tu email. Y pedí una computadora, pero la delegada me dijo que tenía que tener un email, pero nunca me lo dieron, no dije más nada.

Estas manifestaciones precedentes, refieren a instancias percibidas como violentas, al respecto Young (2000) sostiene que «la violencia es considerada una de las caras de la opresión» (Young, 2000, p. 106) y también afirma que «el solo hecho de vivir bajo tal amenaza de ataque sobre sí misma o su familia o amigos priva a la persona oprimida de libertad y dignidad, y consume inútilmente sus energías» (Young, 2000, p. 108).

Segato (2014) recuperando a Quijano, concuerda en que aplica al género la misma lógica histórica que a la raza. La autora sostiene:

En adelante, el lugar de las mujeres, muy en especial el de las mujeres de las razas inferiores, quedó estereotipado junto con el resto de los cuerpos, y tanto más inferiores fueran sus razas, tanto más cerca de la naturaleza o directamente, como en el caso de las esclavas negras, dentro de la naturaleza. (Segato, 2014, p. 135)

En los estudios post y descoloniales se insiste en el carácter cultural del colonialismo. Por ello reservan un lugar especial a la crítica de la violencia epistémica, entendiendo por tal aquella con la que los colonizadores intentan eliminar la cultura de los colonizados, denigrándola, impidiéndola y expulsándola de las instituciones escolares. Al relacionar estas afirmaciones con la condición, situación, posición de las mujeres con discapacidad intelectual, se visibiliza esta metáfora colonizadora sobre la exigencia del deber aprender la lengua y la cultura del colonizador es pieza central de los proyectos imperialistas, de tal modo que esa lengua y esa cultura sean también las únicas de los colonizados.

Según Young (2000), lo que hace de la violencia un fenómeno de injusticia social que los rodea y que los hace posibles y hasta aceptación social, y no solo una acción individual moralmente mala, es su carácter sistemático, su existencia en tanto práctica social. Se evidencia en las narrativas, situaciones experimentadas e identificadas como violencias:

E.: en el hotel no había compañerismo, salían a comer y no me invitaban, o se sentaban a comer y decían total la chica nueva hace todo, te hacían pagar el derecho de piso, y después me paso en otro lado que la chica me dijo no tenés que estar en recepción, tenés que ir a barrer y me cambiaban continuamente.

La violencia es sistemática porque está dirigida a miembros de un grupo simplemente por ser miembros de ese grupo, en este caso mujeres con discapacidad intelectual, como resultante la violencia epistémica es gestora de alineación sistemática. Este carácter reglado, social y a menudo premeditado hace de la violencia contra los grupos una práctica social. Young (2000) amplia el concepto sosteniendo que

La violencia represiva se basa en motivos racionales, aunque sean motivos perversos. Los gobernantes usan la violencia como una herramienta coercitiva para mantener su poder. Muchos escritos sobre la violencia racista, sexista u homofóbica intentan explicar sus motivaciones como un deseo por mantener los privilegios o poder de un grupo. (Young, 2000, p. 109)

Desde el modelo social de la discapacidad se identificaron dos formas principales de opresión contra las PcD: «[…] la primera es la discriminación socioeconómica y la segunda es la medicalización de la subjetividad» (Mello, 2014, p. 26). La autora advierte que esas formas de opresión están vinculadas a las discapacidades, pero no al género, y que no contemplan la realidad específica de doble discriminación que se multiplica. Y en otra entrevista la autora comenta que Débora Diniz, postuló que «la perspectiva feminista de la discapacidad se construye con las mismas premisas teórico-epistemológicas que los estudios de género y el feminismo, por ejemplo, la dicotomía sexo (naturaleza) y género (cultura) es comparable la dicotomía entre lesión (naturaleza) y discapacidad (cultura)» (Diniz mencionada por Mello, 2014 en Schewe, 2020, p. 223).

Para el caso de las PcD Intelectual en general, y en relación con la temática de la violencia, Guajardo Córdoba et al. (2016) sostienen que «en parte es en relación a eso, a que no se ve lo que no hay –no hay sentido– y no se ve lo que se padece –sufrimiento mental–» (Guajardo Córdoba et al., 2016, p. 215). Y agregan que «la invisibilización del sujeto es producida por las violencias, historias de vulneración, el silencio, las relaciones con los otros, a las instituciones» (Guajardo Córdoba et al., 2016, p. 216). En las narrativas se identifica que el asistencialismo y el disciplinamiento se instalan fuertemente, limitando la implementación de apoyo:

1. E.1: «Que vos no vas a aprender nunca, que sos una haragana, que esto, que lo otro».

   E.2: Es como que mi mente quiere tachar todo lo malo, pero es mi historia.

   E.3: Explotación sí, una vuelta me hizo quedarme para lavar los platos.

«Los saberes y conocimientos de quien encarna una discapacidad muchas veces son anulados, reprimidos u omitidos debido a las violencias epistémicas atravesadas por la colonialidad, el capacitismo, el sexismo y otras injusticias» (Vite Hernández, 2022, p. 23). En este sentido, se sostiene que las violencias surgen por tratarse de comportamiento que no están dentro de lo supuesto impuesto por la normalidad que obliga, cuando hay condiciones que exceden o no alcanzan la norma, cuando hay alteridades y cuerpos que nos interpelan. Y se acuerda en que «las violencias son receptoras de una variedad de respuestas ofensivas por parte de otras personas» (Barton en Palacios 2020, p. 118).

Reflexiones conjuntas - entre mujeres

En este artículo se presentó a la accesibilidad comunicacional de manera transversal y desde una perspectiva interseccional como un derecho en el proceso de formación y acceso al trabajo. La denegación de este derecho es propiamente una vulneración a los derechos humanos, y esto se refleja como opresión visibilizada en la marginación y en la explotación que conllevan al desequilibrio ocupacional conformándose esta instancia en una injusticia social.

Para abordar la temática de la violación al derecho de la de igualdad de oportunidades visibilizada en la falta de accesibilidad comunicacional, se reflexionó en línea con una perspectiva decolonial que nos incita a sumarnos a esta necesaria reconstrucción de estructuras sociales y políticas sobre la discapacidad intelectual. En este sentido, esta investigación realiza una analogía entre los ejes argumentales de la colonialidad del poder (Segato, 2014), específicamente los relacionados con la heterogeneidad histórica estructural de la existencia social, la raza como eje de dominación y condición y el poder del Estado y la burocracia en el liberalismo con una sociedad individualista y eurocéntrica que no respeta diversidades humanas.

Se identifica que cuando la PcD Intelectual participa en espacios de escucha, de diálogos y de empoderamiento de sus saberes, en contextos en los que son consideradas las diversidades y el género, se experimenta sentimiento de empoderamiento y emancipación. Se refleja la necesidad de pensar desde una mirada interseccional, que permita conocer a las personas en diversas situaciones, posiciones en relación con el resto de la sociedad.

[...] Aunque las estructuras socioeconómicas y el ambiente son determinantes para comprender la experiencia de la discapacidad, una perspectiva que define la discapacidad sólo en términos de barreras no puede explicarla porque subestima la diversidad de experiencias entre las personas con discapacidad, que resulta de diferentes tipos de discapacidades y niveles de funcionalidad, así como despreciar qué categorías, como género, raza, orientación sexual, clase, edad, entre otras, pueden ser determinantes en el análisis social de la discapacidad. (Guedes de Mello, 2020 en Schewe, 2020, p. 221)

La vulneración al derecho de la accesibilidad comunicacional conlleva a situaciones de discriminación por motivos de discapacidad, ya que el hecho de no disponer de ellos, limita a la persona su participación al no comprender o poder expresarse en términos de lenguajes instaurados. Estas instancias de desigualdad las excluye por no ser comprendidas, las limita y restringe en su participación, y sus modos de comunicación se convierten en obstáculos, lo cual conlleva a su estigmatización, desvalorización o dejar sin efecto el reconocimiento de esos saberes otros.

Referencias bibliográficas

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